Chile sufre una crisis hídrica de grandes dimensiones. La situación se agrava en las comunas con mayor desigualdad social. En medio del debate sobre la nueva Constitución, el tema del agua cobra centralidad, en un país donde este recurso natural está privatizado y es una muestra más de la profundidad con la que se instaló el neoliberalismo. Las organizaciones reclaman que se declare como un bien de uso público y sea reconocido como un derecho humano.
Francisca “Pancha” Fernández Droguett, es referente del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT). “Nos conformamos en 2013 con un objetivo súper específico: derogar el Código de Aguas. Chile es el único país del mundo que tiene un código de agua que permite comprar, vender, hipotecar o arrendar derechos de agua. Y eso genera un mercado que es, por un lado, el principal instrumento de privatización del agua, pero por otro, genera la megasequía que estamos viviendo hoy en Chile, producto de un megasaqueo y no exclusivamente del cambio climático”, explica.
Gentileza de Francisca ‘Pancha’ Fernández
El movimiento está integrado por unas 100 organizaciones, agrupadas en zonales: norte, sur y centro. Participan ONGs y agrupaciones vinculadas a la ecología política y al ecofeminismo. El MAT se define anticapitalista, antiextractivista, y denuncia el “capitalismo verde”. Fernández Dorguett también forma parte de la Coordinadora Feminista 8M: “Nosotras aportamos a la Coordinadora una lectura desde el feminismo territorial, o ecofeminismo, o feminismo de los pueblos, como me gusta llamarlo”, dice.
Hacia la gestión comunitaria del agua
En marzo del 2019 hicimos un encuentro muy importante en una laguna que literalmente desapareció, la laguna Aculeo, a una hora de Santiago. Allí propusimos que 2019 sea el año de los cabildos por el agua y acordamos realizar el primer cabildo en octubre, precisamente. Los cabildos por el agua tienen distintos propósitos. Buscamos generar insumos de debate, no solo al interior del Movimiento sino también en otros territorios, tanto urbanos como rurales. La idea era diagnosticar la situación hídrica en cada zona, según el contexto local, para luego proponer una reflexión sobre cómo pensar una gestión comunitaria del agua, desde los acuíferos hasta la situación sanitaria, o la del mar.
En ese sentido, desde el Movimiento no estamos esperando una nacionalización del agua, no solo porque no parece haber dentro del Estado neoliberal posibilidad de plantear la nacionalización, sino además, porque nos planteamos como “plurinacionales”. Y entendemos que somos distintos pueblos que estamos en un proceso de recuperación territorial y, por ende, del agua. La idea de “gestión comunitaria del agua” es una fórmula que proponemos para pensar mecanismos específicos de gestión de este bien natural, con toda la diversidad que implica. La idea era presentar este diagnóstico a fin de 2019, en el marco de la cumbre alternativa a la COP25, algo que finalmente hicimos. Queríamos presentar en esa cumbre un decálogo por los derechos de las aguas y su gestión comunitaria.[1]
Fue algo mágico y hermoso que el estallido del 18 de octubre nos haya encontrado iniciando el primer cabildo. Porque, finalmente, el estallido es un proceso destituyente y constituyente. Destituyente del orden político imperante y al que estamos atacando. Somos bien enfáticos y enfáticas en señalar “Fuera Piñera”. Y además constituyente de nuevos horizontes políticos, más allá de lo que puede pasar por el Estado. Es imprescindible dar el debate por una Asamblea Constituyente, por una nueva Constitución, pero también esos nuevos horizontes se van construyendo en las asambleas territoriales y en los cabildos.
Y en esta dinámica destituyente/constituyente, el estallido abre horizontes, acelera tiempos. Cuestiones que parecían imposibles o lejanas comienzan a volverse palpables, como la posibilidad de derogar el Código de Aguas. ¿Es un tema que vienen pudiendo instalar en las asambleas territoriales y cabildos?
Es interesante porque es la primera vez que vemos, de verdad, la posibilidad concreta de derogar el Código de Aguas. Nunca fue tan palpable esto. Desde 2013 veníamos diciendo que para para derogar el Código de Aguas había que convocar a una Asamblea Constituyente y redactar una nueva Constitución en la que el agua fuera reconocida como derecho humano y como derecho de la naturaleza. Veníamos trabajando en ese sentido. Pero el estallido de octubre acelera los tiempos y nos permite pensar que ya no tenemos que reflexionar tanto a largo plazo, hay posibilidades reales de injerencia aquí y ahora.
