Entrevistas

Caso Ayotzinapa: "Hubo un operativo de Estado para ocultar la verdad"

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Este 26 de septiembre se cumplen 6 años de la masacre de Ayotzinapa en México. Tinta Limón conversó con el periodista y escritor John Gibler, autor de "Una historia oral de la infamia. Los ataques a los normalistas de Ayotzinapa" (Tinta Limón, 2016), con Adazahira Chávez Pérez del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y con Hilda Hernández, madre de uno de los jóvenes desaparecidos.

–Tinta Limón: La investigación sobre los ataques de Ayotzinapa primero estuvo en manos de la Procuraduría General de la República, durante el gobierno de Peña Nieto, y luego, con López Obrador en el gobierno se creó una comisión investigadora. ¿Hubo avances significativos desde ese momento?

–John Gibler: Sí ha habido un cambio. El gobierno de Enrique Peña Nieto nunca investigó. Nunca hizo nada para encontrar la verdad sobre lo que ocurrió esa noche en Iguala. Elaboraron un gran operativo administrativo, burocrático, de la desaparición forzada durante todos sus años de gobierno. A través de la mentira, la tortura de detenidos para producir testimonios falsos, la destrucción de evidencia forense, la siembra de evidencias. A través de una gran mentira, de una meta mentira, que consistió en el invento de un escenario de crimen falso: el basurero de Cocula, donde efectivamente no sucedieron los hechos que narró el anterior gobierno. Es algo mucho más grave que simplemente no hacer bien el trabajo. Estamos hablando de un operativo de Estado, de un conjunto de instituciones del más alto nivel del gobierno federal, trabajando a todo lo que da por años para desaparecer la verdad y a los estudiantes.

Durante las campañas presidenciales del 2018, las familias tomaron la decisión de enfrentar al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Lo enfrentaron en Iguala para que diera su posición, porque no había dicho nada en años. Y ahí en el templete, frente a los medios, se comprometió: “Voy a retomar el caso y voy a investigar qué paso”. Es decir, un gobierno que hace un compromiso explícito y que cuando asume se distancia explícitamente de lo que venía haciendo el gobierno anterior. Pero que luego se movió muy lento, tanto que comenzó a inquietar a las familias que hace años aguantan mucho dolor. Se hicieron algunas acciones jurídicas, como girar órdenes de aprehensión, pero todavía queda muy corto. Todavía hay mucha rabia acumulada, hacen falta más acciones.

–Hilda Hernández: Sí, es muy cierto. Nos costó mucho trabajo desmentir tantas cosas. El gobierno actual dice que fue una mentira todo lo que orquestó el gobierno anterior con la Procuraduría. Nunca investigaron. Nunca tuvieron ese propósito, ni si quiera saber a dónde se los llevaron. Solo administraron el caso para poder cerrarlo en el momento en que pudieran. Pero nosotros siempre fuimos insistentes e hicimos lo imposible para que no se cerrara. Fue importante que en campaña AMLO dijera que si en algún momento llegaba a ser presidente se comprometía a buscar a los muchachos. Cuando llegó, sacó un decreto y se conformó una Comisión para el Acceso a la Verdad y a la Justicia del caso Ayotzinapa, integrada por cinco padres de familia, varios organismos y hasta el señor Presidente, con el que tenemos reuniones cada mes. Ha sido difícil porque el anterior gobierno hizo todo muy mal. Y hay que romper los pactos de silencio. Yo también siento que ha sido lento, pero la actitud y el trato ha sido más digno que el anterior gobierno. Siempre hemos señalado que lo más importante es saber de nuestros hijos y si bien todavía no ha habido algo que nos lleve a ellos, no perdemos la fe ni la esperanza.

–Tinta Limón: ¿Qué pasó realmente la noche del 26 de septiembre de 2014? ¿Quiénes estuvieron involucrados?

