#ChileDespertó: un año de revuelta antineoliberal

Jorge Sharp: Del estallido a la comunidad organizada

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El alcalde de Valparaíso Jorge Sharp analiza en esta entrevista la revuelta iniciada en octubre de 2019 y sus derivas. “El estallido ha sido fuertemente territorial”, dice. Además, hace eje en su proyecto municipalista que apuesta a la cogestión o al control comunitario de los servicios públicos: la ciudad como fábrica de democracia participativa. Fotografías de Paulo Slachevsky.

Gentileza de Jorge Sharp
Gentileza de Jorge Sharp

Jorge Sharp Fajardo nació en la sureña ciudad de Punta Arenas, en Magallanes. Junto a Gabriel Boric fundó el movimiento Izquierda Autónoma, una de las expresiones del movimiento estudiantil que a lo largo de las últimas dos décadas tensionó el, hasta hace poco, férreo neoliberalismo chileno.

Con 35 años gobierna Valparaíso desde 2016 con un proyecto municipalista que puso en el centro la participación ciudadana y tiene como plan modelo la Red de Salud Popular: “Las municipalidades han sido el instrumento de la política tradicional para desmovilizar a la ciudadanía y para construir relaciones de carácter clientelar con las organizaciones sociales. Nosotros venimos trabajando para transformar el municipio en una herramienta de las comunidades organizadas. Creemos que el estallido abre una oportunidad para empujar un nuevo municipalismo en Chile”, afirma. Para Sharp, la clave está en la productividad de los territorios, en la capacidad de sus habitantes para instituir nuevos mundos que garanticen vida diga y derechos comunes. En esta línea –sostiene– la municipalidad debe constituirse en una herramienta estratégica para desplegar esta productividad.

Durante la pandemia, la alcaldía destinó parte del presupuesto a sostener las “ollas comunes” que brindaron alimentación comunitaria a cientos de familias de sectores populares.

Hace pocos días anunció que va por su segundo período como jefe comunal para avanzar y consolidar su proyecto en la tercera ciudad más importante del país. Cuenta con el apoyo de Territorios en Red (TER) Valparaíso. El 15 de noviembre de 2019, en medio de la revuelta, Sharp renunció a Convergencia Social por sus diferencias con Boric y por el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, firmado por el Frente Amplio.

Por esa época entrevistamos a Sharp en la sede de la Alcaldía en Valparaíso. En esos días, los incendios forestales arrasaban las periferias de la ciudad portuaria y la revuelta llevaba más de dos meses. Las calles estaban inundadas de gas lacrimógeno y se hacía muy difícil respirar. Hablamos sobre el estallido, sus causas, sus derivas, el rol de la izquierda y su proyecto político local. Para la derecha, dice, “el estallido del 18 de octubre constituye un problema de seguridad pública. No lo ven como un problema de orden político, social o económico”.

A mediados de noviembre de 2019 decías que había habido un reventón y que lo valorabas como un momento de apertura. ¿Ves todavía esa apertura o creés que tiende a cerrarse?

Lo que se abre el 18 de octubre es de tal intensidad que es difícil pensar que en el corto o mediano plazo se pueda cerrar. Hubo un intento de cierre “institucional” por parte de un sector del sistema político, a través de un acuerdo constitucional, en el que estuvo involucrado parte del Frente Amplio, que creyó ver en ese acuerdo precisamente una posibilidad de salida. Lo que hace ese acuerdo, finalmente, es fijar un hilo institucional durante 2020 respecto a la posibilidad del cambio constitucional. Pero nosotros pensamos que eso está lejos de constituirse en un cierre. Básicamente, porque en la reflexión nuestra el momento que hemos llamado destituyente es demasiado radical y demasiado profundo. Cruza el sistema social completo: las instituciones, los partidos políticos, la democracia, cómo se tiene que entender el espacio público, las formas de representación. Es un contexto que también vuelve a poner en escena distintos mundos, visiones, posiciones como las ambientalistas, las feministas, la de los pueblos originarios. Pasaron más de 70 días de ese 18 de octubre y esa profundidad destituyente aún se mantiene abierta y latente. 