El MAT tiene una perspectiva territorial. Nos organizamos en zonales. Es una estructura transversal, pero que respeta el carácter organizativo territorial. Tenemos vocerías cada dos años, con un criterio de género que no es el de la paridad (que tiene que haber misma cantidad de mujeres que de hombres), sino que tiene que haber una mujer sí o sí. Es decir, puede no haber hombres. Algo que, además, ha pasado últimamente. La construcción patriarcal ha hecho que históricamente las mujeres estuviéramos a tal nivel relegadas que si usamos la figura de la paridad puede que eso no fortalezca la presencia de las mujeres en los territorios, siendo hay más mujeres que hombres en las organizaciones.
¿Por qué les estoy dando este ejemplo? Porque en el sur, por ejemplo, en el Wallmapu, hay organizaciones y comunidades mapuche que son parte del MAT, y tienen sus propias formas de organización que tiene que ver con sus autoridades originarias, lonkos y werkenes. Y no tienen un carácter rotativo, como el nuestro, porque responden a sus dinámicas territoriales. Entonces, frente a eso también la forma de trabajo es diferente.
Una vez al año tenemos lo que llamamos el “Encuentro Plurinacional por el Agua y los Territorios” para hacer un diagnóstico de cómo fue el año y crear la agenda conjunta del año que se viene. La sede del encuentro va cambiando, puede ser bien al sur, en territorio mapuche, como en Panguipulli; puede ser en la zona central, como en la laguna de Aculeo, que es una zona que se secó; puede ser en Calama, que es la ciudad minera por excelencia en Chile. Además de este Encuentro, también impulsamos los “Cabildos por el agua”, como instancias de reflexión sobre la gestión comunitaria del agua. Y, al mismo tiempo, desde el estallido surgieron muchas asambleas territoriales, que son espacios donde la población canaliza su participación.
Entonces, son dos dimensiones. Por una parte, organizaciones socio-ambientales participando de la asamblea territorial correspondiente a tu territorio; y, por otra parte, asambleas creadas al alero de la lucha socio-ambiental. Entonces, eso ha generado que sigamos manteniendo los “Cabildos por el agua”, como MAT, pero también mantenemos la organización activa proveyendo de insumos, preguntas y reflexiones sobre el problema del agua a las asambleas territoriales. Hemos generado las dos dinámicas, porque entendemos que hay territorios, sobre todo urbanos, en los que estos temas son casi nuevos, donde aún no ha madurado una reflexión como para desarrollar “Cabildos por el agua”. Mejor, entonces, aportar con información, con reflexiones, con preguntas sobre los propios territorios y la situación del agua en ellos.
Al mismo tiempo, vos formás parte del Comité socioambiental feminista de la Coordinadora Feminista 8M, ¿cómo viviste el estallido desde allí?
Ese comité lo conformamos mujeres del MAT y mujeres y disidencias sexuales de otras organizaciones socioambientales. Nosotras aportamos a la Coordinadora una lectura desde el feminismo territorial, o ecofeminismo, o feminismo de los pueblos, como me gusta llamarlo. Desde ese lugar también el estallido nos tocó en un momento importante, porque estábamos en una plena reflexión sobre cómo darle continuidad al programa de la Coordinadora, pensando en trabajar en asambleas plurinacionales, para marcar la agenda del 8 de marzo del 2020. En 2019 la marcha había sido la segunda más grande de la historia chilena post-dictadura cívico militar.
Con el estallido pasa algo bien interesante, incluso contradictorio. Desde el feminismo, siempre entendimos la revuelta como un estallido espontáneo: la experiencia corporal de la toma de la calle, la rabia acumulada, el rechazo al neoliberalismo. Sin embargo, ya habían trazos, trayectorias, rutas generadas por organizaciones feministas, de lucha socio-ambiental, de pueblos originarios, del movimiento estudiantil. Y acá viene la autocrítica a nuestras izquierdas: si bien son las plataformas que lograron marcar trayectorias y trazos, con el estallido de octubre nos encontramos en una situación muy inmediata de invisibilización de esas trayectorias. De hecho, tuvimos que hacer una “disputa interna” para que las izquierdas más institucionales, como el Frente Amplio, u organizaciones más de tipo sindical, como la Coordinadora No+AFP, vinculada a Unidad Social, nos visibilizaran.
