Hasta que valga la pena vivir
Domingo 6 de octubre de 2019. Entra en vigencia un nuevo aumento de las tarifas del metro y del sistema de buses Transantiago, el cuarto en menos de dos años. El Panel de Expertos que regula el precio del transporte público en la ciudad decidió que a partir de ese día deberán pagarse 30 pesos más para viajar en el subte más caro de Latinoamérica. La medida genera fastidio en una población cansada de los abusos y abrumada por el alto costo de vida.[1] El fastidio se vuelve odio cuando el ministro de economía, Juan Andrés Fontaine, sugiere “madrugar” para aprovechar la rebaja por hora no pico en el precio del boleto. Un esfuerzo más para la precaria y endeudada clase trabajadora chilena. Pero ya no hay margen.
La semana comienza con la convocatoria a concentrarse en algunas estaciones de metro y viajar sin pagar. La impulsan desde las redes sociales grupos de estudiantes de las llamadas escuelas emblemáticas de la ciudad, que en ese momento mantienen abierto un conflicto con el gobierno en torno de la ley Aula Segura.[2] La primera de estas “evasiones” tiene lugar el lunes 7 en la estación Universidad de Chile, a pocos metros del Instituto Nacional. Le seguirán otras, cada una debidamente registrada y compartida. En ese contexto, diputados del partido del presidente Sebastián Piñera, Renovación Nacional (RN), presentan un proyecto para que se sancione penalmente a quienes evadan el transporte público. El mismo mandatario sale a cuestionar las protestas “fuera de la ley” que atentan contra la libertad de todos. El 16 de octubre, el abogado Clemente Pérez, ex presidente del Directorio del Metro durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, es invitado a un canal de noticias y al finalizar la entrevista dice: “Cabros, esto no prendió. No se han ganado el apoyo de la población. Ni siquiera en Twitter, donde se supone que este tipo de movimientos tienen más apoyo, no lo hay. La gente está en otra, el chileno es bastante más civilizado. Lo único que he visto es un gran rechazo a este tipo de actitudes”.
Pero el descontento y las evasiones se viralizan y cada vez más personas se suman a la protesta. Pasan los días y aumenta la violencia. Se cierran varias estaciones de metro: Pedro de Valdivia, Quinta Normal, Cumming, Plaza de Armas, Santa Isabel e Irarrázaval. Los enfrentamientos con carabineros se multiplican. Lo que parecía un juego de provocación vinculado a un grupo reducido de jóvenes “revoltosos y violentistas” se rebela como un malestar generalizado que va saliendo a la superficie.
En la mañana del viernes 18, al grito de “evadir no pagar/otra forma de luchar”, cientos de estudiantes secundarios se autoconvocan, nuevamente vía redes sociales, en las bocas del metro. Entran corriendo en banda y saltan los molinetes. Cantan, bailan, intervienen las paredes de las estaciones y queman algunos vagones. La tensión va en aumento. El Gobierno invoca la ley de Seguridad del Estado, anuncia querellas contra quienes resulten responsables de los ataques y decide suspender el servicio a las dos de la tarde. Las personas que salen de sus trabajos deberán volver a sus casas caminando. La ciudad está paralizada y, a la vez, se respira un aire de alivio. “No me importa tener que caminar para volver”, dice una mujer cuando descubre que el metro está cerrado. Muchxs deciden quedarse en las calles, que van subiendo en temperatura. A las pocas horas la protesta emerge del subsuelo y se irradia por toda la ciudad: esa misma noche estalla la revuelta.
Suenan cacerolas, se toman las calles y plazas, se montan barricadas, se atacan supermercados, centros comerciales, bancos y farmacias, todos lugares identificados con abusos y estafas recientemente difundidos por la prensa. Se incendian, también, veinte estaciones del metro, una docena de colectivos y el edificio de ENEL, la empresa prestadora del servicio eléctrico. Pasada la medianoche, el gobierno reacciona: declara el Estado de Emergencia y, a fin de “asegurar el orden público y preservar instalaciones de infraestructura crítica”, saca los militares a las calles. En Santiago, el epicentro de la protesta es la ex Plaza Italia, rebautizada ahora como plaza de la Dignidad, lugar simbólico en la historia de las luchas sociales. Pero el estallido se expande a todo el territorio nacional. El sólido y ejemplar neoliberalismo chileno se sacude: ¿Chile despertó de la pesadilla neoliberal?
Una invasión alienígena
Fin de semana de máxima intensidad. El sistema de metro permanece cerrado y la población toma las calles. Continúan los cacerolazos, los saqueos y las concentraciones en parques y esquinas de todo el país. En distintos puntos de Santiago se suceden enfrentamientos entre carabineros y manifestantes. Edificios emblemáticos, como los Tribunales de Justicia, son apedreados. Arrancados de las grandes tiendas, los televisores alimentan el fuego de las barricadas. El rumor de que los saqueadores se dirigen a los barrios altos de la capital corre de wasap en wasap produciendo pánico. Algunxs vecinxs de esas zonas se arman con palos y bates de béisbol y salen a patrullar las calles. Visten chalecos amarillos fluorescentes, al estilo francés, que los distinguen ante la mirada policial de la turba saqueadora.
Con la intención de frenar la revuelta, el sábado 19 de octubre el presidente Sebastián Piñera anuncia la suspensión del aumento del pasaje. Pero ya es demasiado tarde: tras ese disparador se anudan cientos de demandas y malestares. No son treinta pesos, son treinta años, dicen las paredes.
Bajo las órdenes del general Javier Iturriaga del Campo, el Ejército de Chile se hace cargo de la situación y se decreta un toque de queda para las provincias de Santiago y Chacabuco y las comunas de San Bernardo y Puente Alto –en los días siguientes se irán sumando otras zonas del país.[3] Esta medida de excepción implica la prohibición absoluta de circular o permanecer en espacios públicos; una disposición que no había sido utilizada por motivos políticos desde la dictadura de Augusto Pinochet.
Pero el toque de queda no logra atemorizar a la población que vuelve a ocupar las calles y plazas en señal de protesta. Se multiplican las barricadas y saqueos durante toda la noche. Se atacan también algunas iglesias, monumentos y oficinas públicas. Siguen los incendios de supermercados y farmacias. Pasada la medianoche del sábado comienza el desfile de tanquetas, que salen del Cuartel de San Bernardo y se dirigen al centro de Santiago. 10 mil militares patrullarán las calles. La violencia recrudece y se conoce el primer fallecido: Mateusz Maj, un profesor polaco asesinado por un disparo accidental de su propio suegro, un jubilado del Ejército que intentó detener un saqueo en un supermercado del barrio Las Rosas, en la localidad de Maipú.
Al día siguiente, se conocerán las muertes de Alicia Cofré Peñailillo (42), Paula Lorca Zamora (45) y Renzo Barbosa (38). Los partes oficiales dicen que quedaron atrapados en el hipermercado Líder de la comuna de San Bernardo –20 kilómetros al sur de Santiago–, saqueado e incendiado por los manifestantes. En éste y en muchos otros casos –como en el de las estaciones del metro y fábricas– no es evidente quién inicia los incendios y con qué motivaciones. Lo innegable es el odio social, el rechazo visceral a la antipopular democracia chilena y a la forma de vida que ofrece a su población. ¿Será ésta fuerza suficiente como para romper el consenso neoliberal centrado en las finanzas y en la capitalización individual? ¿Tendrá la potencia de constituir un nuevo tejido social y afectivo? “Que nos vayamos todos”, se repite entre lxs muchxs autoconvocadxs, en una versión radicalizada del canto argentino de 2001.