¿Y cómo se vive esa apertura desde un lugar tan delicado como ser el alcalde de Valparaíso? Seguramente desde un lugar privilegiado para analizar e intervenir en lo que pasa, pero también un lugar que puede evidenciar cierta fragilidad ante la movilización social y su capacidad destituyente. 

Sí, el lugar en el que nos encontramos es muy contradictorio porque, por una parte, las municipalidades, al menos en Chile, son parte del problema. No son parte de la solución, o no han sido parte de la solución. Pero, al mismo tiempo, en los últimos años hubo –por parte de movimientos sociales, de organizaciones ciudadanas, de movimientos de izquierda– la necesidad de construir una estrategia de conquista del poder local con una perspectiva transformadora. Pero eso no está asentado en el campo crítico en Chile, es algo que se ha venido gestando en los últimos años con mucha más fuerza. Precisamente porque las municipalidades vienen siendo parte del problema. Son instituciones donde las puertas giratorias entre los intereses públicos y privados están a la orden del día. Las municipalidades son espacios donde se han reproducido prácticas de corrupción, igual de graves e indignantes que a nivel nacional. Las municipalidades han sido el instrumento de la política tradicional para desmovilizar a la ciudadanía y, más bien, construir una relación de carácter clientelar con las organizaciones sociales. Han estado al servicio de intereses poderosos, como los de las grandes inmobiliarias o los puertos, algo que es muy notorio en una ciudad como Valparaíso. Entonces, es contradictorio porque esta institución es parte de eso pero, a su vez, abre una oportunidad. Nosotros pensamos que este estallido es fuertemente territorial. Al final, quien genera el impulso, quien soporta, quien desarrolla, quien intenta liderar esta protesta son los territorios. Como en el caso de las asambleas o cabildos autoconvocados, que han estado, con más o menos masividad, activos desde hace varias semanas. Institución autogestionada que instituyó el inicio del proceso constituyente. En Chile, el proceso constituyente se inicia cuando se forma el primer cabildo autoconvocado. No sabemos dónde habrá sido eso ni cuándo, pero esa es la zona cero del proceso constituyente. El espacio público ha sido un territorio permanentemente en disputa. No hace falta más que ver lo que pasa en ciudades como Santiago, Valparaíso, Concepción, Antofagasta, Iquique y otras más. Y la calle, que ha sido la protagonista de la movilización. Las municipalidades, en ese sentido, conectan con la cuestión territorial. Nosotros veníamos desarrollando una práctica política desde que asumimos en 2016: convertir a la municipalidad, a esta parte del Estado, en una herramienta de las comunidades organizadas, en vistas de la transformación democrática del territorio. El problema político central es cómo las municipalidades se ponen al servicio de un conjunto de acciones, planes, propuestas, luchas de los habitantes de los territorios; entendiendo a esta población, a esta comunidad organizada, como un actor de carácter productivo. No solo de carácter impugnatorio o testimonial, sino con capacidad política, técnica y social para producir nuevos mundos, nuevas situaciones. Para poder construir junto a la comunidad acciones a nivel barrial, o a nivel ciudad, que garanticen vida digna, es decir, que garanticen derechos comunes e inversión pública para el desarrollo de los barrios, que entienda la ramificación urbana a escala humana, que no tenga una relación genuflexa con los intereses económicos, sino de diálogo, de acuerdo o disputa según sea el caso; con una voz nacional respecto a los temas locales y nacionales muy fuerte y propia; erradicando la corrupción, la falta de ética y transparencia en la gestión pública; destrabando proyectos que en la ciudad se encontraban hace muchos años olvidados. En fin, de alguna manera lo que nosotros venimos haciendo como práctica institucional nos da un piso para conectar con lo que está pasando en Chile. Ahí hay una contradicción diaria que debemos enfrentar. 