Me da la sensación de que hubo una suerte de cooptamiento, o de captación de la atención por parte de los relatos más clásicos de la izquierda y el sindicalismo. Lo que nos pasó, entonces, es que el día dos ya teníamos que disputar la calle con carácter feminista. Llamamos a esto, en aquellos primeros días, “disputar la yegua” ¿Por qué? Porque el primer núcleo neurálgico, que luego se convirtió en la Plaza de la Dignidad, es donde está la estatua del General Baquedano a caballo. Y en esa primera semana dijimos: “Esto está espectacular, pero demasiado masculino”. Así que agarramos nuestros pañolines por el aborto y nos fuimos bien temprano a la plaza, a disputar la yegua. Es una disputa simbólica, espacial, que damos desde el feminismo como forma de contrarrestar esto que entendemos como una invisibilización. Desde el feminismo Las Tesis justamente rompieron con eso, generaron visibilidad en el espacio público. Y evidenciaron que hay una validez pública, masiva, del feminismo como uno de los horizontes políticos fundamentales y que instala una serie de debates en la palestra.
En cuanto a las cuestiones socio-ambientales, ahí sí siento que hay una deuda. Por ejemplo, en Unidad Social a lo sumo se habla de “nacionalizar los recursos naturales”, no entendieron nada de lo que venimos planteando. Primero, porque hace años que no hablamos de recursos naturales, hablamos de “bienes comunes”, de “bienes comunitarios”, o directamente de la “naturaleza”. Pero hace ya siete años que estamos discutiendo la idea de la nacionalización. Lo que queremos es desprivatizar, a partir de un nuevo cuerpo normativo que no pasa necesariamente por el Estado. Con esto no queremos decir que, a cierto nivel, como el sanitario, como en el caso del agua potable, del proceso de saneamiento de las aguas servidas, no sea fundamental una mixtura entre comunidad y municipio. Igual, está tan privatizado este país que ni siquiera tenemos ese tipo de posibilidades.
Entonces, el feminismo logró posicionarse desde lo performático, que es una de sus mayores fortalezas. En cuanto a lo socio-ambiental, aún no logra masivizarse como problema. Sin embargo, en algunas localidades agrícolas, en las primeras semanas del estallido, rompieron bocas de tomas de agua privadas, para hacer correr las aguas. O, por ejemplo, el caso de la comunidad de El Melón, que tomaron el Pozo 9 –que es un pozo que abastece a una minera– para que abasteciera a la comunidad. Esto está diciendo que la lucha socio-ambiental, sin duda, es clave en esta pelea.
El MAT se define anticapitalista, antiextractivista, y denuncia el “capitalismo verde” y el “feminismo funcional”. Señalan que la alternativa al extractivismo es posible desde las economías locales territoriales y solidarias. ¿Podés explicarnos un poco esta discusión con el capitalismo verde y el feminismo funcional?
El MAT es muy variado, somos muchas y distintas organizaciones, pero logramos asumir una perspectiva crítica. La mayoría de las veces, cuando se trata de establecer la trayectoria del movimiento ecologista, se lo piensa vinculado a la lucha por el agua, por el medioambiente, pero no con un carácter de crítica más estructural, a la violencia estructural. Es por eso que me parece muy relevante situarnos como movimiento anticapitalista. Queremos poner en discusión un ecologismo pensado desde la actitud propositiva, como una alternativa al capitalismo en su dimensión extractivista, pero también al capitalismo en general. No estamos diciendo que lo vamos a hacer mañana, pero como horizonte político lo vemos desde ahí. Lo que nos interesa no es algo paralelo, tipo “energía limpia”, sino una alternativa a la matriz productiva y energética de los distintos territorios.
Esa alternativa es tanto general, al modelo capitalista como forma de relación estructural de la precariedad de nuestras vidas, como al carácter extractivista particular. El capitalismo tiene una característica distintiva en América Latina, dado ya desde el gesto colonial. La riqueza y la concentración de poder pasa por la extracción ilimitada de los mal llamados “recursos naturales” para los mercados internacionales, generando despojo y contaminación.