El domingo 20 de octubre el gobierno extiende el Estado de sitio y el toque de queda a nuevas regiones y ciudades del país. Piñera refuerza el enfrentamiento: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, dice luego de comparar a los manifestantes con una “organización criminal”. Busca infundir temor en la sociedad, pero el estallido se intensifica. Aparecen las primeras denuncias por violación a los derechos humanos: se constatan tratos violentos, torturas, desnudamientos y abusos.
También aumentan los muertos. Entre ellos Kevin Gómez Morgado, músico de 23 años, fusilado por la espalda por un militar a las 23.30 del domingo, frente a la tienda La polar, de Coquimbo, cinco horas al norte de Santiago. El uniformado de 32 años que lo asesinó alegó en su defensa que llevaba 72 horas sin dormir, desde el llamado del Estado de Emergencia a acuartelarse, y que se asustó y disparó con su escopeta Rayot de 12 milímetros creyendo ver una bomba molotov en la ropa que Kevin llevaba en sus manos alzadas. Kevin era padre de una niña de dos años. A Alex Núñez Sandoval, de 39 años, en cambio, los carabineros le pegaron hasta matarlo. Fue en la estación de metro Sol, en la comuna de Maipú, sector surponiente de la ciudad de Santiago. Era técnico mecánico y tenía tres hijos. En simultáneo, pero en el sector oriente de Santiago, cuatro personas, entre ellas un niño de 14 años, eran torturados y crucificados en la estructura metálica de la antena de la comisaría 43, en Peñalolén. Los cuerpos de Manuel Muga Cardemil (59 años), Andrés Ponce Ponce (38 años), Yoshua Osorio Arias (17 años), Julián Pérez Sánchez (51 años) y Luis Antonio Salas Martínez (47 años) aparecieron calcinados adentro de la fábrica textil Kayser, en Renca, a 15 minutos del centro de Santiago. Si bien los partes oficiales hablan de muertes por asfixia a causa del incendio en situación de saqueo, los peritajes son inconsistentes y el servicio médico legal hizo todo lo posible por obstruir las investigaciones. Y aunque el mismo Piñera salió en televisión confirmando el relato oficial, las autopsias ponen en duda las circunstancias de los fallecimientos. Entre otras evidencias, dos de los cadáveres tenían orificios de bala o lesiones balísticas recientes, otros tenían fracturas y la posición en que fueron encontrados los cuerpos no se corresponde con una muerte en incendio. También hay dudas sobre cómo se inició el incendio y quién lo hizo. Extraoficialmente, se cuenta que uno de los gerentes de la empresa se ocupó de hacer desaparecer los videos de las cámaras del lugar. Las sospechas recaen sobre uno de los dueños de Kayser, Edward Abugattas Saba, amante de las armas. Para esa fecha el empresario tenía una escopeta Mossberg calibre 36 para uso de caza; una escopeta JJ Sarasqueta calibre 16, para uso de caza también; una escopeta Mistral calibre 22, para uso deportivo; dos pistolas, una Astra y una Taurus, ambas de 9 mm, para defensa personal y un rifle Savage calibre 22, para uso deportivo.
El fin de semana se cierra con la viralización de un mensaje de voz de wasap de la primera dama, Cecilia Morel, donde confiesa desesperada que el gobierno está absolutamente sobrepasado. “Es como una invasión extranjera, alienígena, y no tenemos las herramientas para combatirlas”, agrega. Y remata: “Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar las comidas. Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”.
Se rompió la normalidad
Arranca la semana y las escuelas públicas deciden cerrar sus puertas. El sistema de transporte funciona de manera deficiente. Hay largas colas en negocios, estaciones de servicios y mercados. Siguen los “atochamientos” en avenidas y aeropuertos. Ese lunes 21 de octubre todo está alterado. Tercer día de toque de queda. Suenan cacerolas, se escuchan ruidos de helicópteros y disparos. Los manifestantes se convocan en la puerta de los canales de televisión para rechazar la cobertura sensacionalista y criminalizadora que realiza la corporación mediática de una protesta social que se extiende y alcanza los barrios de clase alta. Un tono festivo y fraternal, de causa común, predomina en las manifestaciones.
La Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) reacciona y llama a un paro nacional para el miércoles y jueves, aunque algunos gremios se adelantan a la medida. El general Iturriaga declara: “Yo soy un hombre feliz. No estoy en guerra con nadie”. Pero solo horas más tarde, una camioneta militar a alta velocidad atropella y mata al Polera, como le decían a Manuel Rebolledo Navarrete –de 23 años– sus amigos del club Juventud Porteña, del barrio Libertad, en Talcahuano, Concepción. El vehículo castrense utilizado como arma intentaba dispersar a un grupo de manifestantes que se concentraban frente a la empresa pesquera Pacificblu. El día anterior otra bala militar había asesinado a Romario Veloz Cortez, ecuatoriano de 26 años y con una hija de cinco, cerca de la terminal de ómnibus de La Serena, 470 kilómetros al norte de Santiago. En el último mensaje a su madre le decía: “Mamita, esta es la fuerza del pueblo, esto está piola”.
No fue militar sino civil la bala que asesinó a José Miguel Uribe Antipani, el Chino, de 25 años: la disparó el empresario Francisco José Fuenzalida Calvo enojado porque las barricadas bloqueaban el paso de su camioneta en la ruta 5 de Curicó. José Miguel trabajaba como soldador en la construcción, era padre de un niño de algo más de 1 año y practicaba freestyle. Esa misma noche, borracho, Mario Navarrete acelera y arremete con su auto, a gran velocidad, a un grupo de 400 manifestantes en la ruta 160, en San Pedro de la Paz, cinco horas al sur de Santiago. Pierden la vida Joel Triviño, de 4 años, y Cardenio Prado, de 37, y quedan 19 heridos de gravedad. Esa noche también, desde su balcón del barrio Portugal, una mujer canta “Te recuerdo Amanda” y enmudece a todos. Vecinos músicos la acompañan. Alguien registra el momento con su celular y el video se replica infinitamente por las redes. Al final, todos aplauden.
“Que nos devuelvan la vida que nos robaron”; “Nos deben 30 años”; “No volveremos a la normalidad, porque la normalidad es el problema”; “No era depresión, era capitalismo”; “Hasta que la dignidad sea costumbre”; “No es sequía, es saqueo”.[4] Tras cinco días de continua movilización, las paredes de las ciudades chilenas desbordan de consignas que evidencian la transversalidad de las demandas y la creatividad de la revuelta. La Wenüfoye, la bandera de los pueblos mapuche, se multiplica en las manifestaciones; también se levanta sobre los escombros de las estatuas derribadas por las multitudes enardecidas; estatuas que celebran la conquista, la colonia y a la elite que conformó el pétreo y centralizado Estado nación trasandino. Sebastián Piñera pide “perdón” a la sociedad chilena, anuncia un “Gran Acuerdo Nacional” para restablecer el orden público y ofrece un paquete de “medidas sociales” que el movimiento desdeña inmediatamente como “puras migajas”. Tanto la oposición política como la gente en las calles piden su renuncia.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) oficializa las cifras de la represión. Son muchos los muertos, los heridos y los mutilados; son muchos los ojos reventados por balines; los cuerpos atropellados por tanquetas o quemados con ácido de los hidrantes; son muchos –masivos y violentos– los encarcelamientos.[5] La crueldad y desproporcionalidad de la acción represiva es evidente y parece tener como objeto central controlar la protesta social e impedir la organización comunitaria. El Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera, es obligado a renunciar por las reiteradas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiales aunque sigue siendo un colaborador cercano del Presidente. Durante los próximos meses irán dejando sus cargos, uno tras otro, todos los ministros de Piñera: a junio de 2021 solo se mantiene en su puesto Gloria Hutt, titular de Transporte y Hernán Larraín, su par de Justicia.
