Dos días después de estallada la revuelta, el presidente Sebastián Piñera le declara la guerra a un “enemigo implacable”: el pueblo chileno movilizado. Los efectos de esta declaración fueron catastróficos. Las muertes se contaron por docenas; los heridos, torturados, mutilados y detenidos se volvieron incontables. La política represiva puesta en marcha fue también, por extrema crueldad, una pedagogía y una amenaza: el riesgo de “poner el cuerpo” y pagar con la vida, o con los ojos.
Una deriva especialmente cruel de esta pedagogía política es la que permite que a un año del estallido permanezcan aún en prisión más de 200 personas, la mayoría con prisión preventiva y sin causa firme. Otras 80 obtuvieron arresto domiciliario, una situación envidiable dado los largos meses de incomunicación pandémica, donde el vínculo con los propios se redujo a una encomienda mensual de un puñado de productos básicos. Luego de meses de encierro, algunxs fueron absueltos por falta de pruebas. El puro y recurrente “montaje”, la ausencia de pruebas inculpatorias reales –en la casi totalidad de los casos– evidencia el carácter de castigo político: participar de las protestas tiene sus riesgos.
Fue lo que le pasó a Daniel Morales, de 35 años, y a su sobrino, Benjamín Salazar Morales, de 16, ambos vinculados a la facción antifascista de la Garra Blanca, del club Colo Colo, acusados de planificar el incendio de la estación de metro Pedreros, en la comuna de Macul. Ambos fueron absueltos por falta de pruebas luego de casi 10 meses de prisión preventiva. Suerte similar tuvieron los hermanos Cristián y Rodrigo Sanhueza acusados sin pruebas de quemar la iglesia San Borja y liberados a mediados de mayo.
Menos suerte tuvo Anderson Rayo, colombiano de 19 años, preso 370 días en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, en el extremo sur del país, por romper un vidrio a palazos en el contexto del estallido. Y mucho peor es la situación de su compañero de celda, Marcelo Mandujano, de 25 años, destacado estudiante de ingeniería de la Universidad de Magallanes cuyo juicio está en curso y no tiene buen pronóstico: el fiscal pidió 11 años de prisión por participar de la quema de una sucursal de la AFP Habitar.
No se trata de si son o no “perejiles”, meros cabeza de turco. La indignación y la rabia son elementos comunes. Y en gran parte de los casos son jóvenes de convicciones firmes e ideas claras, como las de Cristian “Pelao” Briones, de 27 años, preso en el módulo 14 de la cárcel Santiago 1 desde hace más de un año, acusado bajo la Ley de control de armas sin más pruebas que el testimonio de un carabinero de una comisaría denunciada por abusos y falsificación de pruebas. Se lo considera un “peligro para la sociedad”, una apreciación tan absurda como la condena a 602 días de prisión a Ignacio Solís Carvajal, de 18 años, por grafitear el frente de la Intendencia de Magallanes. La misma caracterización mantuvo en prisión hasta hace unos días a una de las pocas mujeres presas en la cárcel de Santiago 1 a causa del estallido social, Paula Cisternas, de 23 años. Técnica en veterinaria, feminista y vegana, fue detenida junto a su pareja, Álvaro Martínez Barriga, de 26, acusados de intentar incendiar una sucursal del Banco del Estado, en la Avenida Providencia. Fueron reconocidos e inculpados por el cartel con el que ofrecían a la venta su comida vegana. También hay ejemplos de crueldad extrema. Es el caso de José Luis Labra, de 30 años, discapacitado mental que no sabe leer ni escribir, preso con prisión preventiva acusado de daños, saqueo y quema de la Gobernación de Melipilla. Naturalmente, José Luis no se puede defender, pero todos ellos –junto a los cerca de 11.300 personas detenidas y 2.500 encarceladas desde que se desencadenó la revuelta— finalmente, son víctimas de ese maridaje de represión y tortura que es la prisión política.
