#ChileDespertó: un año de revuelta antineoliberal

Camila Rojas: "El Congreso es un órgano impotente, tal como lo diseñó la Constitución del ’80"

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Este 25 de octubre, la opción 'apruebo' alcanzó un contundente 78 % en el referéndum para cambiar la Constitución de Pinochet. Como parte de la serie #ChileDespertó, entrevistamos a Camila Rojas, la diputada más joven del Congreso, del Partido Comunes-Frente Amplio, referente estudiantil de la llamada revolución pingüina. Fotografías de Paulo Slachevsky.

Camila Rojas Valderrama nació en la ciudad de San Antonio en la región de Valparaíso, en una familia de trabajadores: su padre es obrero de la construcción y su madre, modista. Llegó a la política vía la revolución pingüina (2006), una gran movilización estudiantil, con tomas y protestas, en favor del derecho a la educación y en contra de la privatización impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet. Luego, siendo parte de Izquierda Autónoma, fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) en 2016. En 2018, asumió como diputada del Distrito 7 de la región de Valparaíso por el partido Comunes, del Frente Amplio, y se convirtió, con 26 años, en la política más joven del Congreso. No le tocó una coyuntura sencilla.

La experiencia de las luchas estudiantiles contra la mercantilización de la educación se extiende en su práctica legislativa. Durante el último año y medio fue presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados donde presentó un centenar de propuestas y trabajó especialmente en proyectos vinculados a desarmar el sistema de financiamiento de la educación superior, vía el Crédito con Aval del Estado (CAE), una máquina de endeudamiento masivo de los jóvenes ingresantes a la universidad. “Hoy se invierte más en educación que en los ’90. Pero lo que se invierte va a parar a manos de privados que proveen esos servicios. Todo es un negocio basado en un tipo de Estado ‘subsidiario’, que es un Estado muy gordo, pero para entregar subsidios al sector privado”, explica.

Nos encontramos con ella en el café del Congreso de la Nación en la ciudad de Valparaíso y conversamos sobre las razones del estallido, la tensión creciente entre el gobierno y los estudiantes durante los meses previos, la política institucional, la izquierda y la perspectiva de futuro: “El estallido está vinculado con el agotamiento de un sistema que se instaló durante la dictadura, que se profundizó en los gobiernos posteriores y que agobia la vida. La sociedad chilena fue muy paciente esperando que las cosas se arreglaran, pero llegó un punto en el que el abuso no se toleró más”, dice.

En un estallido como el del 18 de octubre de 2019 hay malestares muy concretos y palpables que revientan, pero también un acumulado de luchas y de organizaciones que se pueden ir rastreando en los últimos años. ¿Qué está en la base de la revuelta?

Es inevitable pensar el estallido del 18 de octubre y todo lo que le siguió vinculado a, por lo menos, 15 años de movilizaciones muy masivas; desde el 2006, con la “revolución pingüina” y luego, en el 2011, con la movilización estudiantil universitaria. El movimiento No+AFP se empieza a organizar en 2013, pero en 2016 arman un plebiscito autoconvocado que movilizó a más de 1 millón de personas. El movimiento feminista con el 8M de 2018. Son varios momentos previos que se conectan entre sí. Había mucho malestar acumulado en Chile; mucho malestar con el modelo de mercantilización de los servicios sociales más básicos –el agua, las pensiones, la salud. Todo en Chile es un negocio: los recursos naturales y los derechos sociales. Pero eso no significa que el Estado no invierta mucha plata en cada uno de esos temas: si uno mira los últimos 30 años en Chile, se invierte más en educación hoy que en los ’90. Pero lo que se invierte va a parar a manos de privados que proveen esos servicios. Todo es un negocio basado en un tipo de Estado “subsidiario”, que es un Estado muy gordo, pero para entregar subsidios al sector privado. Y todo esto fue incubando un malestar que se fue acumulando.

Hubo un disparador. Subió el pasaje en el metro en Santiago, y eso generó cierta convulsión. Los secundarios se organizaron para saltarse los torniquetes y eso prendió, como se ha dicho. Más gente se sumó, más gente se sumó y el gobierno prefirió no escuchar. El gobierno fue un factor decisivo para que el conflicto haya llegado al nivel que llegó porque tuvo una disposición muy negativa respecto de las demandas. Se pudo haber detenido de inmediato el alza del pasaje y quizá todo se acababa ahí. Pero no, prefirió no escuchar, no poner atención. Y el conflicto se agudizó, fue creciendo, y en el estallido se juntan todos los malestares. Entonces, ya no es un problema sectorial, sino que el problema es el sistema en su conjunto.