Como decís, pivoteando sobre esa contradicción, el estallido de algún modo permite fortalecer los rasgos más democráticos e innovadores de la gestión municipalista, y eso impulsa seguramente nuevos desafíos. Pero al mismo tiempo, también el estallido reorganiza a la derecha, la vuelve más agresiva, le da más lugar para atacar a una gestión institucional que seguramente tiene tiempos y procesos que son más largos que los del estallido. 

Las municipalidades en Chile tienen muy pocas facultades. No son como en Argentina, en España, en Brasil, que gozan de autonomías, de plenos poderes. Tenemos baja autonomía financiera, nulo control sobre el orden público, una dependencia extrema del poder central. Empujar un proyecto de las características de la alcaldía ciudadana en un contexto normal ya es difícil. En un contexto extraordinario, adquiere una dificultad mucho mayor. Porque además se genera ahí una segunda contradicción: el gobierno local no es solo el gobierno local de un sector, sino de toda la ciudad. Entonces nosotros gobernamos con la perspectiva, las prioridades, las orientaciones de las comunidades organizadas, de los movimientos ciudadanos. No de los sectores de la elite política local, ni de los partidos tradicionales, o de los medios de comunicación tradicionales. Pero gobernamos, al final, para todos: para el mundo empresarial, para el comercio local –que no la ha pasado nada bien en esta movilización–, para aquellos que tienen o no la misma reflexión que la alcaldía. Entonces ahí también hay un complejo equilibrio que diariamente uno tiene que saber manejar. 

Con respecto a la derecha: en Chile hay un sector muy grande de derecha que no tiene voluntad democrática. No es justo decir que es toda la derecha, pero sí un sector muy importante e influyente de esa derecha, de tradición pinochetista y muy conectada con los grandes poderes económicos que se construyeron en la dictadura. Tienen una voluntad democrática de baja intensidad, y eso de alguna manera se ha visto reflejado con mucha claridad de octubre al día de hoy. Para el gobierno, para Piñera, para la Unión Demócrata Independiente (UDI), para un sector importante de la derecha en Chile, el estallido del 18 de octubre constituye un problema de seguridad pública. No lo ven como un problema de orden político, social o económico. Tanto es así que cuando a este presidente se le ha preguntado sobre la posibilidad de cambio de modelo, el discurso automático de esta derecha es decir: “¿Me está hablando de Venezuela, de Cuba?”. Es una derecha, además, con una muy baja capacidad analítica e interpretativa respecto a lo que está sucediendo. Su caja hermenéutica no da para entender lo que está pasando en el país más que como un problema de seguridad.

Y cuando la derecha detecta, en ciertos liderazgos, en ciertos proyectos, en ciertas gestiones, una práctica y un discurso distinto al resto, tanto en medios de comunicación tradicionales como en redes sociales, se pone mucho más virulenta, mucho más dura. Y eso pasa porque tenemos una derecha no muy distinta a la derecha latinoamericana: a la derecha brasilera, a la peruana, a la colombiana, para qué decir a la venezolana o argentina. Y ahí tienes, entonces, el legado en materia de derechos humanos que deja este gobierno. Con jóvenes con pérdida ocular. Acá en Valparaíso tuvimos el caso de Matías Orellana, un joven que estaba celebrando el año nuevo, y en un incumplimiento absoluto de los protocolos, Carabineros le dio un gas lacrimógeno en la cara. Tenemos fallecidos, torturados. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del sistema de Naciones Unidas, y de Human Watch Right son categóricos en señalar que las violaciones a los derechos humanos en Chile son graves y generalizadas. Y a esta altura, creo yo, es posible afirmar que son sistemáticas. No puede ser que 400 personas tengan algún tipo de problema ocular, incluyendo aquellas que perdieron uno o los dos ojos.

