Sofía Esther Brito es egresada de Derecho, escritora y militante feminista. Integra la Asamblea Feminista Plurinacional. Durante las movilizaciones de 2018 fue una de las figuras destacadas del feminismo: su denuncia contra el ex presidente del Tribunal Constitucional por acoso sexual y laboral, llevó a la toma de la Facultad de Derecho, desatando el llamado “Mayo feminista”. Se dedica especialmente a hacer investigación constitucional. Es autora de varios libros entre los que se destacan Por una Constitución feminista (Editorial Pez Espiral, 2020), La constitución en debate (LOM Ediciones, 2019), realizado junto a varios autores, y las plaquettes de poesía Furias Callejeras y Bestialidades (Escafandra Ediciones).
El 25 de octubre se celebró el plebiscito para iniciar el proceso de cambio de la Constitución chilena, impuesta en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet. La opción “Apruebo” se impuso de manera contundente y alcanzó 78,26 por ciento de los sufragios en detrimento de la alternativa “Rechazo”, que obtuvo solamente el 21,73 por ciento de las preferencias.
Gentileza de Sofía Brito
Desde que la revuelta puso en el centro la necesidad de transformar la Constitución, Brito participó activamente en cabildos ciudadanos y asambleas territoriales para debatir sobre este tema. Meses después del estallido, conversamos con ella para comprender qué se juega cuando se discute un cambio constitucional y qué significa que la Constitución sea feminista. “El feminismo funda una especie de narrativa: un movimiento transversal, masivo, que interpela no solo al poder patriarcal sino también a la vieja izquierda, que amplía la mirada sobre el trabajo reproductivo, sobre las triples jornadas laborales, sobre la precarización que se vuelve más intensa cuando tiene cara de mujer, de migrante”, asegura.
La revuelta y el fin de la normalidad
La revuelta produjo unos cambios culturales y el modo en que entendemos el país, que podríamos decir que son revolucionarios. Revolucionarios en el sentido de que ya no hay vuelta atrás. Siguiendo la lógica de lo que pasó con el movimiento estudiantil unos años atrás –tanto en 2018 como en 2011–, durante las primeras semanas del estallido todo el mundo decía: “Bueno, a esto le queda una semana, o dos”. Todo el tiempo se pensaba en la salida del conflicto, en términos de cuándo volvemos a la normalidad. Creo que ahora estamos en un punto en el que decimos: “Ya no hay vuelta a la normalidad”. Chile cambió y las transformaciones se están empezando a evidenciar en las relaciones sociales, en la forma en que miramos el Estado, en la forma en que criticamos las lógicas neoliberales heredadas de la dictadura. Un montón de cosas que se sabían, pero de las que no se hablaba. Las comunidades han empezado a juntarse después de muchísimo tiempo. Se conforman asambleas territoriales, que son más permanentes, y algunas adoptan el nombre de Cabildo, que remite al periodo de la independencia de España. El hecho de tener espacios de reunión, de discusiones políticas y territoriales, creo que es una cuestión revolucionaria. Tú hablas de Asamblea Constituyente en una población y todo el mundo llega a escuchar, a ver qué está pasando, a compartir su experiencia. En ese sentido, creo que estamos en un momento muy importante. Cuando se ven las asambleas territoriales como espacios que pueden nutrir una construcción política, como espacios concretos ganadas al diario vivir, para la construcción de un buen vivir, se repone algo de aquello que decíamos desde el movimiento estudiantil: que era necesario reponer el tejido social destruido por la dictadura. Y creo que eso está pasando.