– Adazahira Chávez Pérez: Un poquito antes de que Ayotzinapa nos saltara a todos a la cara la imagen que había de México afuera era la de un país que estaba en progreso, con un presidente joven y reformas estructurales. El caso Ayotzinapa puso de relieve la grave crisis de violaciones a los derechos humanos que vivía el país. La reacción del gobierno fue intentar hacer un cierre político del caso. Proponer una teoría imposible de sostener científicamente. Es lo que ha hecho el sistema de justicia mexicano por siempre. Son fallas estructurales o formas de funcionar institucionales. Intentar precipitar un cierre para disminuir los altísimos costos políticos que tenía el caso. Yo no recuerdo movilizaciones iguales en cerca de 20 años en México y muchísimo menos en otros países del mundo por una causa mexicana fuera de la zapatista, de la mascare de Acteal, por ejemplo. Después de unas medidas cautelares se conformó el Grupo de Investigación Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para dar un seguimiento en tiempo real a la investigación. Ellos y el EAAF advirtieron que esa teoría era científicamente imposible pero aún así el gobierno persistió en ello. La oficina en México de la Alta Comisionada en Derechos Humanos posteriormente produjo un informe donde había evidencia de la tortura a personas sobre cuyos testimonios se había edificado esto que el entonces Procurador Murillo dio por llamar “La verdad histórica”. En estos últimos meses, y gracias a la persistencia de las familias, ha habido algunos avances que nos demuestran que esa teoría oficial del caso que estuvieron sosteniendo todo este sexenio no tiene un asidero en la realidad. Hace ya algunas semanas se identificó un fragmento de dos gramos, que correspondió con uno de los muchachos, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, pero esto no fue en el sitio que “La verdad histórica” postulaba como el destino de los muchachos, el llamado basurero de Cocula. Estaba a 800 metros de ahí y cualquiera que haya estado en la zona sabe que no es una distancia insignificante. Es una evidencia material de que no es cierto lo que decía esa teoría, sumado a todos los otros cuestionamientos que ya venían haciendo los científicos independientes del GIEI. Ha habido poco a poco una serie de avances que no son una nueva narrativa, son una puerta. El camino es largo, es un caso complejo, donde participan actores gubernamentales de todos los niveles, participan organizaciones criminales mezcladas con empresarios. A seis años casi no sabemos qué pasó esa noche, pero tenemos algunas puertas para la verdad y tenemos evidencia para decir que “La verdad histórica” no pasó así como lo dijeron.

–John Gibler: Los lazos de migración, que son también procesos de desplazamientos económicos forzados, de México hacia Estados Unidos llevan décadas y van en aumento. Como parte de ese fenómeno encontré que casi siempre personas de ciudades, regiones, municipios van al mismo lugar en Estados Unidos porque establecen contactos, tienen redes familiares y es más fácil llegar. Por ejemplo, la relación económica Iguala-Chicago está muy establecida desde hace muchos años. En 2006, después de unas elecciones fuertemente cuestionadas, Felipe Calderón, muy al estilo de George Bush en 2001 –que para legitimar su administración en los primeros días de gobierno declaró la guerra a Irak– decidió invadir a su propio país. Lo militarizó y empezó una grave crisis de violación de los Derechos Humanos. Una mercantilización del horror en términos hiperindustriales que se ha llevado a cabo en el contexto de esta mal llamada “guerra contra el narco”, que ha sido más bien una manera de militarizar, profundizar y ampliar el mercado de las drogas. Eso se relaciona con lo que va pasando simultáneamente en Colombia y en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, se da una explosión del mercado de unas pastillas hechas a base de opio. Cuando empiezan a querer bloquearlas, el mercado de las drogas está en expansión. La marihuana mexicana ya no compite con la California o Colorado y las empresas narcóticas en México están buscando qué vender y hay adictos a las pastillas en Estados Unidos. En el 2014 tuvimos a un presidente que dijo: “Yo no soy como el presidente del narco, soy progreso, la modernidad”, un discurso desgastado y pero igual vendió. Ese era el discurso pero vino la masacre de Tlatlaya. El ejército entró a un taller y asesinó a 21 personas y a los días suceden los ataques contra los estudiantes. En ese contexto, existía una estructura empresarial política, una empresa multinacional de traslado, venta y comercialización de sustancias ilícitas como la heroína. Esa empresa siempre tiene empleados directos estatales porque sino no funciona. La amapola se siembra por todo el estado de Guerrero, se ve desde el aire, desde la carretera, pero el Estado tiene que generar la percepción de que no saben. En el estado de Guerrero tenías a todos los partidos mezclados y participando en la industria. Guerrero era en ese momento el principal productor de amapolas en el país. La heroína que se estaba vendiendo en Estados Unidos en ese momento en su gran mayoría venía de ahí. Una de las hipótesis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes era que los estudiantes habían tomado un camión que había sido alterado para llevar un cargamento de heroína de Iguala hacia Chicago. Habían encontrado que Guerreros Unidos tenían documentadas relaciones con el traslado de Iguala hacia Chicago. Otra razón para hacer esa pregunta de investigación es que el único camión que esa noche no fue atacado a balazos, el único que fue parado por la policía federal, el único del que todos los estudiantes se bajaron y lograron escapar sin problemas, 14 de ellos, era el camión de Estrella Roja, que curiosamente la policía federal escoltó para que no se topara con el camión Estrella de Oro que los municipales estaban en ese momento atacando. Luego ese camión desapareció. Desapareció de la historia, de la narrativa, de los croquis que armó el ejército para analizar los hechos de esa noche, de todas las declaraciones de los funcionarios de gobierno y luego, cuando ya era imposible negar su existencia y los expertos del GIEI pidieron verlo, desapareció físicamente. El gobierno les presentó otro camión. Supongamos que los estudiantes tomaron un camión sin saber que tenía ese cargamento, qué interesante a quienes mandaron para recuperarlo: a todas las policías de los tres niveles de gobierno en la región. Policías de tres municipios, policías ministeriales, elementos estatales de protección civil y policías federales. Mientras soldados del ejército mexicano, el batallón 27, observaban en tiempo real, reporteando todos los hechos. Hubo un operativo de estado. Es una industria transnacional cuidada y administrada con participación plena y total de los estados. Entonces, cuando hablamos de Guerreros Unidos estamos hablando de una organización capaz de llevar amapola producida en Guerrero a venderla en las calles de Chicago con la plena participación de todas las corporaciones policíacas y militares del estado. Eso es Guerreros Unidos.