La gran mayoría de lxs presxs no forman parte de partidos u organizaciones políticas de izquierda, por lo que son sus familias y amigxs los que hacen cargo de la situación. En este contexto, surgen dos organizaciones claves: la Organización de Familiares y Amigos de Presxs Políticxs (OFAPP) y la Coordinadora por la Libertad de los Prisionerxs Políticxs “18 de Octubre”. Estas organizaciones, además de asistir de diversos modos a lxs detenidxs, mantuvieron visible cada vez que pudieron la situación de lxs presxs, política que dio sus frutos en el marco del primer aniversario de la revuelta, cuando el reclamo por la libertad de los presxs políticos se viralizó.
“No son delincuentes, son luchadores sociales”: hoy, la demanda por la liberación de lxs presxs de la revuelta es una demanda central del movimiento social. Apoyados por el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, Familiares y organizaciones impulsan Ley de Amnistía para liberar a presos de la revuelta. La izquierda parlamentaria tomó nota. Convergencia Social, del Frente Amplio, presentó un proyecto de indulto para quienes fueron detenidxs en el contexto del estallido social. Ambas iniciativas alegan el carácter político, más que jurídico, de las detenciones, lo qu provocó la reacción el mismo presidente Sebastián Piñera: “En Chile no hay presos políticos”, salió al cruce.
La discusión está abierta y la lucha por la la liberación inmediata de lxs presxs políticos se intensifica. Para tratar de entender la complejidad de la situación conversamos con el abogado Nicolás Toro, compañero del Comité de Defensa del Pueblo “Hermanos Vergara Toledo”, de nutrida experiencia en la defensa de luchadores sociales y abogado de la Coordinadora por la Libertad de los Prisionerxs Políticxs 18 de Octubre.[1]
***
Luego de tanta insistencia en el carácter político de las detenciones, se logró instalar la discusión y visibilizar la situaciones procesal de cerca de 2000 personas que aún están encarceladxs por causas vinculadas a la protesta.
Sí, para la Coordinadora es clave el reconocimiento de la existencia de la prisión política, del carácter político de las detenciones. El uso desproporcionado de la prisión preventiva que se utilizó todo este tiempo para mantener detenidos a los prisioneros y prisioneras de la revuelta solo se explica por el contexto de social, por el modo en que agudizó la lucha el estallido. La prisión preventiva se vuelve así un instrumento de represión política destinada a contener todo tipo de disidencia o protesta. Es decir, son presos políticos, sufren la prisión por participar de acciones de rechazo al modelo neoliberal en el marco de un estallido social. Es el caso de todos los que por están en prisión preventiva por la ley de control de armas, incendio o disturbios.
Y, de hecho, se les ha aplicado una ley de carácter totalmente político, como es la Ley de Seguridad del Estado, que surgió en 1958 como respuesta a otra rebelión social muy grande que se llamó la Batalla de Santiago, también disparada por el aumento en el pasaje, en ese caso contra el gobierno dictatorial de Carlos Ibáñez, en 1957, que derivó en un Estado de sitio con militares en la calle –Carlos Ibáñez, entre otras cosas, fue el fundador de Carabineros.
La discusión sobre el carácter de presos políticos es una discusión central, pero nada sencilla de dar. Sucede que a diferencia de otros ciclos de luchas, con mayor presencia de organizaciones, hoy esa discusión se da con los familiares, con las organizaciones sociales. El reconocimiento como presos y presas políticos es una reivindicación central, una conquista que se consigue por medio de la movilización, y que tiene claros efectos políticos, como la amnistía o el indulto. En términos legales no hay muchas diferencias porque el Estado nunca ha reconocido ni va a reconocer la prisión política. En los distintos momentos históricos, siempre ha sido el pueblo organizado el que ha forzado al Estado a reconocerla. Eso pasó en los ’90, tanto con los detenidos de las organizaciones que lucharon contra la dictadura, como en los ’80 con los detenidos del pueblo mapuche.