Por eso nos definimos como movimiento antiextractivista que, por una parte, es una crítica al capitalismo, pero también es una crítica al progresismo latinoamericano. Somos críticos a cualquier tipo de propuesta de megaminería, más allá de que en algunos casos sea para la exportación y en otros casos sea para el financiamiento de políticas públicas. Como Chile es tan neoliberal, nuestro énfasis es contra el “capitalismo verde”. Porque pareciera que la solución está dada en políticas que se proponen “reducir”, “reciclar”, “reutilizar”, o ducharse en tres minutos. El capitalismo verde es el que propone cuidar el medioambiente, pero con medidas individuales, sin ver el carácter estructural de la problemática.
Acá el problema no es el cambio climático, acá el problema es el acaparamiento del agua a través de la figura del Código de Aguas. Eso no quiere decir que el cambio climático no sea un elemento que determina la relación territorial, pero no hay que despolitizar esta categoría: el cambio climático también es producto de cierta forma de producción, de cierta economía. No todos estamos en la misma condición de causantes de las problemáticas de cambio climático. Por eso no nos gusta mucho hablar de cambio climático y nos parece fundamental discutir el capitalismo verde.
Pero también hacemos una segunda lectura, que nos hace definirnos como movimiento por la despatriarcalización, no necesariamente feminista –al margen de que yo lo sea. El extractivismo, además, tiene un componente patriarcal, en tanto que genera economías masculinizadas. No solo porque en la usurpación y apropiación se pueden entrever formas hegemónicas masculinas de poder. También es una forma de producción que genera más precariedad en las mujeres. Es decir, en los territorios más degradados por políticas extractivistas, las mujeres son las que tiene más condiciones de vulnerabilidad: son las que tienen trabajos más precarios, más flexibilidad, además de la sobrecarga por el trabajo reproductivo.
Por ejemplo, en los “territorios en sacrificio”, además de estar trabajando, además de cuidar la vida, la gestión del espacio privado, tienen que cuidar los focos de contaminación, de intoxicación. Por eso decimos que esta economía extractivista tiene un carácter masculinizado que repercute en todos los planos: en el trabajo productivo, reproductivo y, además, en la resistencia. Trabajas, reproduces y resistes. Siempre contamos una experiencia de una comunidad en Caimanes, un pueblo en la comuna de Los Vilos, provincia del Choapa; una comunidad que estuvo tres meses cortando la carretera porque la minera Los Pelambres, del Grupo Luksic, la dejó sin agua, secaron completamente el estero. El 80 por ciento de quienes estaban ahí, en la carretera, eran mujeres, y nos pusimos a charlar y dicen: “Miren la complejidad, aquí estamos resistiendo, pero mucho de nuestros amigos e hijos trabajan en Los Pelambres porque no hay otro tipo de trabajo. Entonces, resistimos y nos sacamos la cresta trabajando y cuidado la casa, pero estamos peleadas con nuestros esposos, con nuestros hijos. Y, además, cuando negocian, negocian ellos”.
Las luchas por la despatriarcalización y el feminismo están completamente articuladas. Por eso, las disputas son también contra el feminismo institucional que, por ejemplo, invisibiliza la dimensión de lo socio-ambiental como parte de la lucha feminista y, cuando las visibiliza lo hace exclusivamente desde el capitalismo funcional: “Organicemos mujeres emprendedoras para ver cómo reducir el plástico en un espacio local”. Es decir, sin cuestionar el carácter estructural del tipo de economía masculinizada que ha generado la precariedad de mujeres, niñas y disidencias sexuales.
Al mismo tiempo, como MAT, participan de ese nivel de articulación mayor que es la mesa de Unidad Social. ¿Qué balance vienen haciendo de esa experiencia?
Es importante contextualizar el surgimiento de Unidad Social, lo que explica también muchas de las tensiones que vinieron después. Como MAT, desde 2013 hemos encarado dos hitos anuales importantes a nivel de la lucha por el agua: el 22 de marzo (que es el día mundial del agua) y el 22 de abril (que es el día mundial del medioambiente o de la naturaleza). Son dos grandes marchas. En marzo son movilizaciones locales: cada comunidad, localidad, barrio desarrolla formas de expresión y movilización distinta. En abril, que es la fecha más emblemática, se movilizan todos los territorios simultáneamente. En algunos casos, hemos hecho marchas en una localidad y hemos viajado todos a esa localidad y estos últimos años, hemos hecho marchas cada uno en su territorio al mismo tiempo.