Por otro lado, y en paralelo, hay un avance evidente de las violaciones a los derechos humanos. La impunidad de ellos va de la mano con los diferentes acuerdos institucionales que han hecho con la mayoría de los partidos políticos. A medida que se van logrando estos acuerdos, estos pactos políticos, se amplía el arco de la impunidad, porque quienes quedan afuera de esos acuerdos “democráticos” quedan afuera, también, de los marcos que impone su democracia, y por lo tanto “está bien” que sean reprimidos. Es decir, se va criminalizando la protesta social. Esta lógica está bastante instalada en Chile: “hay que condenar la violencia venga de donde venga”. El intento más fuerte por criminalizar y sobrecriminalizar la protesta social, en ese sentido, fueron las leyes anti-saqueos y anti-barricada. Y esta situación represiva con aval político e institucional genera una sensación de desconcierto e impunidad muy grandes. Hay cuatro informes de derechos humanos que se desconocen, simplemente. Estamos en una especie de “estado de excepción”, de dictadura, con algunos aspectos democráticos. Cuestión que ya hace mucho tiempo se vivía en el Wallmapu, pero que ahora se extiende por todos los territorios.
El feminismo como movimiento transversal
En ese marco, el feminismo cumple un rol central. Principalmente, por todo lo que ha venido haciendo estos últimos años, con mucha fuerza. Tanta, que ayuda a la reconfiguración de este movimiento social que estaba contenido, a punto de explotar. De hecho, se dice que la movilización por la huelga general del 8 de marzo de 2019, que organizaron las compañeras de la Coordinadora feminista 8M, fue la marcha más grande desde el fin de la dictadura. El feminismo funda una especie de narrativa: un movimiento transversal, masivo, que interpela no solo al poder patriarcal sino, también, a la vieja izquierda, a las viejas formas en que la izquierda se moviliza, que amplía la mirada sobre el trabajo reproductivo, sobre las triples jornadas laborales, sobre la precarización que se vuelve más intensa cuando tiene cara de mujer, de migrante. Todos esos elementos se empiezan a poner sobre la palestra. #NiUnaMenos irrumpió también acá, en Chile. Desde 2016, es un movimiento que se fue volviendo cada vez más masivo, sobre todo en espacios estudiantiles. En 2018 está lo que se llamó “el mayo feminista”, que fue una especie de irrupción en el mundo educativo respecto a la educación sexista. Y en 2019, con la huelga general, se demuestra la masividad y transversalidad que tiene el feminismo en la sociedad.
Quizá los primeros días del estallido la masividad y transversalidad del movimiento feminista no parecía evidente. Incluso creo que hubo un intento por parte de la política tradicional de recuperar el centro de la escena, como diciendo: “Acá venimos de nuevo los hombres grandes de la república a hacer política. El feminismo ya pasó”. Pero el feminismo siempre sale por algún lado, explota en algún momento. Y esto se hizo más que evidente el 25 de noviembre cuando aparecen las compañeras de Las Tesis y le dan un himno feminista a la revuelta. Y ahí comienza un espacio de apropiación feminista del estallido social, un estallido que visibiliza la violencia en todos los aspectos que viven las mujeres, desde la violencia político-sexual que viven por parte de la policía hasta la violencia doméstica que viven en sus casas.
Es muy importante poder decir que esta no es una revuelta cualquiera, no es un estallido en el que las mujeres, como en el siglo XX, quedan de lado. Acá en Chile pasó eso: el movimiento feminista, en algún momento, decidió que primero venía la lucha de clases y que después venía la lucha de género. Entonces, había que entrar a los partidos políticos y olvidarse del feminismo hasta que venga la revolución. Muchas mujeres asumieron eso. La diferencia con este momento es que no se dejaron los espacios feministas, se conformaron nuevos espacios, inclusive se empezó a ver cómo nos armábamos redes más grandes. Las tesis fueron un genial catalizador de eso.
Y todo este proceso está recorrido por la pregunta de qué hacer con el movimiento feminista. Por ejemplo, si las feministas tienen que crear un partido político propio para ingresar a la Asamblea Constituyente; o tienen que estar por fuera de la institucionalidad; o tienen que meterse en los partidos tradicionales de nuevo. Aparece de nuevo, en el fondo de la discusión política, cuál es el rol del feminismo en el estallido y en el proceso constituyente que se abre.