A pesar de que las ciudades se encuentran militarizadas, las manifestaciones se extienden a otras regiones del país y se suman nuevas demandas. Las performances y otras actividades culturales toman las calles. La normalidad está rota, las vidas cotidianas se alteran. El tiempo de la productividad neoliberal parece interrumpido. En Santiago, frente a la iglesia Los Sacramentinos, una orquesta sinfónica rinde homenaje a las víctimas de la represión interpretando el Réquiem, de Mozart. En los barrios y poblaciones, vecinxs autoconvocadxs y organizaciones sociales se reúnen en plazas y otros espacios públicos: comparten información, analizan la crisis, piensan iniciativas y propuestas; imaginarios y malestares se vuelven comunes. La ciudad se transforma en espacio de deliberación, de intervención, de subjetivación. Entre las demandas específicas y sectoriales comienza a imponerse con fuerza el pedido de Asamblea Constituyente. La Constitución neoliberal impuesta durante la dictadura y blindada hasta el presente se visibiliza como la principal herramienta de bloqueo de cualquier reforma social de carácter popular.
La movilización más grande de la historia de Chile
25 de octubre: a una semana del estallido las calles siguen tomadas. Al grito de “Chile Despertó” y “No estamos en guerra”, 4 millones de personas se movilizan en todo el país. Sin líderes visibles ni discursos, cerca de un millón y medio de manifestantes desbordan las calles en torno a plaza de la Dignidad. Una marea humana tan multitudinaria que “sensibiliza” al presidente Piñera (“Todos hemos escuchado el mensaje, todos hemos cambiado”) y decide levantar el Estado de Emergencia. Triunfa la movilización social y se quiebra el toque de queda: los militares deben volver a los cuarteles.
Las movilizaciones se multiplican, y aunque son mayormente pacíficas, la política de disuasión de carabineros se vuelve cada vez más agresiva. Se intensifica el uso de rifles anti-disturbio, bombas lacrimógenas, tanquetas y carros hidrantes, sobre todo en una plaza de la Dignidad vuelta campo de batalla. En ese contexto, llega a Chile Michelle Bachelet en su función de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH con la misión de verificar las denuncias de abusos y maltratos. Pero todo se enturbia aún más: tras una convocatoria a “acabar con la paz y destruir Chile”, se producen saqueos e incendios, incluyendo las estaciones de metro Baquedano y Santa Lucía. La recién asumida vocera oficial, Karla Rubilar, atribuye los desmanes a una “marcha de guerrilleros”, pero rápidamente queda en evidencia que la convocatoria tiene su origen en grupos de ultraderecha de reminiscencias pinochetistas.[6] El dólar alcanza su mayor valor en los últimos 16 años.
El martes 29 es detenido y encarcelado el profesor de matemáticas Roberto Campos Weiss, de 35 años, por haber roto antes del estallido, junto a otras personas, cinco torniquetes/molinetes de la estación San Joaquín del metro de Santiago. Su caso se volverá emblemático por lo abusivo y desproporcionado de la pena. Pero también señalará la agudización de la tendencia punitivista del Estado chileno y sus mecanismos de control del orden público y castigo de la protesta social. El uso extendido de la prisión preventiva y la sobrelegislación represiva funcionan como mensaje, como amenaza, al conjunto del cuerpo social que protesta, y en particular a los y las jóvenes.
El último día de este octubre de 2019 en llamas, el Parlamento retoma un proyecto de Asamblea Constituyente, producto de las movilizaciones de 2011, que estaba “cajoneado” desde la asunción de Piñera; que enseguida sale a aclarar que la reapertura del proceso constituyente no es una prioridad de su gobierno. Esa misma noche de viernes los manifestante marchan disfrazados: es Halloween. Al día siguiente, día de todos los santos difuntos, cientos de mujeres vestidas de negro se movilizan al palacio de La Moneda, homenajean a las víctimas de la represión y piden justicia.
Es fin de semana largo, se multiplican las ollas comunes y los gestos de solidaridad y fraternidad. En distintas ciudades del mundo se canta “Chile Despertó”. El domingo una masiva (bi)cicletada cacerolea los barrios ricos, incluyendo la propia casa de Sebastián Piñera –quien en una entrevista ante la BBC admite la existencia de abusos reiterados contra el pueblo, pero defiende el accionar de las fuerzas represivas. Las organizaciones sociales y sindicales planifican un “super lunes” de manifestaciones pacíficas, pero lo que se avecina es una de las jornadas más violentas desde el comienzo de las protestas: dos manifestantes son atropellados por patrullas de policías y un tercero es impactado por un balín en el cráneo. Cientos de personas son heridas de distinta gravedad.
Ya pasaron dos semanas del estallido y los colegios no logran retomar las clases. Los estudiantes secundarios organizan fugas masivas de los establecimientos. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, decide dar por terminado el año lectivo en dos colegios emblemáticos, que son ocupados por estudiantes en desacuerdo con la medida. Carabineros toma por asalto, a puro disparo, el Liceo de Niñas Nº7, ubicado en la tradicional y pudiente comuna de Providencia, e hiere con perdigones a dos estudiantes. Situaciones análogas se viven en los campus universitarios.
Nuevos sectores y demandas se suman a una movilización social que no cesa y avanza sobre territorios de la clase alta, sobre sus casas y sus torres espejadas. El punto de concentración es el mall Costanera Center, el shopping más grande de Latinoamérica, orgullo e insignia del neoliberalismo chileno. La lucha y la represión recrudecen, y se aproximan cada vez más al epicentro financiero de la ciudad. Se arman barricadas en los barrios ricos; se atacan bancos, supermercados, farmacias y sedes de empresas –como las de AFP– identificadas con negociados. También son atacadas las sedes de los principales partidos de la derecha chilena, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN). Piñera tambalea. El oficialismo impulsa en el Parlamento una serie de leyes de carácter represivo (antisaqueos, antiencapuchados y antibarricadas) que buscan criminalizar la protesta social. Desde este momento, y hasta el 15 de noviembre –cuando se produce un corte en el proceso– la violencia política y la represión irán en aumento.
La guerra y sus rituales en plaza de la Dignidad
¿Quién es el “sujeto” tan heterogéneo como iracundo de la revuelta? ¿Lxs jóvenes estudiantes, que desde hace más de una década tienen en vilo a los distintos gobiernos chilenos? ¿El movimiento feminista que durante 2018 y 2019 movilizó a miles y miles de mujeres y disidencias contra los abusos de una clase dirigente especialmente conservadora, patriarcal y misógina? ¿El estoico ejército de encapuchadxs, verdadera línea de defensa del movimiento en lucha? ¿Lxs futurxs jubiladxs, que saben que jamás podrán vivir con las míseras pensiones que pagan las AFP, mientras éstas multiplican sus ganancias?¿Lxs niñxs y adolescentes abusadxs del Sename (Servicio Nacional de Menores), los barrabravas, los sin techo que duermen en los parques? ¿El nutrido movimiento ambientalista? ¿Lxs que luchan contra el precio del transporte y el peaje? ¿Lxs que se reúnen en asambleas y cabildos? ¿Lxs madres/padres sostén de familia, incluso universitarios, que se sienten estafados, extenuados y enfurecidos por el modo en que sus salarios son depredados por la deuda y el alto costo de vida? [7] Son todos ellos y ninguno a la vez. La protesta se muestra diversa y acéfala, nadie sabe ni puede capturarla. Una inteligencia colectiva y desobediente que solo se entiende en acto. No hay pureza ni prestidigitación, hay un pueblo que se manifiesta, una rabia que estalla, una guerra en curso. La historia está abierta.