Hasta el año 2004, por lo menos en Santiago, había módulos de prisioneros políticos. Luego, la clase política dio por “terminado” el conflicto armado con la última camada de gente que salió en 2004, 2005 y eliminaron esos módulos. Justamente, desde el estallido se retomó esa figura de la prisión política y una serie de cuestiones que el Estado chileno se ve forzado a reconocer por la propia presión de la organización, como la existencia de módulos de presos y presas políticos. Éste es el caso de las prisiones que están en ciudades, porque en las zonas más rurales, como la cárcel de Angol, o en Temuco, ahí sí la prisión política se reconoce desde el ´98 en adelante. Y hay módulos especiales para los prisioneros y prisioneras políticas mapuches.
En la caracterización de presos y presas políticas está, por un lado, la interpelación al Estado, pero también implica un proceso de autoreconocimiento de quienes están presos, de asumir ese lugar, algo que no necesariamente es evidente.
Sí, es así, de hecho se fue dando todo un proceso de reconocerse y de luchar por sus derechos como prisioneros políticos. Están en una situación difícil, pero de a poco se han ido organizando y ya han podido, de alguna manera, ir conquistando espacios. Pero va a ser una tarea larga. Porque también los prisioneros políticos y prisioneras hoy en día están en dinámicas distintas al período anterior. En el período anterior, la camada grande de prisioneros y prisioneras políticas eran de organizaciones monolíticas, que tenían determinadas estructuras que les permitían actuar, moverse en un campo de reglas que ellos mismos habían establecido. En este caso, no. Aquí hay un montón de individualidades, afinidades, que se han sumado a este proceso insurgente y que traen nuevas dinámicas. Dinámicas que enriquecen la lucha de los prisioneros y prisioneras políticas, pero que también implican ciertas debilidades, como la falta de organización. Pero ahí están, luchando por sus derechos, peleando por su reconocimiento. Algunos son veganos, veganas. Otros vienen de distinta ideología, afinidades, y de a poquito han ido ganando espacio.
Decís que la prisión preventiva funciona hoy en Chile con un carácter contra-insurgente, infundiendo el miedo, castigando y desestimulando la protesta social, ¿hasta cuándo los pueden tener presos en esas condiciones?
Bastante, porque la prisión preventiva está vinculada a los fines de la investigación, ese es el supuesto: te dejan en cana para que puedan investigar sin que entorpezcas. Eso es lo que dice el Código Procesal Penal. Pero en lo concreto, la prisión preventiva dura hasta que haya antecedentes que justifiquen su cambio. Y ahí se alargan mucho más que la investigación. De hecho, muchas veces se alarga hasta la condena. Y cuando sale la condena sólo se cambia de módulo a la persona. Esto va para largo. Como abogado, y teniendo varios casos antiguos, te diría que aquí la solución no es jurídica, aquí la solución es política. El problema es político y requiere una solución política. No pueden aguantar tener a tantos prisioneros y prisioneras políticas. En los años ´90, de hecho, se hizo una ley específica para que salieran los presos políticos –que por las condenas que tenían no iban a salir nunca. La mayoría de los presos de los años ‘80 y ´90 estaban condenados por la justicia militar; condenados por la Ley Antiterrorista. Y ahí hubo una solución política. Siempre la prisión política ha tenido que solucionarse por una vía política. Esta es una de las discusiones centrales que proponemos como Coordinadora en nuestra lucha por la libertad de los compañeros y compañeras. Por que si solo es la vía jurídica, si a estas personas se las condena, las van a condenar a quince años y o más, incluso.