Sobre la legítima violencia política
Un elemento clave de la revuelta son las compañeras y compañeros de la primera línea, con sus cuerpos a disposición de la lucha. Y el hecho, para algunos terrible, de que no haya un líder con quien hablar. Creo que es un movimiento radicalmente democrático y esa democracia radical ha hecho que sea posible todo lo que hemos logrado. A nivel institucional no se ha conseguido mucho, pero a nivel la recomposición de la clase trabajadora creo que sí.
Hay una violencia política legítima por parte del pueblo. Es legítima porque es una violencia en base a la defensa contra la represión, en base a la negación del derecho a la manifestación, en base al atropello de los derechos humanos. Es una violencia que no puede negarse por parte de ningún sector político. Al mismo tiempo, esperamos no seguir teniendo compañeras y compañeros caídos, no tener más compañeras y compañeros con lesiones oculares y seguir avanzando, que la represión retroceda en algún momento y que no sea tan terrible como ha sido hasta ahora. Ha sido la única forma en que hemos logrado un proceso de apertura, en el sentido de decir que necesitamos una nueva Constitución, no porque la Constitución sea una cuestión tan maravillosa, sino porque necesitamos nuevas reglas de juego porque, lamentablemente, con estas reglas es imposible hacer nada.
Evidentemente, hay una herida abierta por sanar, por reconstruir. Se nota cuando se canta “El pueblo unido…”, o canciones de Víctor Jara. Es simbólico, también. Hay mucha gente que desconfiaba de este pueblo, de esta clase trabajadora neoliberalizada, tan cegado por el consumo. Un consumo que era, en realidad, de sobrevivencia. El consumo principal en Chile se realiza con la tarjeta Presto, que es la tarjeta para pagar el supermercado. Lo que se gasta en la tarjeta de crédito es para comer, pagar los servicios. Me parece que esta caracterización es clave para entender quiénes somos y dónde estamos parados en este momento.
Toda violencia (sexual) es política
En Chile siempre ha habido una violencia político-sexual muy establecida. Las tocaciones, los desnudamientos, los abusos, las agresiones, el roce con las lumas, el acoso por parte de los carabineros y policías a las manifestantes en conflictos sociales son habituales, desde la dictadura en adelante. Y se intensificó después del estallido. La dictadura fue todo un compendio de violencia sexual, incluso utilizando ratones y perros para cometer violaciones. Esta política represiva se mantuvo. Las estudiantes mujeres, sobre todo las más pequeñas, las de los liceos, son agredidas por parte de Carabineros.
La derecha dice que son casos aislados, que uno que otro carabinero cometió un abuso, pero en realidad es una política sistemática de violencia sexual. Un caso que se hizo público fue el de Josué Maureira, estudiante de la facultad de medicina de la Católica. Entre 10 carabineros lo obligaban a decir “soy un maricón” mientras lo violaban. Ese tipo de políticas están muy instaladas. En ese marco, mujeres y disidencias son territorios de batalla a conquistar, a disciplinar.
La otra política sistemática de represión ha sido el ataque a los ojos. Se busca enceguecer. En un Chile que despierta, que abre los ojos, que sean estos los órganos del cuerpo más afectados me parece muy simbólico, en una revuelta que es muy visual, tenemos las calles todas rayadas. Todas las calles cercanas a la Alameda eran muy limpias, no había rayados. Ahora es una especie de galería de arte al aire libre; la gente sale a rayar poesía, sus consignas, a pegar afiches hermosos. Y por eso es tan simbólico el ataque a los ojos: impide ver lo que está pasando, lo que empieza a transformarse. Y lo más impactante es que esas compañeras y compañeros que han perdido sus ojos siguen yendo a las protestas, van con sus parches. La política represiva apunta al miedo, a que no vayan nunca más, a que se queden en la casa. Pero hay una convicción tan grande del pueblo en este momento que todo el mundo quiere estar, ser protagonista.