Al comienzo mencionaste como un intento de cierre institucional el “Acuerdo social por la paz y la Nueva Constitución”. A su vez la consulta ciudadana que se hizo en Valparaíso tuvo como resultado una cantidad de votos abrumadora a favor de una Asamblea Constituyente[i]. Esas dos salidas, una por arriba y otra por abajo, ¿son incompatibles? 

Buena pregunta. El Acuerdo padece de un vicio de origen muy profundo. Eso fue indicado con mucha claridad por una pluralidad de organizaciones sociales que no fueron ni siquiera consultadas respecto de lo que se acordó. Para qué decir: toda la red de cabildos y asambleas autoconvocadas que vio por televisión cómo se llegaba a este acuerdo. En segundo lugar, la Convención Constitucional, que es quizás el órgano constitucional más parecido a Asamblea Constituyente, es eso: es parecido, pero no es una Asamblea Constituyente. Incluso desde la teoría del Derecho Constitucional, una Asamblea es un órgano soberano de plenos poderes. No es un órgano constituido como la Convención. Se constituye a sí mismo y, entre otras facultades, puede asumir poderes legislativos, como sucedió en Ecuador; o hasta definir sus formas de funcionamiento, como sucedió en algunos países nórdicos europeos. En tercer lugar, el problema de fondo no está puesto –a mi juicio– en el hilo institucional, sino más bien en las posibilidades que nos ofrece el 2020 para poder avanzar, a propósito del proceso constituyente. En el desafío que abre el 18 de octubre, que es el cambio del modelo. Ese es el problema de fondo. El hilo constitucional lo complejiza, porque le entrega a la derecha puertas, palancas, caminos para evitar que el proceso constituyente tenga esa capacidad, y más bien sea inofensivo ante la posibilidad de abordar con fuerza el problema de la estructura de desigualdad que hay en Chile. Y también el escenario 2020 tiene otra complejidad: la fuerza política y social llamada a empujar esa propuesta de cambio de modelo no está dibujada. Que el Frente Amplio hoy día juegue ese rol es una posibilidad lejana. Entonces se abre un desafío para las fuerzas de izquierda, progresistas, para los movimientos sociales, para la ciudadanía organizada, de resolver ese problema.

Nosotros pensamos que esa fuerza política y social que intente empujar todo lo que se pueda la posibilidad de cambio de modelo tiene que estar compuesta por una variedad de fuerzas políticas y sociales. Organizaciones de trabajadores públicos y privados, de profesores y profesoras, de funcionarios de la salud estatal y municipal, funcionarios de las municipalidades, movimientos como el de No+AFP. Esa fuerza política tiene que estar compuesta, también, por fuerzas de carácter territorial, que son aquellas que precisamente han empujado todas las movilizaciones que se han dado estos meses. Ahí hay un desafío que nosotros nos hemos propuesto: el de intentar constituir a nivel nacional una fuerza de carácter territorial, desde las asambleas, desde los cabildos, desde las coordinadoras territoriales que se han ido construyendo. Un espacio nacional que hoy no existe con nitidez, pero que es clave que exista lo antes posible. Es el actor nuevo que ha ido surgiendo de esta movilización. Y es un actor que no forma parte del Frente Amplio, menos de la Concertación, pero tampoco de las mesas de Unidad Social.

Vimos imágenes de fuertes enfrentamientos con la policía en Valparaíso por el caso de un chico que perdió su ojo y la escena de la quema de la bandera nacional. ¿Qué lectura hacés de estos hechos?