Como les decía, muchas de las prisiones preventivas se sustentan en la famosa Ley de Seguridad del Estado. Esta ley busca evitar y criminalizar los alzamientos, las rebeliones, entonces, los castiga con penas muy altas. Esa es la ley invocada el 18 de octubre de 2019, en medio del estallido, por el ministro del Interior de Piñera, Andrés Chadwick. Bajo esa ley se le aplicó la prisión preventiva a los chiquillos del Movimiento Juvenil Lautaro (MAPU) y al profesor de matemáticas que rompió el torniquete, Roberto Campos. El caso de los tres chicos del MAPU es emblemático, porque ahí la prisión preventiva se ocupó absolutamente con criterios políticos. Esos delitos jamás van a llevar a una condena con prisión efectiva. Jamás. Es el ejemplo más burdo de que la prisión preventiva es un castigo. Nosotros lo planteamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que luego, en un declaración, se mostró preocupada por la situación de los presos políticos.
También está la Ley Antiterrorista, que es de 1984, que fue parte de Doctrina de la Seguridad Nacional de la dictadura chilena. Y también la Ley de Control de Armas, una ley clave que se ha ido modificando gobierno a gobierno para contrarrestar una forma de expresión política radical que es la violencia política. Entonces, efectivamente existe una batería de leyes que, a la larga, tienen un carácter absolutamente contrainsurgente. Y es en ese marco que se ha aplicado la prisión preventiva de manera absolutamente desproporcionada para dejar a la gente detenida. Es decir, funciona como un castigo y, por ende, tiene un carácter político.
¿Qué otros mecanismos hay, además de la prisión preventiva, para criminalizar la protesta social?
Hay un montón de “irregularidades”, podríamos decir. Pero, primero, no hay que olvidar que ni bien se produjo el estallido, el Presidente de la República publica tres decretos el sábado 19 de octubre de 2019 en el Diario Oficial en los que se declara el “Estado de excepción constitucional de emergencia”. Lo que significa algo muy grave: básicamente, que se restringen las garantías fundamentales, los derechos humanos. Y es sobre esa declaración que se decreta el toque de queda, que restringe la circulación nocturna y saca a los militares a la calle. En ese marco fue que se comenzó a detener a toda la gente que circulaba por la ciudad por vulnerar el toque de queda. Cientos de detenciones ilegales con intención de castigar y desactivar las protestas, de ahí su evidente carácter político. ¿Por qué ilegales? Porque bajo la normativa vigente, vulnerar el toque de queda es una falta, no un delito. Una falta que si bien no habilita a tomar detenidas a las personas, se lo utilizó como mecanismo de detención arbitraria de la gente, para llevarla a lugares no habilitados y cometer toda una serie de delitos muy graves, desde torturas hasta violaciones. Y esa misma legalidad, luego, se ha torcido hacia ellos mismos, porque surgieron un montón de querellas e investigaciones en torno de estas vulneraciones a los derechos humanos. En suma, son viejas herramientas que el Estado chileno siempre ha tenido, pero que en momentos de crisis las vuelve a usar.
Ya que el estado tiene esa batería de leyes para criminalizar la protesta social, ¿qué figuras legales existen que permiten contrarrestar esa avanzada represiva?
Por más que existan muchos mecanismos legales que posibiliten esta situación, Chile es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, por lo tanto, le cabe aplicar toda la normativa de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y sus mecanismos de control. Eso quiere decir que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana son competentes para intervenir en situaciones como la que está viviendo Chile hoy en día.
El Estado chileno y los capitales a los que representa, no van a dar respuesta al problema de la violación sistemática de derechos humanos a la que estamos sometidos las chilenas y los chilenos, y en particular aquellos que están presos. Probablemente sea el Sistema Interamericano el que permita, a la larga, condenar al Estado chileno por todas estas violaciones de derechos humanos. De hecho, los tribunales en Chile tienen la facultad de aplicar directamente los criterios del Sistema Interamericano, que se llama “control de convencionalidad” –en Argentina es muy conocido porque ahí se ha aplicado más.