La Constitución en debate
(asambleas barriales y territoriales)
Así como las consignas se fueron instalando sin que ningún espacio político en particular las impulsara –pienso en el “Evade”, que fue una muy linda consignas del comienzo de la revuelta, o “No son 30 pesos, son 30 años”–, del mismo modo se fue deviniendo en Asamblea Constituyente. En estas asambleas barriales y territoriales, lo primero que se empieza a discutir son las problemáticas que había en el país: la salud, la educación, las pensiones, la migración, la carencia de un estado plurinacional, etc. Tenemos una Constitución desde 1980 hecha en dictadura. Mucha gente votó que “Sí” a esa nueva Constitución, que reemplazaba a la de 1925, por miedo. Más que una elección, la Constitución del 80’ fue una imposición. En este marco, mucha gente empezó a decir que necesitamos un nuevo pacto social para Chile, incluso más: que necesitamos un acuerdo democrático, por primera vez en Chile. Eso implicó que quienes nos hemos dedicado al derecho constitucional tuviéramos que salir a explicar un poco qué son las constituciones, para qué sirven, cuáles son las trampas que tienen y, sobre todo, por qué es necesario cambiar la vigente, la del ´80. Hay un saber que ha sido negado históricamente. No tenemos idea cuáles son las leyes que nos gobiernan. Ni para qué sirve la Constitución, por quién fue hecha y con qué normas.
Mucho antes del estallido, en 2016, cuando Michelle Bachelet impulsó un proceso constituyente medianamente participativo, con un grupo de compañeros empezamos a pensar un libro que finalmente salió en octubre, y que se llama La Constitución en debate. Lo editó LOM. Es un libro que explica la Constitución, pero no para abogados, sino para toda la gente.
El llamado a este proceso constituyente respondía a una discusión que se había abierto en Chile desde 2011, con la movilización estudiantil. El argumento era que no se podía garantizar una educación pública, gratuita y de calidad porque la Constitución tiene una noción de educación que es una educación de mercado, una educación que prioriza la libertad de elegir en qué institución quiero educar a mi hijo o hija y no que el Estado garantice la educación. Se hicieron encuentros a nivel local, después provincial y después regional. Pero la Constitución que Bachelet redacta con los “supuestos resultados de todo este proceso de discusión”, no tiene nada que ver con la sistematización de las discusiones que dieron los encuentros locales. En ese proceso, nos dimos cuenta de que mucha gente no quería participar de las distintas instancias de discusión porque no tenía idea de lo que era una Constitución y cuál era su relación con las problemáticas sociales. Y ahí surgió la idea del libro, que luego demoró y salió justo en octubre, una coincidencia maravillosa.
En los encuentros que estamos transitando hay un proceso abierto, un momento de construcción. Esa es una situación muy linda porque no es que la gente se reúna a escuchar a alguien que sabe de derecho constitucional, sino que se arma un espacio de encuentro y discusión, de poner en común problemas (“bueno, a mí me pasa que yo he tenido problemas con la vivienda, con la salud”). O en determinado territorio que hay problemas con los subsidios habitacionales o con las pensiones, ese espacio de encuentro se prolonga, se vuelve permanente, se va articulando con el proceso constituyente
¿Asamblea Constituyente o Convención Constitucional?
Primero, es importante decir que las cuestiones de nombre no son solo cuestiones de nombre. La Asamblea Constituyente, como consigna y horizonte político, fue instalada por el movimiento social. Acá hay un pueblo que reconoce a la Asamblea Constituyente como el órgano democrático, y nadie habla de Convención Constitucional. Desde la creación de la Constitución acá en Chile, en 1980, hubo muchos movimientos que lucharon por una Asamblea Constituyente. Pero los gobiernos de la Concertación nunca quisieron cambiarla –solo se hizo la reforma de Ricardo Lagos, en 2005, en aspectos vinculados a la dictadura. Los movimientos sociales siempre han reconocido a la Asamblea Constituyente como vía de transformación. Asamblea Constituyente, además, es una consigna que no solamente se ha utilizado en Chile, sino también en el resto de América Latina y en otros países a nivel mundial, hace muchísimos siglos. Entonces, cambiarle el nombre no es casual ni da lo mismo: es un triunfo de la derecha.