Hay un proceso de desafección de la gente respecto de ciertos símbolos. Quizás nunca hubo una afectación, pero el hecho de que en algunas ciudades de Chile hayan derribado monumentos, como en Concepción el de Pedro Valdivia es un ejemplo de eso. Pedro Valdivia es el personaje mítico de la historia chilena, que impulsó la conquista de Chile. Que en las plazas del sur se derriben ese tipo de monumentos y que, como contrapartida, en las calles se encuentren tantas banderas chilenas como mapuches, expresa algo. O que para muchos hoy la bandera chilena esté copada completamente por el color negro, o Las Tesis con el “Estado es un violador”. También es significativo el hecho de que la gente haya tomado por propia iniciativa la decisión de refundar ciertos espacios públicos cambiándole el nombre, como en el caso de la ex Plaza Italia, hoy Plaza de la Dignidad, en Santiago. Creo que este plano simbólico es otra de las aristas de esta dimensión destituyente, que es súper profunda. No sé si en algún país de Latinoamérica ha pasado algo de estas características en el último tiempo, con esta radicalidad. Lo interesante también para analizar es que esta dimensión destituyente tiene una relación muy tensa con la idea de liderazgo. La idea del líder o lidereza que frente a la multitud propone uno u otro camino. Hoy día no existen liderazgos o legitimidades nacionales. Lo que existe más bien son algunas legitimidades parciales. Legitimidades territoriales, barriales. Eso no tiene nada de malo. Esas son las condiciones con las cuales hay que construir un proyecto de transformación en el Chile de hoy. Y son condiciones más interesantes que las que existían hace un par de años atrás. 

Y esta inexistencia de liderazgos legítimos y reconocidos, ¿les dificulta a ustedes, como Municipio, la interlocución con las experiencias territoriales?

La dificulta bastante. En el caso de Valparaíso no se nos ha hecho tan compleja la interlocución con ese actor territorial porque nosotros veníamos dialogando con ese sector. Tampoco es una relación no exenta de sus diferencias, de sus críticas. Porque al final, las instituciones en Chile están cargadas de desprestigio, de ausencia de legitimidad. Y en particular la municipalidad de Valparaíso, que por muchos años fue una institución cargada de un manto de dudas respecto a casos de corrupción. Entonces, es difícil que la ciudadanía de un momento a otro confíe en la cuestión institucional. Va a ser un proceso. Y ese proceso, en primer lugar, guarda relación con el origen, la voluntad, la orientación que tengan los proyectos de conquista del poder local, la lógica abajo-arriba. Y en segundo lugar: una vez que se conquista el poder local, mantener una práctica política de abajo-arriba. La institución está hecha, tanto en su estructura legal, en su dinámica funcionaria, en sus límites, para complotar contra esa idea. Está hecha para que todo siga exactamente igual. Por eso es muy importante contar con una práctica que dibuje la relación abajo-arriba. No solo la lógica impugnatoria, sino también la productora, la que permite la constitución o institución de situaciones nuevas. Es lo que tratamos de hacer en la ciudad, en algunos casos con éxito, en otros con problemas. 

¿Qué mecanismos de participación fueron construyendo a nivel municipal para que esta relación abajo-arriba fluya, para que los impulsos de las fuerzas territoriales encuentren modos de canalización institucional? 