Con el correr de los días la protesta se concentra cada vez más en la plaza de la Dignidad. Las manifestaciones, que en un principio se esparcen por toda la capital, se van aglutinando en la llamada Zona Cero, que comprende la ex plaza Italia, donde confluyen la estación de metro Baquedano, la Avenida Vicuña Mackenna, la Avenida Providencia, la emblemática Alameda, el parque Forestal, el parque Balmaceda y el río Mapocho. La zona será, desde ese momento, el epicentro de la batalla. Como en una coreografía en la que se avanza y se retrocede infinitamente cada día, miles de jóvenes y no tan jóvenes encapuchadxs conforman la primera línea (y la segunda, y la tercera) que se enfrentan con carabineros. Hay una disputa territorial, muy desigual en sus artillerías, por mantener el espacio ganado. Pacos culiaos es el grito de guerra. Para muchxs, dejando de lado la magnitud de la contienda, no es la primera vez que se enfrentan con los pacos, incluso podría decirse que llevan años entrenándose, que se subjetivaron en esa lucha; una subjetividad ACAB muy extendida socialmente.[8]
Con el objetivo de impedir el avance de carabineros hacia el centro de la manifestación, la primera línea se organiza según roles, o funciones, muy específicos y en muchos casos rotativos. La disposición espacial, las prácticas de cooperación y cuidado “entre desconocidxs” ocurren de un modo más o menos espontáneo, sin conducción ni líderes. Están lxs que tiran piedras con gomeras o con la mano; lxs mineros que provistos de martillos pican los cordones y baldosas; están lxs que acarrean estos proyectiles y los dejan a mano de lxs tiradorxs; están lxs escuderxs que defienden a lxs tiradorxs, avanzan posiciones y rescatan a lxs heridxs; están lxs que, provistxs de guantes, apagan las bombas lacrimógenas en tachos de agua con bicarbonato o las arrojan de vuelta al enemigo; también lxs proveedores de antiparras y otros elementos de cuidado y lxs que hidratan y alimentan a quienes están en el frente de batalla. Funciones claves, también, son la de lxs punterxs –que con sus luces láser color verde entorpecen la visión de carabineros– y la de los equipos de rescatistas, voluntarios paramédicos que atienden a las personas heridas por la brutalidad policial. No faltan quienes graban, registran y envían lo que sucede a redes y medios alternativos que van difundiendo en vivo los enfrentamientos. Y, fundamental, detrás de esta línea de defensa se arma la fiesta; el clima es de comunión, de determinación, de liberación. Músicos, artistas, malabaristas, performers, militantes, curiosos, tiradores de cohetes, vendedoras ambulantes: una multitud dispuesta a poner el cuerpo, a jugarse incluso los ojos, por vidas más dignas de ser vividas.
Sin embargo, a pesar de las múltiples manifestaciones de rechazo al poder constituido, de los continuos y audaces enfrentamientos con las fuerzas del orden, en ese momento, en el aire se presiente un cierre. Solo un escaso 9 por ciento de la población apoya Piñera y más del 80 por ciento lo rechaza, pero el gobierno se apura y el 15 de noviembre propone al Congreso la firma del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, una iniciativa que tiende a canalizar el conflicto social en un proceso constituyente controlado por la elite política y de clase.
El acuerdo, firmado furtivamente, de madrugada, implica el llamado a un plebiscito nacional para abril de 2020 en el que se defina si se redactará una nueva Constitución política y mediante qué mecanismos. La iniciativa cohesiona a la derecha y desconcierta a la izquierda, en particular al Frente Amplio, que acompaña la medida. La desorientación se vuelve peligrosa, dos semanas después, cuando la misma fuerza acompaña el paquete de medidas represivas destinadas a quebrar el conflicto en curso y esa decisión le provoca una crisis interna.
Un violador en tu camino
Promedia noviembre y la arremetida oficial estalla al interior del movimiento: la posibilidad de una Asamblea Constituyente soberana, con real capacidad de dar forma jurídica a aquellas transformaciones que, de hecho, ya eran evidentes en las calles y asambleas, estaba siendo bloqueada por la derecha. ¿En qué lenguaje se traduce a “la política” el puñado de verdades conquistado en torno a los cuidados de los recursos naturales y de las propias vidas, sobre todo, de aquellas más golpeadas por tres décadas de saqueo neoliberal? Es en ese contexto de incertidumbre sobre las propias fuerzas que el movimiento feminista produce un corte radical que oxigena la imaginación política y da un nuevo impulso a las protestas.
20 de noviembre de 2019: un colectivo interdisciplinario compuesto por cuatro mujeres presenta por primera vez la performance Un violador en tu camino frente a una comisaría en Valparaíso. Unas 30 mujeres, algunas vestidas de negro y con un pañuelo verde en el cuello, todas con los ojos vendados, cantan y bailan una canción que denuncia la violencia machista mientras un grupo de carabineros las observa. “El violador eres tú”, les dicen en la cara: “Son los pacos, los jueces, el Estado, el presidente”. Una segunda interpretación, más masiva, se realiza el 25 de noviembre frente a la Plaza de Armas en Santiago, en el Día internacional contra la violencia hacia las mujeres, e inmediatamente se viraliza. Miles y miles de mujeres la repetirán, en Chile y en todo el mundo, tanto en apoyo a la revuelta, como para denunciar abusos y femicidios.[9] La masividad que adquiere esta expresión del feminismo en medio del estallido que cuestiona la normalidad neoliberal, la naturalización del patriarcado y las continuidades coloniales, no puede entenderse sin analizar la historia del movimiento feminista chileno y la fuerza de su reemergencia y estallido en 2018.
“Nos deben una vida”: el feminismo es, también, una clave de lectura del estallido, sobre todo cuando atiende a los asuntos de la precarización de la vida y de los cuidados, que transversalizan las luchas. De este modo, el feminismo logra repolitizar las violencias y la reproducción, y le ofrece a la revuelta su sensibilidad y sus formas de organización. O más en concreto, pone sobre la mesa líneas para una Constitución no patriarcal, que tensiona tanto los vínculos sociales cristalizados como los abusos cotidianos sobre la población que habilita el modelo neoliberal.
Diciembre es un mes de intensa organización de las redes de abogados y de familiares de presxs políticxs de la revuelta. En 2020, cuando se cumpla un año del estallido, en Chile aún habrán más de 200 personas presas por causas vinculadas a las protestas, la mayoría con prisión preventiva y sin condena firme. De octubre a octubre, 12 mil personas fueron detenidas y 2500, encarceladas. De Arica a Punta Arenas, la distribución geográfica de lxs presxs evidencia el carácter federal de la revuelta.
Con todo, el proceso constituyente está abierto. El 6 de diciembre la “mesa técnica” compuesta por 14 expertos designados por los partidos políticos firmantes del Acuerdo por la paz y la nueva Constitución presenta la modificación a la actual Constitución que permitirá su reemplazo por una nueva Carta Magna, escrita desde cero por un órgano especialmente creado a tal fin. En ese marco, se propone un recorrido institucional que arranca con un plebiscito nacional “de entrada”, convocado mediante decreto supremo firmado por el presidente Sebastián Piñera. Dicho plebiscito somete a votación popular, en primer lugar, si se “aprueba” o se “rechaza” la idea de redactar una nueva Constitución y, en segundo, pregunta qué órgano parece el adecuado para hacer ese trabajo, si una Convención mixta constitucional (conformada mitad por miembros del actual Congreso y mitad por constituyentes elegidos especialmente) o una Convención Constitucional (conformada en su totalidad por constituyentes elegidos para este fin).