Porque una podría decir que, en el fondo, si la Convención Constitucional está compuesta solamente por ciudadanos y ciudadanas electas para ese efecto podría ser lo mismo que la Asamblea Constituyente. Pero justamente no podemos negar la carga simbólica que tiene la Asamblea Constituyente y el hecho de no estar como propuesta hace que mucha gente diga: “Bueno, ya perdimos de entrada. No hay una Asamblea Constituyente, no vale la pena participar en el proceso”. Y una tiene que salir a decir que hay que darla vuelta en el camino, que primero tenemos que lograr que sea una Convención constitucional (es decir, con la totalidad de los convencionales elegidos para este fin), en lugar de “mixta” (entre convencionales y parlamentarios). Por eso hay un descontento tan grande con la institucionalidad y con todos los partidos políticos que firman el Acuerdo por la paz y la nueva Constitución el 15 de noviembre, cuando surge esta propuesta de Convención Constituyente.
Fue un acuerdo entre los partidos políticos a puertas cerradas, a espaldas de la ciudadanía –en Chile los partidos políticos tienen menos aprobación que Piñera, la deslegitimación de la representatividad es muy grande. Además de ser un acuerdo a espaldas de todo el mundo, la forma en que técnicamente se pensó genera un proceso constituyente totalmente arreglado. Y volvemos a la distinción entre Asamblea Constituyente y Convención Constitucional. Esta Convención Constitucional está arreglada de antemano a partir de diferentes normas que son complejas. La primera es que el quórum de aprobación de cada norma es de dos tercios, lo que le da un poder de veto muy grande a un tercio, que es el tercio de las derechas, para bloquear los cambios constitucionales.
Segundo, también se establece que los tratados internacionales son “supra constitucionales”, es decir, que están por encima de la Constitución. Uno dice: “Tratados internacionales de Derechos Humanos, muy bien, estamos todos de acuerdo”. Pero el problema son los tratados comerciales de libre comercio. Si esos tratados no pueden modificarse, tampoco se puede modificar el modelo económico, ni siquiera va a haber una discusión sobre el modelo económico porque ya está anclado con los tratados de libre comercio.
En tercer lugar, la Corte Suprema va a ser quien resuelva los conflictos de reglamento que existen en la Convención Constitucional, siendo que, en general, todas las asambleas constituyentes del mundo autorregulan sus conflictos. Como los congresos. Los congresos no tienen una disposición que diga si hay una discusión con respecto al reglamento de sala tiene que resolver la Corte Suprema. Es un absurdo, es ponerle un órgano de control, algo que no suele hacerse en ninguna parte del mundo. La cuestión es que se trata de anclar a lo viejo todo el rato, a lo ya constituido, a lo que viene de la Constitución del ’80.
En cuarto lugar, esta no es una reforma hecha en abstracto. Lo que deberían haber hecho los políticos es hacer un capítulo de reforma constitucional en la Constitución del ‘80 que diga: en caso de que el pueblo necesite cambiar la Constitución, debe hacerlo de esta, esta y esta forma. En cambio, ¿qué hicieron? Regularon un proceso concreto que se da una sola vez, en la misma Constitución se regulan las fechas.
Quinto, y como guinda de la torta, se establece que si, por ejemplo, gana el cambio constitucional, se conforma el órgano constituyente para crear la nueva Constitución. Pero si luego en el plebiscito ratificatorio la gente dice “no me gusta esta Constitución”, ¿qué pasa? ¿se vuelve a la Constitución vieja, del ‘80? ¿Hacemos que no pasó nada?
Como ven, todo esto es lo que hace pensar que hay una tendencia a tocar lo menos posible la Constitución actual. La discusión dentro de la derecha actualmente es esa, si es posible mantener el modelo económico con una nueva Constitución o no. Por eso tienen todos los resguardos, para que la cosa sea súper reglada. Además, obviamente, mantienen todo el poder que tienen a nivel de los medios de comunicación, es decir, la posibilidad de hacer una contra campaña que sea muy grande. Y al final esto genera cierta desesperanza, porque la gente dice: “bueno, si ya está todo esto, ¿para qué vamos a participar?”. De hecho, el voto es obligatorio solamente para este último plebiscito ratificatorio, pero para todo lo demás el voto es voluntario. Son demasiadas las trampas. Está demasiado bien pensado.