Igualmente, esta actitud del gobierno de Sebastián Piñera no es novedosa, ya que desde el comienzo sus ministros se han caracterizado por estar muy fuera de la realidad cotidiana de la gente común. Dijeron muchas frases desafortunadas durante este último tiempo. Como la del subsecretario de salud, Luis Castillo, que cuando se lo interpeló por las esperas en los sistemas de salud dijo que la gente iba temprano a los consultorios porque le gusta conversar, ¿se entiende? Es una de las más icónicas, pero es una más en una serie que muestra mucha desafección con la sociedad, con el malestar que genera no tener acceso a una salud o a una educación digna, si es que no tienes plata. Y se mezcla con esta sensación de que se están riendo en tu cara. Piñera es un empresario y su gobierno tiene una relación muy marcada con el gran empresariado, un sector que en los últimos 30 años fue muy favorecido en Chile, en detrimento del resto de la población. Pero llegó un momento en el que esa población dijo basta, ya no toleramos más esta situación de injusticia, de abuso, de corrupción.

En estos últimos tiempos, en Chile explotaron muchos casos de abuso empresarial, como la colusión de los precios de los pollos y del papel higiénico Confort. Es decir, además de tener todas las facilidades, los empresarios abusan. Y también casos de corrupción en instituciones en crisis, como las Fuerzas Armadas o el Congreso. Hubo leyes que fueron pagadas, como la Ley de pesca. Estas crisis, este abuso, esta injusticia fueron como una olla de presión. La sociedad chilena fue muy paciente esperando que las cosas se arreglaran, pero llegó un punto en el que el abuso no se toleró más. Además, hubo un discurso muy potente de las elites gobernantes y empresariales de que estábamos muy bien, que éramos los jaguares de Latinoamérica. Eso está muy instalado.

Estudiantes durante la revuelta en Santiago. Fotografía de Paulo Slachevsky.

Entonces, ¿pensás que el gobierno tuvo una incapacidad para entender y gestionar el conflicto, y apeló a la criminalización y a la represión como principales recursos para vincularse con lo que estaba pasando?

Sí, totalmente. No se puede perder la perspectiva de que fue un año muy marcado por medidas represivas para los estudiantes secundarios, sobre todo los de la región metropolitana. Y en particular a partir de una medida, llamada Aula Segura, que fue implementada específicamente para una categoría de colegios, muy propios del modelo chileno, que son los colegios “emblemáticos”: colegios muy antiguos, de excelencia, que históricamente seleccionaron estudiantes a los que les iba bien. Funcionaban como una línea de movilidad social, porque acceder a uno de esos colegios garantizaba que en la prueba de ingreso a la universidad te fuera bien y, por lo tanto, tuvieras un futuro más “seguro”.

La educación pública en Chile hace décadas que está en una situación muy crítica, con pocos estudiantes, pero estos colegios son la excepción. Incluso, son los colegios que los gobiernos eligen para meter más plata. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), se extendió este modelo de colegios emblemáticos de la región metropolitana al resto de las regiones, con la idea de que hubiera un colegio bueno por ciudad, que recibiera a los estudiantes, los seleccionara, les sacara el máximo potencial y los prepara para que les fuera bien en el ingreso a la universidad. Les pusieron el nombre de Liceos Bicentenario. Luego, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), se promulgaron una serie de leyes que impidieron esta selección de estudiantes para colegios “de excelencia”, que en definitiva son muy excluyentes para chiquillos que no tienen las mejores condiciones.

El punto es que estos colegios emblemáticos de la región metropolitana –el Instituto Nacional, el liceo Barros Borgoño, el Barros Arana, el Liceo 1 de niñas, el Carmela Carvajal, etc.– han sido protagonistas centrales de todas las movilizaciones estudiantiles. En particular, los de varones –porque estos colegios tienen la estructura del Chile del siglo XIX, de cuando se empieza a expandir la educación en nuestro país, y están divididos en colegios de varones y colegios de mujeres.