En 2019 la Coordinadora No+AFP llamó a una gran movilización contra las AFP para el 22 de abril –no se habían dado cuenta de que esa era una fecha emblemática para nosotros– y se resolvió que hiciéramos la movilización nuestra la siguiente semana. La Coordinadora No+AFP nos invitó a reflexionar en el escenario sobre la vinculación entre la privatización del agua y la privatización de la previsión social. Sobre todo porque son los mismos actores, los mismos grupos económicos, las mismas familias, las que están metidas en la industria educativa, las que son dueñas de los derecho de agua, las que están vinculadas a la minera, a los agronegocios, a la industria extractiva del salmón; y son los mismos que están vinculados con las AFP. La lógica es la misma: la privatización de todas las esferas de la vida. Fue el año que tuvimos más cobertura de prensa. Esa situación hizo que empecemos a tender nuestros primeros lazos, nos empezamos a dar cuenta que muchas veces no conocíamos lo que hacía el otro movimiento. Finalmente, todos teníamos esta dimensión de crítica estructural que nos hacía que sea súper importante articularnos, mínimo para no toparnos con las fechas, para conocer el trabajo del otro y, quizás, generar una agenda conjunta.
En ese proceso se fue armando, junto a otras organizaciones sociales (feministas, de pobladores, de migrantes) lo que llamamos “plataforma de movimientos sociales”, un espacio que, con sus altibajos, se reunía e intentaba armar una agenda común. En junio de 2019, por iniciativa de la Coordinadora No+AFP, de la Confech y de otras organizaciones más de tipo sindical, se formaliza Unidad Social, una plataforma más permanente. Pero esta iniciativa también incluía a la Central Obrera de Chile (CUT). La CUT es el sindicalismo más institucional y oficial que hay. Muy partidista, con muchos conflictos en distintos sectores. El ingreso de la CUT a este espacio fue sin consultarnos, lo que nos generó bastante ruido. Igual decidimos seguir.
Pero llegó el estallido de octubre, y dentro de Unidad Social se arma un bloque sindical que se arroga cierta conducción del espacio e intenta darle un carácter popular-sindical al estallido social. Y ahí empezaron los roces, los desentendimientos. Por ejemplo, inmediatamente luego del estallido hubo llamados a huelga general, algo en lo estábamos de acuerdo como Coordinadora feministas 8M y como MAT. Pero este bloque salió a decirnos que no era lo adecuado. Tres días después, cuando se dieron cuenta de lo potente que era la movilización, llamaron a la huelga.
Entonces, creo que gran parte de los problemas al interior de Unidad Social comenzaron cuando se armó una estructura “en bloques” que no discutimos ni decidimos entre todos los sectores movilizados. Se armó el bloque sindical y nos decían que nos creemos nuestros propios bloques, por ejemplo el bloque feminista. Pero nosotras, las feministas, no podemos ser un bloque, porque nuestro objetivo es transversalizar el feminismo, sería contradictorio, no somos un eje. En mi caso, como feminista, estoy vinculada a la lucha socio-ambiental, otras están vinculadas a lo educacional y así. Y lo mismo decíamos desde las organizaciones ambientales: no nos interesa ser un bloque socio-ambiental, porque para nosotros la perspectiva de la ecología política que queremos instalar cruza desde el sindicalismo hasta el feminismo.
El segundo punto de conflicto fue cuando se elabora un petitorio de demandas para una Asamblea Constituyente, y entre esas demandas no aparecía el carácter plurinacional (que es una defensa que hemos hecho tanto MAT como pueblos originarios) ni el carácter feminista de esa Asamblea. En el caso de lo plurinacional, se logró instalar aunque desde una perspectiva bastante reducida. Por ejemplo, en el MAT nosotros entendemos la plurinacionalidad como la articulación entre distintas comunidades políticas, entre distintos pueblos: pueblo originario, afro, migrantes. Lo plurinacional no remite, exclusivamente, a escaños de los pueblos originarios en la Asamblea Constituyente, sino a una forma de relacionarnos políticamente. En cuanto al carácter feminista, no logramos ganar esa discusión y quedó lo paritario como sinónimo de feminista. En cuanto a lo socio-ambiental, logramos que no se hablara más de “nacionalizar los recursos naturales”, sino de derogar el Código de Aguas. Por otra parte, solo participa el zonal centro en Unidad Social, ni la zona norte, ni la zona sur. En el Wallmapu no tiene demasiada afinidad con las organizaciones más institucionales, o de izquierda clásica. Y en el norte, que es una zona en la que la CUT tuvo mucho presencia, la ven como un espacio muy partidista.