El movimiento social se debate en cabildos y asambleas qué hacer, si aceptar el marco propuesto por los partidos políticos o mantenerse al margen e impulsar una verdadera Asamblea Constituyente. Los “corsets” al proceso son evidentes, pero no se logra constituir una fuerza por afuera de los marcos institucionales que lo deslegitime.
Al mismo tiempo, 226 comunas –sobre un total de 346– realizan a mediados de diciembre una consulta ciudadana que confirma la férrea voluntad de la población de cambiar la Constitución del ‘80, con tan alta participación que, evaluaron los organizadores,“el resultado es descollante”.
La pregunta estratégica parece ser mediante qué mecanismos se puede alcanzar una Constitución que haga de contrapeso a las políticas de deposición y precarización de la vida del neoliberalismo; una Constitución donde los “bienes comunes” y el cuidado de los recursos naturales alcancen rango constitucional. En suma, una Constitución anti-neoliberal. Porque sería incompleto ver solo el gesto destituyente de la revuelta. La destitución tiene como base la constitución material de la fuerza que emerge del estallido, una fuerza que dice basta de abusos; una fuerza destituyente que corre el cerco de lo posible que en clave constitucional quiere decir algo muy concreto: destitución de la Constitución pinochetista de los ’80.
En las últimas semanas del año las movilizaciones tienden a bajar la intensidad y el Intendente de Santiago, Felipe Guevara, ensaya una nueva estrategia represiva: el “copamiento preventivo” de plaza de la Dignidad. Luego de amenazar con “tolerancia cero” a manifestaciones no autorizadas, el 20 de diciembre sitia la zona con mil carabineros y le pone vallas a la plaza para impedir nuevas concentraciones. Durante esa noche hay una dura represión. El joven Oscar Pérez es aplastado entre dos zorritas y termina con múltiples fracturas de cadera. Mientras tanto, Sebastián Piñera cierra el año declarando en los medios que “lo peor de la crisis ya pasó”. Pero aún habrá tiempo para que el gobierno atribuya al género musical coreano K-Pop la violencia de los jóvenes contra carabineros; para que estos repriman en plaza de la Dignidad la noche de navidad y para que la multitud la recupere y desborde en fiesta, en ritual colectivo, el último día del año.[10] ¿Un presagio del pueblo por venir?
Del marzo rojo al impasse político-sanitario
En 2020, marzo es la palabra clave. Luego de una tregua estival con más tensión que calma, las organizaciones sociales y políticas se preparan para retomar con fuerza el proceso abierto en octubre del año anterior, con la mirada puesta en el plebiscito constituyente del 26 de abril. Los medios anuncian un “marzo rojo”, otros temen un “segundo estallido social”.[11] La última semana de febrero se lanza la campaña electoral por el “Apruebo”. Las organizaciones sociales multiplican las convocatorias a movilizar y proclaman un “supermarzo” en las calles.[12]
Pero marzo arranca en tragedia cuando carabineros asesina en plaza de la Dignidad a Cristián Valdebenito, de 48 años: le dispararon desde corta distancia y a la cara con una bomba lacrimógena. La movilización es constantes, pero no alcanza la intensidad de octubre y noviembre. La elite político empresarial rechaza el plebiscito para redactar una nueva Constitución: denuncia que por la violencia en las calles no hay garantías para llevar adelante el proceso constitucional.
Hasta que sucede lo imprevisto, algo no contemplado en los planes del “supermarzo”: la vuelta al Estado de excepción constitucional, solo que ahora fundado en la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus. Será el comienzo de un largo periodo de control socio-sanitario. El gobierno restringe el derecho a reunirse y limita el tránsito. Tres días después se declara un toque de queda que, con intermitencias, permanecerá vigente un año y medio después.[13]
Bajo esas condiciones, el Ejército chileno vuelve a patrullar las calles y carabineros toma el control de la Zona Cero y de la plaza de la Dignidad, que inmediatamente se limpia y se enreja en torno al monumento a Baquedano. También se derriba el Rewe, el altar mapuche construido en la misma plaza por los manifestantes. La foto de Piñera posando, sentado solo y triunfante en ese monumento, el 4 de abril, con la plaza recuperada por las fuerzas del orden, corona este proceso y evidencia el impacto de la pandemia en un movimiento social que, como en el resto del mundo, tenderá a recluirse –no solo en las casas, también en los territorios. Se multiplican las ollas comunes en las poblaciones, así como las redes de cuidado y los intentos por mantener abierto el proceso de organización.[14]
Al mismo tiempo, en marzo los partidos con representación en el parlamento van definiendo algunas características del órgano encargado de redactar la nueva Constitución, en particular, el modo en que podrán presentarse las candidaturas independientes y el mecanismo para la paridad de género. También, alegando razones sanitarias, definen posponer por seis meses el plebiscito “de entrada”, el que debe “aprobar” o “rechazar” la iniciativa de reemplazar la constitución neoliberal por una nueva. Una parte significativa de la clase política espera que el aplazamiento sirva de “paño frío” a un conflicto social que no logra ser encauzado por las fuerzas del orden.
La nueva fecha es el 25 de octubre de 2020, lo que extiende seis meses las campañas electorales y obliga a sobreponerse a los efectos de reclusión que provocan las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia. Así y todo, las movilizaciones continúan. Y justo unas semanas antes del plebiscito, el viernes 3 de octubre, en un momento de confusión y corridas en la plaza de la Dignidad, un joven de 16 años es arrojado desde el puente Pío Nono hacia el río Mapocho, en un sector casi sin agua. Los videos de la escena comienzan a circular y se ve a un carabinero en el momento exacto en el que empuja a Anthony Araya al vacío, que queda tirado, inconsciente y es rescatado por otros jóvenes que protestaban con él. La indignación se multiplica y esa rabia contenida, más el encierro de meses de cuarentena, explotan el 18 de octubre, al cumplirse un año del estallido. Las calles vuelven a ser tomadas por una festiva movilización popular, que resquebraja el impasse político-sanitario y presagia la victoria del 25.
Del Apruebo a la Constituyente
El 25 de octubre de 2020, a un año del estallido y a seis meses de la fecha fijada originalmente por el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, se realiza el referéndum constituyente, con un contundente triunfo del “Apruebo”, que habilita la redacción de una nueva Constitución que reemplace a la pergeñada en dictadura por Jaime Guzmán y que sirve de estructura jurídica al neoliberalismo chileno.[15] Mientras la lucha en las calles de varias ciudades del país y en el Wallmapu continúa y se intensifica, el próximo capítulo del proceso constituyente señala al 11 de abril de 2021, momento en el que se elegirán los 155 convencionales constituyentes que tendrán entre nueve y doce meses para discutir y redactar la nueva Constitución. El mismo día se harán, también, las elecciones para concejales, alcaldes municipales y gobernadores regionales. Pero esa fecha será una vez más pospuesta por la pandemia y pasará al 15 y 16 de mayo.