Durante los últimos meses, el último año, todo empezó a tomar un cariz muy crudo, cada vez más tenso, como un juego: a más represión, más movilización, a más represión, más movilización. Lo cierto es que en el comienzo eran grupos más bien pequeños, pero el gobierno optó por una criminalización masiva de estos colegios. En ese marco, el oficialismo presenta la Ley Aula Segura, que nosotros rechazamos desde el Frente Amplio, pero que salió igual. La Ley les da más facultades a los directores de colegio para que puedan suspender o expulsar a los estudiantes “conflictivos”. Nosotros nos opusimos porque planteamos que en Chile ya están regulados los delitos que se tomaron como fundamento de esta ley. Por ejemplo, si tiras unas molotov es un delito que tiene su penalización –en Chile hay responsabilidad penal adolescente. Pero el gobierno insistió con ponerlo como un tema de prioridad nacional, cuando la realidad de los colegios en Chile no es la de este pequeño grupo de colegios, tres o cuatro, dentro de los colegios emblemáticos.

Pero una vez que se aprobó la Ley todo se empezó a agudizar y el conflicto se fue expandiendo. A los cabros se les molestó, se los enfrentó con los Carabineros. En vez de intentar identificar los grupos más conflictivos, los más violentos, les hacían a todos los cabros control de mochilas, a la hora de entrar a la escuela e, incluso, en el metro. Un procedimiento ilegal, según denunció la Defensoría de la Niñez, que es una institución nueva en Chile. Lo último había sido el pedido del alcalde de derecha de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, de que Carabineros ocupen el techo del Instituto Nacional. Ese era el nivel de tensión antes del estallido.

Del lado de los estudiantes no es que hubiera líderes, todo era más espontáneo. Están los grupos tradicionales estudiantiles, pero sobre todo hay una situación masiva de espontaneidad; muy diferente al 2006 o 2011, que había cierta organicidad, asambleas y dirigentes. He hablado con cabros de secundarios y la dinámica es muy de Instagram: un mensaje y vamos, nos saltamos los torniquetes. Y si prendía, bien; y si no, no. Y empezó a funcionar. Pero no hay una organicidad militante como se la entendía más tradicionalmente. La crisis de las instituciones no sólo toca al Congreso, a la Iglesia o a las Fuerzas Armadas. También toca, por ejemplo, a los sindicatos. En Chile, las tasas de sindicalización son muy bajas. Es un sector que no ha podido sobreponerse a la dictadura. En definitiva, la impugnación es para todas las organizaciones. Dentro de eso, la organización estudiantil tampoco toma el rol de liderazgo, de tener una cara como líder. Muy distinto al 2011, donde nosotros teníamos a Giorgio Jackson, a Camila Vallejo, es completamente diferente. Yo tengo 28 años y soy la diputada más joven de la Cámara, y creo que logro entender, aunque me cuesta, estas nuevas formas. Pero piensa tú en la gente más grande, ¡les parece una locura! Todos esperan poder hablar con alguien, poder negociar con alguien, y acá no hay nada de eso. En cierto sentido, esto se inauguró con las movilizaciones feministas, con la ola feminista de 2018 y con las tomas que hubo en ese momento. Ahí tampoco había líderes claros, no había chiquillas que asumieran la posición de liderazgo, todo era mucho más horizontal. Desde una perspectivas más tradicional de la política es muy difícil de entender esto.

Entre este rasgo más espontáneo del movimiento estudiantil y esa perspectiva más tradicional de la política, hay también otros movimientos con mayor capacidad de hacer esa traducción, en términos de prácticas, pero también de saberes políticos y militantes. Pienso en el movimiento feminista, o en la Coordinadora No+AFP, que en cierto modo, dialoga con la tradición sindical, con las actuales organizaciones gremiales y con el mundo del trabajo. ¿Ves ahí formas masivas de organizar los malestares y dar cause a los deseos de participación?

Sí, claro que el movimiento estudiantil es siempre de los más jóvenes, de los más chicos, y tienen esa característica de la horizontalidad muy marcada. La Coordinadora No+AFP, en cambio, le aporta al movimiento una cuestión generacional, la posibilidad de sumar gente adulta, más vieja. Y, en parte, el movimiento feminista también tiene eso, porque en Chile, el movimiento feminista no nació en 2018. El movimiento feminista y No+AFP le incorpora un componente intergeneracional muy relevante que hace que, desde el 18 de octubre, los malestares y las demandas sean muy transversales, no solo de los más chicos. Los más chicos están ahí, en la primera línea, con más fuerza, pero tú le puedes preguntar a las personas más viejas y no son nada indiferentes a los abusos y las injusticia, se sienten identificadas con las demandas de este movimiento.