Tal como contás, una situación similar de perspectivas y lenguajes divergentes se debe dar con los partidos de izquierda, con la izquierda parlamentaria. Pero al mismo tiempo, tener como objetivo la derogación del Código de Aguas, imaginamos, implica cierta apertura, tratar de dar las discusiones en la mayor cantidad de espacios posibles…
Sí, totalmente. Nuestro principal objetivo es la derogación del Código de Aguas y nuestra lectura es que para llegar a esa derogación tiene que ser algo sentido por todas y todos, desde cada espacio territorial. En el MAT nos conformamos históricamente bajo la idea de visibilizar las dinámicas de cada territorio, por lo que, para nosotros, muchas veces era más importante sensibilizar y dar el debate hacia adentro de las organizaciones que conforman el MAT, que participar en debates más formales o institucionales. Igual, ojo, hasta antes del estallido las expectativas generales no estaban puestas en la derogación – aunque siempre hemos estado por derogar–, sino en la reforma del Código de Aguas. Y esta reforma implicaba un diálogo institucional, con los partidos y al interior del Congreso. Después del estallido todos los otros grupos socioambientales empezaron a hablar de derogar. Pero antes no. Muchas veces nos criticaban que éramos muy radicales en esta idea de derogar. Hoy ya no, porque parece que es de sentido común que hay que derogar. Y eso lo ha dado el estallido. Por fin llegamos a ese lugar.
Claro que hay organizaciones dentro del MAT que tienen vínculos con diputados y diputadas. La relación con partidos y referentes políticos de izquierda no la establecemos como MAT, sino que la establece cada organización. Como MAT no nos parece central esta articulación, pero respetamos que los territorios u organizaciones lo hagan porque puede ser parte de su quehacer. Además, no son muchos, pero hay diputadas y diputados que han hecho mucho por el tema del agua en sus espacios territoriales. Luego, también, hay izquierdas e izquierdas. Con la Concertación, con Bachelet, nada. Ellos consolidaron el modelo que queremos eliminar. Ni siquiera se los puede llamar izquierda. Lo más cercano es el Frente Amplio, pero tenemos hartas dificultades. Todavía hay lógicas partidistas que son muy distintas a las lógicas de los movimientos de los territorios, por ejemplo, la toma de decisiones.
E imaginamos que toda esa complejidad se va a ir agudizando a lo largo del proceso constituyente. ¿Cómo aprovechar la ocasión en que parecen abiertas nuevas posibilidades sin quedar subordinado a la agenda institucional? Hay todo un desafío ahí para los movimientos.
Sí, es complejo, porque como en todo movimiento social tenemos distintas lecturas que nos aúnan y que nos diferencian, y ahí tenemos que generar políticas de consenso, que es lo más complejo. Pero ese es un desafío que tenemos desde el momento en que nos conformamos como movimiento. Desde ese momento ya surgió el problema de cómo enfrentar la privatización del agua. Hoy el gran amarre de la privatización del agua es la Constitución, y el Código de Aguas que es el instrumento que la privatizó. Entonces, nuestra demanda es Asamblea constituyente y nueva Constitución. Pero, como decía al comienzo, en la base de lo que hoy se abre como posibilidad está el proceso destituyente: mantener la movilización que produjo el estallido nos parece muy importante y convive con lo constituyente. La calle no puede ser en ningún momento abandonada porque ahí se despliega lo destituyente. Lo destituyente es parte de los asuntos políticos constituidos desde la calle.