Lo que venimos conversando en asambleas territoriales y con organizaciones sociales es darle la vuelta al proceso en el camino. Hay que intentar hacer una red transversal de movimientos sociales y organizaciones sociales que dispute la orientación de los cambios. Podríamos tomar como ejemplo el caso de Bolivia, donde la representación de las mujeres en la Asamblea Constituyente era pequeña, menor al 30 por ciento. Y lo que hicieron las mujeres indígenas bolivianas fue crear una red transversal de mujeres con cartillas de formación, con espacios de discusión y con eso hicieron presión para consagrar una Constitución que les reconociera su identidad como mujeres indígenas. Fue una pelea dura porque enfrentaban a una derecha fuerte, que iba tensando los acuerdos; fue una discusión enorme, pero a través de esa presión las redes feministas lograron torcer lo que venía bloqueado de origen. En cierto sentido, lo mismo pasó en Colombia y en Venezuela. Los cambios más profundos se vinculan con la presión de redes de movimientos y organizaciones sociales que están por fuera de la Constituyente.
Lo mismo sucedió con la cuestión de la paridad de género acá, que recién en este contexto se puede dar la discusión. Hasta antes de la revuelta todo el mundo estaba espantado con la paridad. De hecho nosotros no tenemos leyes de paridad en el Congreso, recién en 2015 se aceptó un sistema de cuotas. Somos uno de los países más atrasados con respecto a este tema nivel básico de democratización. Y fueron Las Tesis y las asambleas feministas las que lograron eso.
El desafío es la articulación en red de todas estas asambleas territoriales, barriales, cabildos, etc. para que todas estemos al tanto de discusiones que son muy técnicas. Nuestra idea es “destecnificar” el lenguaje, para que la gente no sienta que la cuestión está perdida o no hay nada que hacer. Hay que instalar, primero, la necesidad del voto, ir contra la abstención. Después le damos la vuelta, empezamos a hablar de Asamblea Constituyente. Las asambleas constituyentes a nivel internacional son soberanas. Por lo que quizá también se pueda presionar a nivel internacional, como para ir sacando todas las trabas que vienen de la Constitución anterior. Lo que han hecho en Chile a nivel de cambio constitucional es algo que ya no se hace en el mundo, y que pocas veces se ha hecho. Porque las asambleas constituyentes son órganos soberanos en los que el poder constituido no se puede inmiscuir, como en este caso la Corte Suprema. Es un desafío enorme y complejo acá en Chile. Depende mucho del poder de acceso que tengamos al órgano y de cómo los movimientos sociales se vayan articulando en el mismo proceso.
El neoliberalismo a nivel constitucional
Si se lograse una Asamblea Constituyente soberana todo entra en discusión. Si una habla de teoría constitucional, cuando se cambia una Constitución todo se rediscute. Se podría cambiar la privatización del agua; se podría cambiar el hecho de que no tenemos un estado Plurinacional; se podría cambiar el tema de las pensiones. En teoría, se puede cambiar todo. Esa es la gracia de haber devenido en un proceso constituyente que permita ir más allá de estos topes. La Constitución del ’80 consagró el modelo neoliberal que se fue instalando durante la dictadura por los Chicago Boys. Hubo una Comisión Técnica que se llamó Comisión Ortuzar. Eran siete hombres, abogados todos, y una sola mujer. Jaime Guzmán era el más importante. Siete hombres y se tomaron siete años para pensar: ¿Cómo consagrar el neoliberalismo a nivel constitucional?
Tenemos un proceso constituyente que no es soberano, que tiene ciertas cuestiones regladas de antemano. El desafío de los movimientos sociales va a ser darle la vuelta a ese reglamento y a esa normativa que viene impuesta de un proceso ya constituido. Solo una verdadera Asamblea Constituyente es soberana, en el pueblo recae el poder constituyente.