Respecto de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores No+AFP, yo la conozco mucho y soy muy fanática de su trabajo. Como organización y como demanda explotó justo en el momento en que presidí la FECH, la Federación de Estudiantes de Chile. Entonces, estuve mucho con Luis Mesina y conocí su organización. Yo vengo de San Antonio, y he visto la formación ahí de la Coordinadora. Efectivamente participaba mucha gente. Todas las regiones tienen una coordinadora, que a su vez forman muchas asambleas a nivel nacional. Y tienen su gente que milita mucho. No es un espacio partidario, pero sí muy político, muy de organización de base. Y, al mismo tiempo, es un movimiento muy potente en términos de acciones directas. Por ejemplo, como las pensiones en Chile se organizan en distintos fondos (A, B, C, etc.), de más riesgo a menos riesgo, una vez llamaron a cambiarse a un fondo determinado, el fondo E, y mucha gente se cambió. O, en otro momento, llamaron a que la gente saliera de un AFP, porque esa AFP había cometido abusos, y la gente iba y se salía. En ese sentido, no deja de sorprenderme lo que ellos lograron como organización. Porque, como decíamos, además es gente adulta, grande, no como nosotros que veníamos del mundo estudiantil. El campo universitario es muy privilegiado desde el punto de vista de la posibilidad de organizarse. Hay espacios reservados para eso dentro de la universidad, tiempos más flexibles. Pero en el mundo del trabajo, de donde viene la gente que participa de la Coordinadora, son vidas muy agobiadas. En Chile la vida es muy cara, los sueldos son bajos, las pensiones son bajas. Organizarse es el triple de difícil. Y ellos logran generar eso, que la gente asuma su participación en la Coordinadora No+AFP como una militancia. Y está desde el 2016 hasta ahora. Como todo movimiento, hubo un reflujo, un momento de menos participación, pero cuando hacen el plebiscito participa más de 1 millón de personas. Esto también permite entender lo absurdo de un gobierno que dice que no sabía que había ciertas demandas, ciertos malestares en la población. Se movieron 1 millón de personas diciendo que querían que terminara el sistema de pensiones.

Mural en el Centro Gabriela Mistral (GAM). Santiago de Chile. Fotografía de Paulo Slachevsky.

En una entrevista, a dos meses del estallido, Carlos Ruiz Encina propuso una suerte de fórmula que decía: “En Chile hay un pueblo sin izquierda y una izquierda sin pueblo”. Y algo de eso también fuimos pudiendo relevar en la calle, en las Asambleas, en la misma Plaza Dignidad, donde escuchamos muchas críticas al distanciamiento entre la izquierda y los malestares sociales que están en la base de la revuelta del 18 de octubre. ¿Pensás que esa distancia existe? ¿Y cómo pensás que se resuelve?

Yo soy del mismo grupo que Carlos, me formé con él, así que tenemos una visión muy parecida. Carlos tiene un libro que publicó hace un par de años, De nuevo la sociedad (Editorial LOM, 2015), donde plantea esta crisis de legitimidad de la política chilena, y que ha sido un libro de referencia para varias de nosotras y nosotros. La tesis principal, precisamente, es el distanciamiento entre sociedad y política, como dos esferas que están operando a niveles distintos, a tal punto que la política institucional no logra visibilizar ni resolver los problemas de la sociedad. Yo comparto esa tesis. Pero me parece que, como les decía, hay que extenderla a otras instituciones: de las Fuerzas Armadas a los sindicatos, atraviesa a todas las organizaciones. Con grados distintos –porque, obviamente, la responsabilidad que tenemos nosotros que entramos recién es distinta que los que llevan 30 años–, pero todos estamos siendo impugnados en este momento, no hay excepción.