No obstante, nosotros también tenemos una ley, que es la ley 20.357, que aprueba el Estatuto de la Corte Penal Internacional de Roma. Y esto nos permitió interponer una querella por delitos de lesa humanidad en contra del Presidente de la República y de los altos mandos militares y policiales que resulten responsables. Ese es otro mecanismo que estamos utilizando para que, a la larga, se condenen como violadores de derechos humanos a las autoridades civiles y militares responsables. Y eso es muy interesante porque hoy lo que pasa en Chile es fundamental para fijar el estándar de lo que son las violaciones masivas de derechos humanos en América Latina. Nosotros estábamos acostumbrados a la época en que un General llamaba por teléfono y decía: “Mátenlos a todos”. Hoy no es ese el estándar. El estándar es otro y es el que se tiene que aplicar. No es admisible que sabiendo que existen vulneraciones generalizadas a los derechos humanos de la población, las autoridades civiles o militares no hacen nada para impedirlo, creando las condiciones para que esto suceda. Ese es el estándar que se tiene que manejar y con ese estándar nosotros creemos que se podría condenar perfectamente a Sebastián Piñera y también a los altos militares.
Presentamos una querella el 4 de noviembre, a dos semanas del estallido, cuando todavía estábamos en Estado de emergencia. Fue cuando nos dimos cuenta de que ya había un patrón de ataque generalizado a la población civil. Ya distintos organismos competentes estaban señalando que las vulneraciones de derechos humanos eran atroces y el Estado no estaba haciendo nada. Por ejemplo, a la primera semana se le avisó a todas las autoridades civiles y militares que había personas con estallido del globo ocular. Después, la otra semana les dijeron que se habían duplicado, triplicado, y así todas las semanas. ¿A qué llevó eso? A la crisis oftalmológica más grande de la historia. Más de cuatrocientas personas tienen daños oculares, algunos con pérdida total, por perdigones, golpes o uso de bombas lacrimógenas. La comparación más efectiva que se puede hacer es que en Palestina, en veintisiete años de conflicto muy grave, se dañó menor cantidad de gente. Esto muestra que el estándar de vulneración de derechos humanos en Chile es muy alto y que, efectivamente, tiene que haber responsabilidad de las autoridades. Pero esto es solo un ejemplo, hay muchos otros hechos que permiten hablar de delitos de lesa humanidad. No son casos particulares: son un montón los casos que demuestran un patrón común de conducta del Estado, sea generalizada o sistemática –hay una discusión ahí, en campo del derecho, sobre el término. Pero lo que sin duda hay es una responsabilidad de las autoridades que no impidieron toda esta cantidad de casos atroces.
Carabineros no es para nada autónomo. Responde al Ministerio del Interior. Y si responde al Ministerio del Interior, responde a su vez a la presidencia. Por eso hay una responsabilidad directa del presidente sobre el actuar de las policías y las fuerzas militares. Recordemos que el presidente dijo que Chile estaba en guerra. Y utilizó la lógica del “enemigo interno”. Fíjense que es la misma lógica de la Doctrina de la Seguridad Nacional que usaron las dictaduras latinoamericanas, y en particular la de Pinochet, para justamente fijar un enemigo interno. ¿Qué es lo que esperaba que pasase cuando les dijo a las tropas militares que estaban en guerra? Activó la lógica del aniquilamiento. Eso es lo que hizo Piñera y de eso es responsable. Y no solo políticamente, también hay una responsabilidad jurídica concreta que se debería pagar con cárcel.
¿Y crees que pueden ser eficaces estas políticas represivas para desalentar las protestas?
Desde hace ya bastante tiempo vienen endureciendo las políticas represivas a partir de algunas leyes, no solo las leyes anticapucha o antibarricada, sino también en la ley de Control de Armas, que criminaliza el uso de la molotov. Pero así y todo, la molotov goza de buena salud en Chile. Es decir, han hecho lo imposible para que la gente que toma una molotov sea detenida; pero igual la gente pelea. Quizá, porque a la larga, la gente sabe que el camino de la confrontación directa es lo único que ha logrado algo en este país. El Código del Trabajo en Chile, de los años ´30, se logró a través de tremendas huelgas obreras. Sin esas huelgas jamás hubiera existido el Código del Trabajo, jamás hubiera existido legislación laboral. Y así se da en distintas cosas. Obviamente, hay sectores más pacifistas, pero pareciera difícil conquistar realmente derechos económicos, sociales y culturales evitando la confrontación.