–Adazahira Chávez Pérez: En un principio, postularon que Guerreros Unidos era una organización local y pretendieron decir que todo había sucedido a nivel de algunos policías municipales de Iguala coludidos con una organización local. El GIEI advirtió que había evidencias de que era una red transnacional de crimen, que para tener un funcionamiento de ese tamaño tenía que tener apoyo en niveles de gobierno que no se limitan al ámbito municipal y es algo que tiene que esclarecerse.

–Tinta Limón: Con este mapa de John me surge la pregunta de ¿cómo se resiste en este escenario de violencia?

– Adazahira Chávez Pérez: A las organizaciones de Derechos Humanos esta grave crisis de violaciones generalizadas nos ha presentado un escenario distinto a las décadas anteriores pero al mismo tiempo, ha surgido un nuevo sujeto colectivo: las víctimas o familiares de quienes sufrieron. Ellos han impulsado los logros más valiosos en estos años. De norte a sur, en prácticamente todos los estados, hay colectivos de familiares expertos en hacer búsquedas, se han especializado en cómo llevar los casos antes los ministerios públicos, reciben a las nuevas personas que llegan, las acogen, las guían. Están haciendo el trabajo que no han hecho las instituciones. Son quienes de verdad están resistiendo este horror y creando alternativas. Las organizaciones de la sociedad civil apoyamos con cuestiones técnicas pero sin duda son las organizaciones de familiares de desaparecidos el sujeto social más importante de resistencia. Desde ahí están saliendo modos organizativos, esperanzas y caminos para encontrar a las más de 73 mil personas que nos faltan.

–Hilda Hernández: Nuestra vida cambió luego de esos días de septiembre de 2014. Ya nada fue igual. No volvimos a casa, nos fuimos a vivir a la escuela. Vivimos 4 años y medio en la Normal. Y nos tuvimos que acostumbrar a otra forma de vida, a otras costumbres, a otra forma de comer. La convivencia con los chicos, que hace recordar a los propios hijos, saber que estuvieron en algunos lugares de la escuela. Es muy difícil. Si nos hemos mantenido hasta ahora es por el amor y el cariño que le tenemos a nuestros hijos. A veces sentimos que ya no podemos. Muchas veces nos preguntamos qué tanto hemos hecho para poderlos encontrar. O qué error has cometido para que les sucediera lo que les sucedió. A seis años sigue el mismo dolor, la misma angustia, la misma desesperación por no saber de nuestros hijos. Está la herida abierta y cada vez que pasa el tiempo es más fuerte mi dolor. Pero tengo que echarle muchas ganas por él, porque lo quiero volver a abrazar. Todos los padres estamos en el mismo pensamiento: la única reparación posible es la presentación con vida de nuestros hijos y no perdemos la fe y la esperanza de que así sea, aunque pase todo el tiempo que tenga que pasar. Vamos a seguir en la lucha hasta encontrar a nuestros hijos.

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https://marencoche.wordpress.com/2020/09/30/68-ayotzinapa/