Luego, también es problemático cuando se dice “la izquierda”, no solo por la dificultad de rearticulación luego del golpe del ‘73 y de la represión que implicó la dictadura, sino porque, además, los gobiernos de la Concertación, que fueron muy neoliberales, se identificaban como de centro-izquierda: el Partido Socialista que históricamente se lo reconoce como un partido de izquierda o de centro izquierda, junto a la Democracia Cristiana, que más bien es de centro. Todo esto genera una crisis de valores y de sentido.

Si pensamos en el plano de la educación, es verdad que fue la dictadura de Pinochet quien la privatizó, quien municipalizó las escuelas y generó las condiciones para la situación crítica que vive la educación pública desde hace décadas. Pero luego, la crisis se da con los gobiernos de la Concertación. Es cuando más se reduce la matrícula pública en las escuelas y en los liceos, pero también en la educación superior. Cuando más universidades privadas se crean es con la Concertación. Si uno mira lo que hace la Concertación durante los 20 años que gobierna, son políticas muy neoliberales. Y así con cada uno de los temas.

Entonces, si se plantea el problema en términos de una crisis de la identidad de izquierda, creo que es evidente. Luego, hay una izquierda que fue extraparlamentaria mucho tiempo, que es el Partido Comunista. Y estamos nosotros, el Frente Amplio, que entramos a raíz de habernos conformado al calor de las movilizaciones estudiantiles que van de la década del 2000 hasta ahora. Pero hay una dificultad grande, porque llegamos acá y la situación del Congreso Nacional es de alta deslegitimación. Piñera tiene un nivel de aprobación muy baja, pero el Congreso también. Quiero decir: es toda la política institucional, no solo la de izquierda, la que está en crisis.

Así y todo, llega este momento, nosotros estamos en el Congreso y el Congreso tiene que responder a las demandas sociales. Pero, a su vez, este Congreso es un órgano muy impotente, muy limitado respecto de los proyectos que puede presentar y de sus áreas de incumbencia, tal como lo pensó y estructuró la Constitución neoliberal del ’80, de Jaime Guzmán. Está muy bien hecha la Constitución chilena, opera muy a favor de las elites gobernantes. Chile es un país muy presidencialista. Es la presidencia la que decide la prioridad de los proyectos; es la presidencia la que presenta todo lo que tiene que ver con la plata, con el presupuesto, con las modificaciones en el sector público; todo lo que tiene que ver con el trabajo, con el derecho a huelga, con las pensiones; sólo lo puede presentar la presidencia. Entonces, tu puedes tener un muy buen proyecto, pero que nunca va a ser tratado porque es la presidencia la que define las urgencias y los tiempos en que se tratan. El Congreso no es un contrapeso real a la presidencia. Y si hoy día, en alguna medida, logra serlo, logra canalizar las demandas sociales, es porque el gobierno está en una situación muy crítica y la presión social es muy fuerte.

En ese contexto, no ha sido fácil sostener una estrategia “institucional”, sobre todo porque, como decía, el Congreso es una institución impotente y en crisis. No es fácil diferenciarte ahí adentro. Y cuando te metes acá, es bien difícil mantener la conexión con el afuera, tienes que hacer un ejercicio muy consciente de conexión con la sociedad para lograrlo. En el caso del Partido Comunista o del Frente Amplio, nosotros nunca dejamos de participar en las movilizaciones. Y así y todo, es muy difícil de llevar esa dualidad entre estar en las movilizaciones y estar en el Congreso. Pero ese es un camino no exento de dificultades. La izquierda no ha logrado avanzar tan rápido como la sociedad en términos de organicidad, de ponerse a la “vanguardia”, en el sentido de identificar cuáles son las demandas sociales y lograr avanzar en esa dirección sin desviarse en el camino. Pero a pesar de todas estas dificultades, yo pienso en términos pragmáticos y digo que si no estuviéramos nosotros, si no estuviera el PC, este Congreso funcionaria peor. Y hasta los partidos de centro-izquierda, como el Partido Socialista, se han visto tensionados y reaccionaron ante las demandas sociales. A esto se suma lo que decía al principio, que durante mucho tiempo los gobernantes se definían como de centroizquierda, pero lo que estaban haciendo era funcionar igual que la derecha aunque tuvieran algunas diferencias. Por eso la impugnación es a todo lo que hubo estos últimos 30 años.