El proceso constituyente lo hemos reflexionado en dos niveles: un proceso constituyente autónomo, por decirlo así, y el proceso constituyente institucional. Dos procesos que no necesariamente son contradictorios, por más que las personas y las organizaciones suelen sentirse más próximos a uno que al otro. Pero como MAT estamos, en cierto sentido, apuntando a los dos niveles, porque en el fondo el impulso institucional también nos permite ir generando insumos para una Asamblea constituyente. Esta Asamblea constituyente autónoma, decimos nosotros, tiene que ser plurinacional, feminista y con enfoque socioambiental. En ese sentido, lo que queremos es Asamblea constituyente, donde estén personas constituyentes del MAT participando de la construcción de una nueva Constitución, esa es la vía institucional. Sin embargo, ya encontramos el primer problema, que no está esa posibilidad. Hoy está la Convención Constitucional, ahí tenemos un debate: ¿cómo participamos de ese proceso cuando la opción a una Asamblea Constituyente ya no existe?
Muchas compañeras y compañeros nos dicen que, si la vía institucional es la Convención Constitucional, que tenemos que instalar allí la derogación del Código de Aguas. Pero nosotros no podemos dejar de poner en valor esta segunda vía, la vía más autónoma, que permite entender que la Constitución es un horizonte político desde la plurinacionalidad, desde la articulación de distintas comunidades políticas, donde la asambleas territoriales y los cabildos autoconvocados son el pilar fundamental de la constitución de estos nuevos horizontes políticos. Y esa vía no necesariamente pasa por la otra.
Además, nosotros decíamos que esta vía más autónoma es la que tiene relación con los propios tiempos de los pueblos, porque la vía institucional tiene una temporalidad que es súper distinta a nuestra temporalidad. La Constitución no va a terminar con el capitalismo, pero si es una forma de incidir para debilitar las políticas de cuño neoliberal. En cambio, el proceso por el que nosotros apostamos es el de la construcción de un nuevo proyecto político absolutamente anticapitalista en la forma de pensar el espacio público y de tomar las decisiones. Entonces, ¿cuál es el debate que tenemos? Que obviamente habrá sectores, personas y organizaciones territoriales más proclives a un quehacer que a otro. Pero nosotros no queremos ser ajenos de ambos procesos, lo que pasa es que el autónomo está clarísimo y, en cambio, en el institucional está en duda: cómo vamos a participar en esas instancias.
Hay un movimiento que me parece muy importante en Chile que es el MPL, el Movimiento de pobladoras y pobladores en lucha. Y ellos suelen decir: nuestra perspectiva es contra el Estado, con el Estado y desde el Estado. Con el Estado, nosotros, pobladores, tenemos que negociar con el servicio de la vivienda para conseguir, justamente, viviendas dignas para nuestros territorios. Desde el Estado porque también hemos ido posicionándonos en el Estado –tienen, de hecho, concejales– porque si queremos incidir en las políticas de vivienda, si queremos instalar el derecho a vivir en la ciudad, tenemos que dar el debate sobre la política pública. Y contra el Estado, finalmente, porque la forma de nuestra construcción de proyecto histórico es fuera del Estado, en el territorio. Y ahí articulan.
Obviamente, en esto hay tensiones. Nos pasa lo mismo en el MAT. Hay organizaciones en el territorio que son muy proclives a la autonomía y no quieren subordinarse a los tiempos y a la agenda institucional. Y hay otros que son más institucionales. Pero lo importante es que estamos logrando una confluencia, que podemos plantearnos que son discusiones y ámbitos en los que tenemos que estar presentes. Es cada vez más evidente que la Convención Constitucional no convence, ni siquiera, como vía institucional para poder plantear nuestro objetivo con claridad: derogar el Código de Aguas y que el agua sea reconocida como derecho humano y, ojalá, como derecho de la naturaleza.
[1] Luego de más de sesenta “Cabildos por el Agua”, desde Arica a Magallanes, el decálogo fue finalmente presentado el 22 de abril de 2020, en el Día Mundial de La Tierra. Entre los principales puntos se encuentran: Reconocer el agua como un derecho humano, y un bien común inapropiable, asociado al derecho a la vida y a vivir en un medioambiente libre de contaminación. Que el agua y la naturaleza, sean reconocidas como sujetas de derechos. Proteger todos los cuerpos de agua de los ecosistemas: ríos, lagos, lagunas, glaciares, turberas, bofedales, humedales, mares, aguas subterráneas, salares. Garantizar la restauración de los ecosistemas como forma de defensa de las aguas, mediante un cambio de la matriz energética, productiva y de consumo. Véase completo en: https://www.facebook.com/AguaEnMarcha/