Hemos impulsado varias lógicas participativas bien interesantes que han determinado momentos de cambio en la ciudad. Una línea de trabajo nuestra es poner en el centro la planificación participativa. Una de nuestras primeras acciones como gestión –en conjunto a actores territoriales que por años habían estado luchando contra las construcciones en altura en los cerros de la ciudad– fue impulsar modificaciones sustanciales en el Plan Regulador Comunal. Fue un proceso inédito en la historia participativa de Valparaíso. Pasamos de alturas ilimitadas de construcción en los cerros a alturas de 7, 9 o 12 metros para resguardar los barrios a 2, 3 o 4 pisos. La propuesta que presentamos al Consejo Municipal para su votación fue la propuesta que construimos con la comunidad. Y con la comunidad la empujamos a pesar de no tener mayoría en el Consejo y logramos que se impusiera. Fue un avance sustantivo en esa dimensión. Por otro lado, venimos trabajando en un segundo proceso de planificación participativa, relacionado al Plan de Desarrollo Comunal, que es el instrumento orientador que toda municipalidad tiene que tener. Hace siete años que no existe Plan de Desarrollo Comunal en Valparaíso. La administración anterior no lo realizó. Veníamos desarrollando un proceso participativo en asambleas territoriales muy interesantes donde participaron más de 3 mil personas, pero que no pudimos concluir porque nos apareció el 18 de octubre. Y los incendios y todo lo que se les pueda ocurrir. Luego, también hemos desarrollado algunos procesos participativos en función de avanzar en garantizar condiciones de vida digna o derechos comunes, como los llamamos acá. En Valparaíso existe una red de salud popular complementaria a la red de salud pública municipal con cuatro farmacias populares, dos ópticas populares, un centro de salud para adultos mayores y una ortopedia popular. Y este año vamos a inaugurar un laboratorio popular. En la mayoría de estos dispositivos de salud existen procesos participativos que empujan para que exista, pero también la gente, las organizaciones sociales, ocupan un rol en la administración o en la gestión de algunos de esos dispositivos. Por lo tanto, se da la lógica de la coparticipación o de la cogestión. Es decir, la existencia –como diría Pierre Dardot– de servicios públicos de control comunitario.  Desde arriba, claro, ves al Estado creando una farmacia popular, pero desde abajo ves un proceso participativo. Tampoco es sencillo: las comunidades inciden en la forma en que dicho servicio se presta. 

Lo mismo hicimos con un proyecto de vivienda inédito en nuestra ciudad, que es el proyecto Nuevo Amanecer. Nosotros, el 2 de enero de 2017, asumimos con un incendio, se quemaron 500 casas. Y con un grupo de familias, que terminaron siendo 48, impulsamos un proceso de diseño participativo de las casas[ii]. Estamos hablando de 48 viviendas, de 64 metros cuadrados, de dos pisos, de dos baños, cuatro dormitorios, acceso universal, paneles solares. Como estas casas están ubicadas en un sector muy ventoso de Valparaíso, son con ventanas de termopanel. Estarán en un terreno municipal. Cuando el estándar en materia de vivienda social del Estado, en términos de metraje, es de 55 metros cuadrados, nosotros logramos hacer algo mejor. También las planificaciones en materia de salud o educación todos los años son realizados, de forma sistemática, mediante mecanismos de participación de los trabajadores, de las comunidades educativas. Hemos ido empujando hacia allá.  Nos propusimos y les propusimos avanzar en la lógica del co-gobierno local. Y estamos en ese proceso. Todavía no tenemos muy claro los alcances de esa manifestación de voluntad, de esa orientación, pero sí pensamos que hacia allá hay que avanzar. Otra forma en la que se expresa la participación es el control que algunas comunidades ejercen respecto a ciertos recursos del territorio, como aquí son las canchas de fútbol, donde las asociaciones de deporte tienen incidencia en las programaciones, en la forma en que se realizan las mejoras, en la designación de los funcionarios a cargo del control de los espacios.

Estos ejemplos que comento no son aislados, constituyen una práctica que nos permite que las ciudades se constituyan en fábricas de democracia participativa. Eso es lo que tratamos de hacer. Ahora, así como hay un libro para poder escribir todas las cosas interesantes que hemos hecho, hay otro libro también que nos indica todos los problemas, los errores, los aprendizajes que esta gestión ha tenido que asumir a porrazos para poder mantener nuestra orientación. En el momento en que nos descuidamos, y yo no puedo asegurar que no nos haya pasado, nos podemos convertir en lo que no queremos ser. O sea, la institución chupa mucho, tiene una fuerza muy potente para que todo siga exactamente igual a como está.

La última, y pensando en el proceso constituyente abierto, ¿qué nudos políticos podría contener una nueva Constitución en función de  fortalecer estas política desde abajo? 