Evidentemente, hay una crisis del sistema en su totalidad. Hay quienes prefieren –por una cuestión ideológica y partidaria– no pensar que es una crisis del sistema, pero a todas luces me parece que esta crisis es parte de algo mayor. Las sociedades siempre tienen conflictos, situaciones críticas, necesidad de cambio. Pero esta situación chilena está completamente vinculada con el agotamiento de un sistema que se instaló durante la dictadura, que se profundizó en los gobiernos posteriores y que agobia la vida. Entonces, era más o menos evidente que iba a haber, tarde o temprano, un estallido como éste.

Comenzaste tu larga trayectoria en el movimiento estudiantil luchando, en el 2006, contra el endeudamiento de los estudiantes universitarios mediante los Créditos con Aval del Estado (CAE) y luego, como presidenta de la Comisión de educación de la Cámara de Diputados, presentaste un proyecto clave que va en el mismo sentido de aquellas luchas, el proyecto[1] Chao DICOM**, ¿qué problema está en la base de este proyecto?**

Me parece un proyecto importante. No soluciona todos los problemas que tiene la educación chilena, pero creo que soluciona un problema muy concreto que tiene que ver con que hoy, cuando tu tienes una deuda por un crédito por educación, apareces en el DICOM[2], como con cualquier otra deuda, como si fuera una deuda comercial o por un auto. Y lo cierto es que son situaciones muy diferentes porque esos jóvenes se endeudaron para educarse. Cuando tu firmas a los 18 años, no sabes qué estas firmando, porque a ti te dicen: “Mira, es un beneficio, vas a poder estudiar gratis este tiempo, pueden pasar dos años sin que pagues y después vas a empezar a pagar en unas cuotas muy pequeñas”. Entonces, los chiquillos van y firman, y tarde se enteran de las consecuencias de esa firma. De hecho, el Servicio Nacional del Consumidor –que aunque parezca ridículo, termina actuando muchas veces como protector en los casos de estudiantes endeudados– caracterizó de “vulnerable” la situación de los jóvenes que a los 18 o 19 años fueron incitados a endeudarse, en algunos casos a tasas altas y por mucho tiempo, bajo la promesa de un ascenso social improbable.

Cuando los estudiantes no pagan los pasan al Boletín Comercial. Y estar ahí les impide, entre otras cosas, sacar un crédito hipotecario. No solo que estás endeudado con la educación, sino que no puedes tener una casa. También te limita a la hora de conseguir trabajos, dado que muchas veces un requisito es no estar en el Boletín Comercial. Y hubo casos de chiquillos a los que no quisieron operar en una clínica por figurar en el DICOM. Entonces, la cuestión tiene un impacto transversal en la vida de quien figura en ese boletín de deudores, algo que evidentemente no se consideró cuando se creó el crédito. No es solo estás endeudado porque te educaste, sino que impacta en toda tu vida, porque finalmente funciona como un crédito al consumo, y si tú tienes una deuda por un crédito de consumo significa que no puedes acceder a una serie de otras cosas. Porque como en Chile la vida es muy cara y los sueldos y las pensiones son bajas, el endeudamiento es una forma de sobrevivir. Las últimas cifras dicen que hay alrededor de dos millones de personas con algún tipo de endeudamiento educacional. La cifra de endeudamiento general es aún mayor. Se mezcla que estás endeudado por educarte con todas las otras posibles deudas que tiene un grupo familiar.

Pero el problema no empezó ahora. A raíz de mi participación en el movimiento estudiantil, desde 2013 veníamos trabajando con agrupaciones de endeudados y endeudadas cuando esto ya se avizoraba como un problema, pero no tenía la masividad que tiene hoy. En ese momento nos movilizamos y denunciamos públicamente la situación. En 2016 se cumplió una década de la instauración del Crédito con Aval del Estado (CAE) –creado en 2006 bajo el gobierno de Ricardo Lagos para financiar el ingreso de los estudiantes a las universidades– lo que implicaba que ya hubiera camadas de endeudados. La deuda se había vuelto un problema masivo. Y se caía a pedazos la promesa de futuro asegurado con la que se asoció la educación superior en los ’90 y a comienzos de los 2000, que justificó la creación del CAE que hizo que los jóvenes y sus familias se endeudaran.

Lo cierto es que hoy hay mucha gente que estudió pero que no tiene pega [trabajo] de lo que estudio; mucha gente que no terminó su carrera, pero igual está endeudada; muchas personas que trabajan de lo que estudiaron, pero sus sueldos son bajos y muy precarias sus condiciones de trabajo.