Los meses posteriores al triunfo del Apruebo serán meses de definiciones, de intensas discusiones entre las militancias, tanto en los partidos de izquierda como en las organizaciones sociales y en las asambleas territoriales. ¿Qué hacer ante la convocatoria a una Convención Constitucional diseñada por los partidos (sobre todo, de derecha) a su medida, pero que a su vez los desborda, y que incluso puede estar hegemonizada por fuerzas que pongan sobre la mesa la agenda de octubre? ¿Es posible acordar una estrategia común de las fuerzas transformadoras de cara a la Convención Constituyente –compuesta por, primera vez, de manera “paritaria” por varones y mujeres y que contempla la representación de los pueblos originarios mediante escaños reservados? [16]
Serán meses, también, de muchos esfuerzo por conjurar los efectos disgregadores y atomizadores de la pandemia; meses donde la voluntad se centra en tratar de sostener las construcciones territoriales, en armar redes y criterios y, sobre todo, en neutralizar las desconfianzas al interior del amplio espectro que se opone a que sea la vieja derecha neoliberal la que siga imponiendo las reglas de juego. Meses, también, en los que se arman pactos y listas, se construyen candidaturas y se diseñan campañas electorales que perjudican a las candidaturas de menos recursos.
A pesar del proceso constituyente en curso, la represión y violencia, lejos de cesar se acrecientan, tanto en plaza de la Dignidad como en la Araucanía. Se acerca la fecha de las elecciones y partidos, alianzas y espacios independientes lanzan sus candidaturas. Tan impopular como cohesiva, la derecha se presenta como “Vamos por Chile”, un pacto que aglutina a cinco fuerzas afines al oficialismo. Lamentándose porque “la izquierda va dividida y eso favorece a la derecha”, la socialdemocracia neoliberal –representada por los partidos de la ex Concertación que gobernó Chile entre 1990 y 2010, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana–, se anota como lista del “Apruebo”. El Frente Amplio, el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Igualdad sellan el pacto “Apruebo Dignidad”.
El amplio conglomerado “independiente”, según un estudio del observatorio Nueva Constitución, detenta el 60 por ciento del total de la nómina de candidatos, aunque el sistema electoral D’Hondt utilizado para el otorgamiento de los cargos beneficia a los partidos, más que a las candidaturas locales. La dispersión parece un rasgo inevitable de este espacio tan amplio como heterogéneo, con más raigambre territorial que estructura nacional. Gran parte de las candidaturas son producto de desiciones tomadas en asambleas y cabildos territoriales, o activos integrantes de movimientos y organizaciones sociales. Es este espacio el que, sin dudas, mejor expresa las demandas y deseos de la revuelta de octubre.
Dentro de este espacio, se destacan las listas “Territorio Constituyente” (distrito 10) y “Voces Constituyentes” (distrito 12), que nuclea a varixs referentes de organizaciones comunitarias y de movimientos sociales que luchan contra el neoliberalismo. Una especial capacidad de articulación muestra la “Lista del pueblo”, de fuerte perfil anti-partidos políticos, cuyo grupo originario surge de la propia plaza de la Dignidad, de la primera línea, y logra conformar un amplia plataforma de candidaturas independientes en 26 de los 28 distritos electorales, tanto bajo denominaciones propias como prestando apoyo a otras listas. Otro espacio independiente de relevancia es el que conforma un grupo de intelectuales progresistas, liberales, de orientación socialdemácrata: los “Independientes no neutrales”.
El enrarecido clima social generado por la crisis sanitaria –las limitaciones a la movilización y al tránsito, las dificultades para el encuentro, la mediatización de la discusión pública– impiden medir con claridad las fuerzas propias y las ajenas. Por momentos prima el desánimo. Sobre ese terreno operan, también, la elite empresarial y los grandes medios, que sobreestima la fuerza de la derecha (“que no llega a los dos tercios, pero que supera ampliamente el tercio”) y de la ex Concertación, y minimiza la de las izquierdas (“que se consumen en sus propias internas”) y la de los independientes (“que a causa de la dispersión se quedarían con solo el 4,4% del total de escaños”). ¿Efectivamente la pandemia le está permitiendo al gobierno de Sebastián Piñera recomponerse como auguran El Mercurio y La Tercera? ¿Está funcionando la estrategia de financiar con sumas multimillonarias las campañas de los candidatos propios e invisibilizar la de los independientes?
2021: refundar Chile sobre nuevas bases constitucionales
Luego de varias postergaciones y aplazos se realizan las elecciones el 15 y 16 de mayo. La jornada del sábado arranca con expectativas pero se teme que la crisis sanitaria, y la feroz campaña de la derecha, haya enfriado demasiado la movilización y los votantes elijan replegarse en los hogares. Las colas en los centros de votación, sobre todo en las comunas más populares, son tímidas y auguran un escenario incierto: solo el 20 por ciento del padrón asiste ese día. La foto de Piñera votando en el Colegio San Francisco de los Dominicos, en la comuna de Las Condes, recorre la prensa. Estos comicios “van a marcar al país por las próximas décadas”, dice y de algún modo sus palabras se confirmarán horas después.
El domingo, tanto la izquierda como la derecha, piden públicamente a la ciudadanía que vaya a votar. “Vota por los presos del estallido, por los estudiantes que saltaron el torniquete, por las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos”, dicen algunos. “Levántate y vota por los candidatos de la libertad”, insisten otros. Hay nerviosismo y ansiedad. La legitimidad del proceso se juega en el grado de participación y en la contundencia de los resultados.
Finalmente, los 155 convencionales encargados de redactar la nueva Constitución son elegidos, con un desenlace histórico para el movimiento social.
Los esfuerzos de la derecha oficialista por ocultar su impopularidad y alcanzar el tercio (52 escaños) que le permita ejercer capacidad de veto sobre las decisiones tomadas en la Convención se revelan vanos: solo consiguen 37. A las listas de la oposición política, sumadas, les va algo mejor: la lista del “Apruebo” (la ex Concertación) obtiene 25 plazas y la izquierda, con “Apruebo Dignidad”, 28. En todos los casos, los partidos políticos obtienen una representación menor a la esperada.
En contraposición, contando los 17 escaños reservados para los pueblos originarios, las fuerzas independientes alcanzan más de dos tercios de la Convención, con 105 constituyentes electos; 40 de ellos fueron en los cupos cedidos por partidos políticos y 48 en listas puramente independientes. De estas últimas, se destacan los 27 escaños conseguidos por la Lista del pueblo y los 11 de Independientes no neutrales. La distribución de lugares en la Convención muestra claramente cómo la crisis producida por el estallido impacta sobre estructuras partidarias que se desfondan.
Pero el aluvión transformador no se reduce al proceso constituyente en curso. En la misma fecha se realizan las elecciones para concejales municipales, alcaldes y gobernadores regionales. Nuevamente, el máximo derrotado es el oficialismo. De las 16 gobernaciones regionales solo obtiene una, La Araucanía.[17] Pierde 57 alcaldías, muchas en manos de la izquierda (11 ganó el Frente Amplio y 6 el Partido Comunista) y en otras es derrotado por independientes.[18]
Pero sin duda es la región de Valparaiso la que aparece como epicentro de este triunfo de las fuerzas de octubre. Jorge Sharp, esta vez como candidato independiente, es reelecto alcalde de la ciudad porteña con el 56 por ciento de los sufragios. En la misma región, Macarena Ripamonti gana un bastión de la derecha: Viña del Mar. También Lorena Olavarría triunfa en Melipilla; Javiera Toledo, en Villa Alemana, Valeria Melipillán, en Quilpué y Freddy Ramírez en Concón. Y cómo gobernador de la región gana el reconocido ambientalista Rodrigo Mundaca, vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (MODATIMA).