La pregunta tiene dos dimensiones. Una primera: todos aquellos que estamos en los territorios, en distintos planos, ya sea en el plano institucional, en el plano de la dirigencia social, en el plano del activismo ciudadano, de la militancia política, con mucha fuerza todos y todas tenemos que empujar, en el marco de esta coyuntura 2020, el proceso de la constitución de un actor territorial a nivel nacional. Ese actor, en lo nacional, y como actor coordinado, ha estado ausente. Y el escenario demanda su irrupción. Quizás si ese actor hubiese estado en noviembre, cuando se suscribió ese famoso Acuerdo Constitucional, otro escenario tendríamos en Chile. Tiene alta relevancia. Ahora, este actor por sí solo no podrá empujar un proyecto de transformación democrática a nivel nacional. Tiene que ponerse necesariamente en articulación, en lógica coalicional, con otras fuerzas políticas, con otras fuerzas sociales, que también han jugado y van a seguir jugando un rol muy importante, como pueden ser las mesas sociales, que agrupan principalmente a las organizaciones sindicales, o a organizaciones que luchan por ciertos derechos, como el movimiento No+AFP, a propósito de las pensiones. O con el tejido estudiantil universitario y secundario. Y también tener una posición, un diálogo con aquellas fuerzas políticas que también estén comprometidas con el cambio del modelo. Hay que dibujar un espacio. Son dos movimientos: por una parte, la irrupción de este actor territorial, pero a su vez, la puesta en diálogo de este actor con otros mundos, con otras fuerzas que han jugado un rol relevante en estas jornadas de protestas. 

Y en segundo lugar, ya más en la lógica de las propuestas, el proceso constituyente puede ser una oportunidad para poder reconceptualizar al Estado en su lógica más de las esferas o dimensiones de poder. Nosotros pensamos que se abre una oportunidad para empujar algo así como un nuevo municipalismo en Chile. Donde las municipalidades no sean administradoras de pobreza, sino efectivos gobiernos locales con capacidad de producir situaciones nuevas en los territorios. Instituciones con poder de impulsar proyectos de desarrollo que interpreten los intereses de amplias mayorías. Gobiernos locales con capacidad para hacerse cargo de desafíos claves para el futuro del globo, como es la emergencia climática, que en Chile ha tenido ya un impacto gigantesco, y que en Valparaíso en particular se refleja en la crisis del agua que padecemos. Los sectores que se quemaron en Valparaíso son sectores que hace 40 años demandan agua potable. Pero las municipalidades, ante ese desafío, están en una posición extremadamente compleja. Más en una lógica de demanda al Estado que en una lógica de resolución propia. También se abren oportunidades para poder reconceptualizar la democracia. La democracia no es el ejercicio de una especie de Iglesia laica de votar cada cierto tiempo, como si fuese un ritual. La democracia tiene que ser un instrumento vivo que suponga votar por las autoridades, pero también lógicas de participación y de incidencia. Esto está muy presente en el 18 de octubre y hasta ahora no existe. La gente está demandando incidir, ser escuchada, participar en la toma de decisiones del barrio, de la ciudad y del país. Mucho más allá que lo que hoy día la democracia chilena, muy tradicionalmente neoliberal, otorga como posibilidad.


[i] Entre el 11 y el 15 de diciembre de 2019 la municipalidad de Valparaíso, junto a otras 225 comunas de Chile, realizó una consulta ciudadana en la que se preguntaba sobre la voluntad de cambiar la Constitución y la modalidad para hacerlo. Los resultados arrojaron que el 80 % de las personas que participaron de la consulta optaron para la opción de impulsar una nueva Constitución.

[ii] El Proyecto habitacional Nuevo Amanecer acaba de ser aprobado de manera unánime por la Municipalidad de Valparaíso y será construido a partir del primer semestre del 2021.