Cuando Lagos crea el CAE, decía que eso iba a significar la incorporación de 300 mil nuevos estudiantes a la educación superior. Pero, al final, la cifra fue de 1 millón 200 mil. Se aumentó la matrícula. Se quintuplicó pero sin planificación ni regulación, con carreras y universidades que se abrieron y se cerraron: la Universidad del Mar, la Universidad Iberoamericana, la Universidad del Pacifico[3]. Hay muchos estudiantes endeudados que no pudieron seguir sus carreras donde la comenzaron. Luego, aprovechándose de esa desregulación, hay universidades muy buenas, pero hay otras no tan buenas. En Chile la heterogeneidad de la educación superior y de los Institutos de formación técnica es brutal. Es decir, fue menos la ampliación de un derecho que una posibilidad de negocios privados. Se masificó la educación superior de un modo no planificado, o planificado por el mercado. Todo esto está documentado.

Un problema es que los estudiantes endeudados por el CAE no están amparados por la Ley de créditos, porque ya el CAE es una ley especial, específica. Los deudores educacionales en Chile tienen una situación peor que cualquier otro deudor, porque a los otros deudores –de un crédito hipotecario, de un crédito de consumo– están amparados por la Ley de Crédito y los defiende el Servicio Nacional del Consumidor. En el CAE, nada hace contrapeso a las cláusulas abusivas de los contratos.

Movilización en Santiago de Chile. 2019. Fotografía de Paulo Slachevsky.

A comienzos de 2018 impulsamos como Frente Amplio la formación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para recopilar información sobre deudores y estudiantes afectados por el CAE. Lo que se venía denunciando y nosotros veníamos detectando era una serie de abusos por parte de los bancos que otorgan y cobran los créditos. Y que, a su vez, nos parecía que el Estado –que había  propuesto la Ley,  diseñado y promovido esta modalidad— no podría desresponsabilizarse de los efectos que esta política tiene sobre la población, en este caso, de los estudiantes endeudados y sus familias. Por eso cuando hicimos esta investigación la dividimos en cláusulas abusivas, que son del contrato, y otras que son situaciones que la Ley permite. Los bancos tienen muchas prácticas abusivas. Por ejemplo, desarrollan tácticas para dificultar el pago, impidiendo pagar por Internet –cuando hoy todas las transacciones se hacen por Internet. Entonces tienes que ir al banco, perder tu tiempo. ¿Por qué lo hacen? Para impedir que los estudiantes hagan uso de un beneficio, conseguido durante el primer gobierno de Piñera, que consiste en que si tu pagas dentro de los primeros cinco días, pagas menos interés. A raíz de toda esta situación y del contacto con los deudores empezamos a trabajar sobre qué cosas se podían hacer dentro del Congreso, con todos los límites que tiene porque, por ejemplo, la condonación no la podemos presentar nosotros porque es una atribución del gobierno.

En ese contexto fue que presentamos el proyecto de Ley que se conoce como Chao DICOM, que prohíbe que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles, sea una deuda contraída con un banco o con un centro educacional. Que se borre a los deudores por deudas educativas del DICOM. Y también presentamos al Senado un proyecto de despenalización de la deuda educativa, que es aprovechar un vacío legal para anularla, y evitar todos esos perjuicios que mencionaba.

En Chile hay harta gente endeudada y eso tiene que ver con que los servicios sociales básicos no son un derecho sino un negocio. Son vistos como bienes de consumo. De hecho, Piñera dijo que la educación es un bien de consumo y cuando habla de la educación se refiere a la “industria de la educación”.

Está abierto una proceso constituyente, ¿creés que habilita una oportunidad para reconectar la política institucional con lo que pasa en la calle? ¿Es esa una estrategia posible?