Dos semanas después, en unas elecciones de segunda vuelta donde prima la abstención (votó menos del 20% del padrón), el Frente Amplio gana las gobernación de Tarapacá (con José Miguel Carvajal, 57%), y tanto en las regiones de Atacama, Biobío y Coquimbo ganan candidatos independientes, entre los que se destaca la arquitecta ecologista y especialista en permacultura Krist Naranjo.[19]
Los resultados, en suma, confirman ese deseo de cambios profundos que tiene tomado los cuerpos de una gran parte de la sociedad chilena: el fin de que sea el paradigma de la empresa el que rija a la hora de pensar la vida en común; el fin del patriarcado como ordenador de las relaciones sociales; el fin del estado nacional centralista como integrador de la multiplicidad social. La agenda de octubre, pensada en clave de estrategia, es una brújula política infalible: pocas dudas hay sobre los deseos de radicalizar la democracia, de desprivatizar y proteger los derechos sociales, de preservar los bienes comunes de la tendencia depredadora de los capitales en beneficio de la comunidad. Concretamente, gran parte de la sociedad, y como expresión de ella, la propia Convención Constitucional, está de acuerdo con revisar el modelo de desarrollo neoliberal que condujo a la aguda crisis en la que se encuentra Chile. La discusión, en todo caso, es táctica, de composición de fuerzas: se trata de agudizar la imaginación e inventar las herramientas políticas adecuadas. ¿Cómo aprovechar la heterogeneidad y la radicalidad de estas fuerzas independientes (de izquierda, destituyentes) que transversalizan al conjunto de la sociedad chilena? ¿Cómo armar una bloque de contrapoder que permita efectivizar las profundas transformaciones que desde el estallido se demandan?
En ese marco, la elite político-empresarial no logra encontrar los mecanismos para bloquear el proceso constituyente ni revertir una correlación de fuerzas políticas que se le evidencia desfavorable. Es una derecha sin ideas, que a falta de imágenes de futuro se limita a llamar a la “seriedad” y a la “responsabilidad institucional” de los constituyentes, a que se respeten las reglas de juego que ellos mismos impusieron. Una derecha que no consigue expresar en el plano del control social su brutal poder económico. Las fuerzas constituyentes, en cambio, declaman su soberanía para refundar una nueva república, sin las desigualdades y privilegios que caracterizan a la actual.
A nivel constituyente, el holgado resultado permite tensionar desde el comienzo de la convención las trabas impuestas en aquella madrugada del 15 de noviembre de 2019. En ese marco, una serie de discusiones son inevitables: la discusión sobre el reglamento de la convención y sobre la estructura presupuestaria que la sostiene; la discusión sobre la regla de los 2/3 para obtener quórum; la discusión sobre los plebiscitos dirimentes (o intermedios) para definir los puntos en los que no haya acuerdo; la discusión sobre cómo revisar y ajustar los tratados internacionales a la nueva Constitución.
A nivel comunal –con apoyo, en algunos casos, de las gobernaciones– el escenario permite imaginar políticas de desburocratización de las alcaldías, de transformación desde adentro las instituciones; es decir, el desarrollo de proyectos municipalistas, arraigados más en los territorios que en las disputas superestructurales y partidarias; gobiernos que acompañen el proceso constituyente en el nivel local, ese nivel privilegiado para expresar los cambios que se vienen dando en la subjetividad política, en el imaginario social, en el mismo sentido común, sobre el modo de entender las democracias y las propias vidas en las ciudades.
El porvenir es largo y nadie sabe hacia dónde se dirige. No faltan los menos optimistas que insisten en señalar el potencial poder desestabilizante tanto de las elites financieras internacionales como de las mismas Fuerzas Armadas de Chile y ponen la coyuntura actual en serie con otros “momentos de esperanza”, de la revolución “con sabor a empanada y vino tinto”, al arcoíris de la democracia concertacionista.
Pero, una vez más: el proceso está abierto y la sociedad movilizada. Por abajo, las conversaciones y articulaciones proliferan –abusando de la virtualidad en tiempos de pandemia– y se van construyendo criterios comunes. Los convencionales tendrán como máximo un año para discutir, redactar y presentar ante la sociedad el nuevo texto constitucional. Por arriba, la elite político empresarial trata de modular la discusión, de capturar la energía social y traducirla a código mediático, a fin de cercar el campo de las transformaciones posibles. Las fuerzas partidaria orientan sus estructuras hacia las elecciones presidenciales del 21 de noviembre.
Especial atención merece el corredor de país que orillan al Pacífico, cuyas derechas pudieron resistirse al ciclo de gobiernos progresistas de la década pasada, pero se desmoronan en el presente a causa de estallidos sociales. Pensamos, claro, en los casos de Colombia y Perú, para los que la experiencia constituyente chilena es una referencia ineludible. Es en este contexto que consideramos que estos materiales pueden tener utilidad.
Los textos aquí compilados intentan dar un panorama exhaustivo de las líneas de conflicto que alimentaron el estallido de octubre de 2019 y proyectan el futuro de un proceso abierto. Corresponden a una serie de conversaciones que tuvimos con militantes e intelectuales durante aquel diciembre, varixs de ellxs hoy convencionales constituyentes. Además, ya en el orden del archivo, estas páginas quedarán como registro oral de la intensidad con la que a fines de 2019 se pensó e impulsó la caída del primero y más sólido de los neoliberalismos latinoamericanos. Allí donde todo empezó, como dice un amigo, todo puede terminar.
Buenos Aires, TL, junio de 2021
[1] A lo largo de 2019 los aumentos se repitieron, uno tras otro. Subieron las tarifas de gas, agua y luz, entre otras. En ese contexto, las empresas no se privaron de abusos. En marzo, por ejemplo, la compañía de electricidad que abastece a Santiago (ENEL) anunció que instalaría medidores nuevos y que el costo debería ser asumido por los usuarios. Esto generó gran descontento, sobre todo porque la empresa pertenece a Herman Chadwick Piñera, hermano del ex ministro del Interior Andrés Chadwick –colaborador de Augusto Pinochet–, y primos ambos del presidente Sebastián Piñera.
[2] Presentada a fines del 2018 por el poder ejecutivo chileno, la ley Aula Segura faculta a los directores de las escuelas a expulsar de manera inmediata a aquellos estudiantes involucrados en actos violentos contra la escuela o terceros. Mediante este protocolo de expulsión se buscó controlar a los estudiantes secundarios de los colegios emblemáticos de Santiago, pero acabó multiplicando la violencia, con carabineros vigilando a los estudiantes desde el techo de las escuelas o tomando aulas por asalto.
[3] Valga apuntar que este Ejército llamado por Piñera a poner orden en la situación es, como casi todas las instituciones neoliberales en Chile, una institución sumamente desprestigiada, no solo por la impunidad por los crímenes cometidos durante la extensa dictadura del General Augusto Pinochet, sino por los casos de corrupción actuales. Milicogate llama la prensa vernácula a la megacausa surgida de la investigación sobre una red de uniformados y civiles que se apropiaban indebidamente de millonarios fondos derivados de una ley reservada. De hecho, unos pocos días antes del estallido, había caído el número dos al mando del Ejército de Chile, el general John Griffiths, quien fue renunciado, procesado y detenido por la justicia militar acusado de comandar el millonario fraude.