Es una cuestión política. Cuando los conflictos se judicializan se intentan tecnificar, y se intenta negar su dimensión contrahegemónica. Es un derecho y funciona así, estas son las reglas del juego. En realidad, es un problema de hegemonía: el problema de quién tiene la fuerza para poder hacer los cambios. Antes nos decían que era imposible cambiar la Constitución porque no había una norma en la misma Constitución que permita el cambio. Ahora, en otra correlación de fuerzas, se creó la norma.
La Constitución, en sí, no contiene un mecanismo de autodestrucción. En otras experiencias latinoamericanas –Venezuela, Bolivia, Ecuador– se generaron procesos constituyentes que quebraron la institucionalidad principalmente porque había un poder ejecutivo que promovía ese quiebre. No obstante, en sus nuevas constituciones redactaron un artículo en la parte final que explicita un mecanismo para cambiar la Constitución. Eso permite que la próxima vez que Venezuela, Ecuador o Bolivia quieren cambiar sus Constituciones no necesitan un poder ejecutivo fuerte o una revuelta social, sino sencillamente con un proyecto firmado por un determinado porcentaje del Congreso o de la ciudadanía
Una Constitución mínima, que tenga los mínimos acuerdos, como han dicho muchos constitucionalistas. Porque como está todo tan polarizado no vamos a poder apuntar a más. Pero cuando me dicen Constitución mínima pienso en el siglo XIX, es decir: constitución sin derechos, sin reconocimiento de otras identidades. Se supone que el planeta ha avanzado hacia otra cosa. Lo que necesitamos es una Constitución y ojalá regule mejor los recursos naturales y bienes comunes, para que no nos quedemos sin planeta. Que regule el reconocimiento de las identidades y los derechos sociales, sexuales y reproductivos que siempre es una cuestión que nos han negado. Una constitución que no va a durar otros 30 años porque las cosas van cambiando tan rápido que va a haber que cambiarla de nuevo. A nivel mundial no duran más que 30 años salvo EEUU e Inglaterra porque se creen seres fundantes del mundo pero las demás duran ese tiempo.
El plebiscito vuelve a poner el tiempo a nuestro favor
(a un año de la revuelta)
Sin duda, este año ha sido durísimo. Con la pandemia nos vimos obligadas a replegarnos para sostener la vida. Las asambleas territoriales cobraron el sentido de cooperación, solidaridad, se levantaron ollas comunes como alternativa comunitaria ante la falta de apoyo estatal. Creo que antes del 18 de octubre de este año estábamos en una gran desazón. La represión en Wallmapu se vino con todo, las fuerzas policiales tiraron río abajo a un niño de solo 16 años en las primeras movilizaciones post pandemia. Sin embargo, el 18 nos hizo volver a encontrarnos, y de algún modo, fue leído simbólicamente como el día de nuestra verdadera independencia. Una fiesta popular. Una semana después, en el plebiscito del 25, demostramos que podemos ganar en su propia cancha. Que solo las comunas donde habitan las clases dominantes votaron rechazo.
Ahora, el desafío es gigante. Para seguir nuestro desborde popular, tenemos que comprender que necesitamos todas las vías de lucha para vencer. Es obvio que desde arriba van a querer que todo se vuelque a lo electoral, al desfile de rostros de candidaturas, a la “farandulización” de la política. Pero no nos sirve eso, puesto que significa nuevamente delegar nuestra voluntad popular en figuras individuales. Para desbordar el proceso institucional tenemos que considerar los espacios que ya hemos copado desde el campo popular. Hemos estado en las calles con la protesta. Hemos reconstituido los tejidos en nuestras asambleas. Hemos propuestos instancias de discusión paralelas a lo institucional, que debiesen devenir en una Asamblea Popular Constituyente. Creo que todos esos procesos deben entramarse, y así quienes nos representen en la Convención, tengan un mandato de las discusiones de base. Va a ser difícil, porque estamos muy acostumbrades a que una vía de lucha es más importante que la otra. Pero, aunque no nos llevemos bien, debemos confiar en nosotres mismes. Marchar separades, pero golpear juntes.