Sí, creo que es una buena forma de definir esta situación. Es una oportunidad para generar o regenerar ese vínculo entre sociedad y política que de algún modo hoy parecen rearticularse. Si uno mira los últimos años, ve que hay una disposición a movilizarse muy alta, pero luego la capacidad de organizarse es mucho más baja. La posibilidad de organizarse, de estar pendiente de los problemas públicos, de ser una sociedad que le hace contrapeso a todo este sistema que opera de manera perversa, o que opera en función de los intereses de un grupo de grandes empresarios, no funciona tan bien. Entonces, creo que es una oportunidad en ese sentido, de impulsar una sociedad más organizada y que funciona como contrapeso de esos poderes en una democracia sana. Y eso no lo teníamos hasta este momento. Creo que el proceso constituyente tiene harto que ver con eso. En Chile, por ejemplo, la cantidad de personas que estaba votando venía muy a la baja.

En ese sentido, el 18 de octubre es como un despertar, donde aparece una disposición a ser partícipe de lo que está pasando y a tomar decisiones. Lo contrario de esa idea de que cada cuatro años te busco para que votes. Porque durante esos cuatro años pasan todas las cosas que vimos que pasan y está esta experiencia también. Yo creo que el proceso constituyente es una oportunidad que aparece por la movilización, sino era imposible, no estaba de ningún modo en el programa de Sebastián Piñera. Ellos tuvieron que ceder porque vieron la situación de desborde social. El momento se aprovechó bien en ese sentido. Ahora, claro que todo esto tiene sus dificultades. Porque un proceso así igual lo canalizan las mismas instituciones que están desprestigiadas. Pero como la movilización ha sido tan potente, tan grande, hemos logrado avanzar, por ejemplo, en que el órgano constituyente sea paritario, que tenga escaños reservados para independientes en igual condiciones que las personas de los partidos. Porque este Congreso ensimismado ha generado una situación de reproducción de sí mismo y muy poco representativo de la sociedad. Si bien hay quienes critican legítimamente cómo se forja el acuerdo, hay muchos que están pendientes de que esta apertura no se cierre, están participando para que este proceso avance y pueda mantenerse abierto a la mayor cantidad de gente. Yo estoy confiada en que va a ganar la opción de que haya una nueva Constitución y que sea mediante una Convención Constituyente, que es lo más parecido a la figura de la Asamblea. Pero lo cierto es que hay que seguir trabajando para que suceda, porque va a ser un momento importante y va a servir para fortalecer la organización que hasta acá se ha construido y que tiene presencia en la calle y todo.

La Constitución es una cuestión muy importante: ya hemos hablado de las ataduras que tiene la Constitución de Pinochet, su capacidad de veto constante que impide cualquier cambio, lo que significa para el funcionamiento del Congreso, lo que significa para los derechos sociales, etc. Lo cierto es que también hay que construir esa nueva Constitución, pero para eso hace falta organizarse en condiciones distintas a las que hemos tenido todo este tiempo. Porque cuando tienes condiciones de vida muy precarias es difícil organizarse. En ese sentido, hay que pensar en objetivos de mediano a largo plazo, por supuesto la nueva Constitución, pero también alcanzar un estado de mayor bienestar social, con derechos sociales y humanos asegurados, con protección de los recursos naturales. Al mismo tiempo, me parece súper importante que haya avances a nivel institucional, porque lo constitucional, por sí solo, no da respuesta a los sueldos, a las pensiones, a la cuestión más sentida socialmente; lo que le da transversalidad y sostiene la cantidad de personas que se están movilizando. Se ha avanzado en cuestiones que tienen que ver con plata (por ejemplo, el congelamiento de las tarifas de electricidad, la rebaja de pasajes para adultos mayores), pero no estructurales. Es una tarea muy difícil porque el gobierno es un gobierno de derecha, esta no era su agenda y no van a estar muy dispuestos a cambios estructurales. Y tendrá un nivel de aprobación muy baja, pero sigue siendo el gobierno.


[1] Este proyecto fue aprobado en enero e implementado en septiembre de 2020.

[2] El Directorio de Información Comercial (DICOM) actualmente depende de Equifax Chile S.A. filial de la empresa estadounidense Equifax Inc. Nación en 1976 y obliga a bancos, notarios, Juzgados de Letras en lo Civil, Conservadores de Bienes Raíces, entre otras entidades públicas y privadas, a proporcionar quincenalmente a la Cámara de Comercio de Santiago información sobre los deudores nacionales.

[3] El grupo Laureate (holding dueño de las universidades Andrés Bello, de las Américas, de Viña del Mar, Escuela Moderna de Música y Danza y el instituto profesional AIEP) anunció en septiembre que dejaría sus operaciones en Chile.