[4] El caso de la privatización del agua y de la megasequía que afecta al territorio chileno es un ejemplo claro de la forma en que funciona, vía despojo, el extractivismo trasandino. El problema del agua aparece como un eje central de la revuelta porque tres cuartas parte de su territorio está completamente seco: el 67 por ciento de la población –unas 12 millones de personas– viven en zonas declaradas en emergencia hídrica a causa una ley de 1981, en plena dictadura, que permite a privados usufructuar gratuitamente el agua. Y así lo hicieron las industrias mineras del cobre, en el norte, las industrias hidroeléctricas, en el sur, y la pujante industria de la palta de exportación, en el centro del país. En este último caso, el aumento de la demanda internacional hizo que los cultivos se extendieran de los valles a zonas menos fértiles, mediante procedimientos que exigen el uso intensivo de agua. A principios de enero de 2020, 12 senadores de la derecha bloquearon un proyecto que buscaba consagrar el agua como bien de uso público.
[5] Como ejemplo de crueldad, ineludible las 445 lesiones oculares que produjo la represión al estallido entre el 18 de octubre y el 18 de febrero de 2020, según los números oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH). El 66 por ciento –269 casos– fueron causadas por armas de fuego. Este novedoso método represivo tiene un antecedente: entre 1987 a 1993 lo puso en práctica el ejército israelí contra el pueblo palestino, pero allí se contaron “solo” 154 casos de lesiones oculares.
[6] Un mes después se filtran audios donde grupos herederos de la histórica organización fascista Patria y Libertad (las llamadas “Arañas negras”), reconocen su autoría en los incendios del metro. Estos grupos volverán a tener visibilidad en las primeras semanas de 2020 vinculados a secuestros de manifestantes en autos particulares que aparecen horas después legalizados en comisarías. Los políticos de derecha, por su parte, una y otra vez culpan al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de organizar la desestabilización.
[7] El sobre-endeudamiento es una característica central del neoliberalismo chileno, tanto el individual como el del estado consigo mismo. Su forma más habitual es la deuda por créditos para estudiar, por problemas de salud o por consumo básico de bienes y servicios. Junto con la depredación del salario, funcionando como mecanismo de sobreexplotación laboral y control político. La falta de expectativas en un “progreso material” que este mecanismo produce tiene severas consecuencias subjetivas y está, sin dudas, en la base del estallido.
[8] ACAB es el acrónimo de “All cops are bastards” (todos los policías son bastardos), una expresión proveniente del punk inglés y que es tomada en Chile para condensar una sensibilidad muy común entre los jóvenes, la sensibilidad antiautoritaria, antipaco. Vitrina Distópica entiende que esta subjetividad se fue forjando en la larga lucha estudiantil que abrió la llamada “revolución pingüina”, en el 2006; una sucesión de enfrentamientos cuerpo a cuerpo con carabineros que, a su modo, desemboca en el estallido de octubre. Lo mismo puede decirse del ciclo de luchas abierto en el Wallmapu, en las tierras mapuche, que tiene más de dos décadas –si tomamos la fecha de fundación de una de las principales organizaciones, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), a fines de los ‘90.
[9] El proceso de trabajo del colectivo Las Tesis implica investigar autoras feministas y traducir sus conceptos e ideas al lenguaje teatral. En ocasiones anteriores habían tomado “Calibán y la Bruja”, de Silvia Federici (Tinta Limón, 2011). La performance que se viralizó en noviembre está inspirada en textos de la antropóloga Rita Segato y es parte de una obra en la que el grupo trabajó durante casi un año y no pudo presentar a raíz del estallido. Una de las últimas estrofas de la canción parodia el himno de carabineros de Chile que dice: “Duerme tranquila niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños dulce y sonriente vela tu amante carabinero”. Además, el nombre de la performance “Un violador en tu camino” retoma la frase “Un amigo en tu camino”, utilizado como lema de campaña de esta policía durante los años 90’.
[10] Entre las fiestas, el 27 de diciembre, corrido por carabineros muere ahogado en la ex plaza Italia Mauricio Fredes, yesero y pintor. Formaba parte de la primera línea y era el principal sostén de su abuela. Su memorial será una y otra vez atacado por carabineros y grupos de derecha.
[11] Naturalmente, se multiplicaron las convocatorias: El conflicto en curso con los estudiantes secundarios –que tuvo un capítulo especialmente álgido a principios de enero con el boicot de las agrupaciones estudiantiles a las Pruebas de selección universitaria (PSU)–; la movilización feminista del 8M y la huelga de mujeres del día siguiente; las protestas al cumplirse dos años de la asunción de Sebastián Piñera el 11; la marcha contra el Sename, contra las AFP, en defensa del medio ambiente, por el acceso a la vivienda; la movilización de los pueblos mapuche, los combates habituales del día del “joven combatiente, fecha que remite al asesinato de los jóvenes hermanos, militantes del MIR, Rafael y Eduardo Vergara Toledo en la comuna de Estación Central, perpetrado en 1985 por agentes de carabineros.
[12] También carabineros se prepara y arranca marzo armándose con 50 vehículos antidisturbios de máximo estándar tecnológico, de origen israelí (tanquetas y guanacos lanza-aguas) para ser utilizados en Santiago.
[13] Conocido como el toque de queda más largo del mundo, en Chile se extiende desde aquel 22 de marzo de 2020 al 12 de marzo del año siguiente, y ya se plantea la necesidad de extenderlo hasta junio de 2021.
[14] Por ejemplo, ante la crisis sanitaria, la Coordinadora Feminista 8M activa el plan de contingencia “Nuestro cuidado sobre sus ganancias”.
[15] Las opciones “Apruebo” y “Convención Constitucional” se impusieron con un 78 y un 79 por ciento, respectivamente, en una elección de alta participación popular, revirtiendo la baja progresiva desde 2012, cuando se determinó la voluntariedad del voto. Un dato ineludible es el corte de clase que muestran los resultados: solo en los barrios ricos ganó la opción rechazo.
[16] Los escaños reservados se repartieron del siguiente modo: 7 para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aimara y uno para cada uno de los otros pueblos (kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango).
[17] El cuadro queda con 11 gobernaciones en manos de Unidad Constituyente, 4 de ellas para la Democracia Cristiana, 3 para el Partido Socialista, 1 para el Partido por la Democracia y 3 para independientes dentro de UC. En tanto, dos quedan para el Frente Amplio, dos para independientes ligados a la oposición, una para el partido Ecologista y solo 1 para Chile Vamos de Sebastián Piñera.
[18] La izquierda obtiene algunas comunas muy emblemáticas, como Santiago Centro (donde gana Irací Hassler, de 30 años, del PC), Maipú (la segunda comuna con más habitantes de la Región Metropolitana, donde triunfa Tomás Vodanovic, también de 30 años, y del FA); Ñuñoa (donde gana Emilia Ríos, de 33 años, también del FA); Estación Central (donde gana Felipe Muñoz, de 34, del FA). Y la lista sigue: Erika Martínez, del Frente Amplio, gana San Miguel y Javiera Reyes, del Partido Comunista, en Lo Espejo. Podríamos agregar a Paulina Bobadilla (independiente y fundadora de la ONG Mamá Cultiva) que gana en Quilicura o a Carla Amtmann que gana Valdivia. Pero estos son solo algunos casos de una lista que es más larga.
[19] El problema de la abstención en Chile tiene como fecha clave el año 2012 cuando se implementó el voto voluntario: la participación cayó desde el 87% en 1989 hasta el mínimo histórico de estas elecciones, 19,61%. Contrariamente, tanto en el plebiscito del Apruebo en octubre del como en las elecciones de constituyentes de mayo –la primera vuelta de gobernadores– hubo un buen nivel de participación, mayor al 50%, con una buena distribución geográfica, según niveles socioeconómicos.