El alcance de las leyes represivas hoy es limitado. Porque a pesar de la vulneraciones de derechos humanos, de la prisión política, la protesta sigue. Los primeros días después del estallido la gente gritaba algo muy lindo, decía: “Se acabaron los esclavos”. Como si fuera una determinación del pueblo chileno que se lleva adelante con leyes represivas, con militares, con lo que sea. Porque aquí se está jugando algo histórico. Chile es el experimento de los norteamericanos en su política neoliberal. En otros países se intentaron, pero no se logró hacer de manera tan tajante como fue en Chile. Nuestro país fue el primero que sufrió las reformas neoliberales en América Latina, las más drásticas. “Los jaguares latinoamericanos”, nos decían, ¡puras mentiras! Las reformas neoliberales han llevado a que Chile sea unos de los países más desiguales de América Latina. Son políticas que llevan, ineludiblemente, al trabajo precario, al abuso, a la acumulación de capital y de poder en pocas personas. Si nosotros, como pueblo, estamos rompiendo esas cadenas, es un mensaje muy fuerte para lo que pase en el resto de América Latina. Porque no hay otro camino, como suele decirse: “mientras haya miseria, va a haber rebelión”.
Otro elemento de esta maquinaria represiva son los servicio de inteligencia, ¿qué rol jugaron durante la revuelta?
Los equipos de inteligencia en Chile están absolutamente desprestigiados, sobre todo el de Carabineros. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado al montaje, tal como ya se comprobó en muchos casos, incluso hay gente condenada por eso. El último y más conocido caso de montaje por parte de Carabineros fue la Operación Huracán, hecha a fines el 2017 para detener a comuneros mapuches de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Yo fui abogado defensor en esa causa, en el control de detención. Ahí derechamente se implantaron pruebas, se crearon mensajes de WhatsApp que nunca existieron. Uno de los acusados de mandar mensajes ni siquiera tenía la aplicación en su teléfono. Esa es una muestra de cómo actúan los servicios de inteligencia en Chile, que están acostumbrados al montaje y están acostumbrados también a la lógica del enemigo interno. Y eso es en parte se debe a que en nuestro país nunca hubo una justicia real en materia de todo lo que pasó en derechos humanos durante la dictadura. En Chile, si bien se han condenado a algunas personas, solo ha sido a los cuerpos más brutales y represivos del ejército y de las fuerzas policiales. Pero, la mayoría, quedó sin responsabilidad alguna. Entonces, lo que no se hizo antes, rebota hoy día.
¿Cuál es la influencia de la acción directa o la insurgencia en la revuelta y de las luchas del pasado?
Hay pedazos de la tradición insurgente en la revuelta de octubre del ‘19. Hay una memoria social muy fuerte, sobre todo en las poblaciones. Pienso en La Pincoya, que es una población emblemática de resistencia. Cuando se produce la crisis –el día 18 de octubre–, al día siguiente se activa una Asamblea Popular de La Pincoya y arman las ollas comunes. ¿Qué son las ollas comunes? Son un espacio de resistencia en los pobladores donde almuerzan, se dan la comida en conjunto para afrontar los momentos de crisis. Entonces hay una memoria de la resistencia popular. Y esa memoria de la resistencia popular es una combinación de experiencia militante en distintos niveles. Desde el ayudista de una organización revolucionaria hasta el militante activo. La milicia es una tradición muy larga.
En Chile se produjo un quiebre histórico en el año ´83, que fue el de la Juventud Combatiente. Por eso existe el día del Joven y la Joven Combatiente, que es el 29 de marzo. Y eso nunca paró: hoy día el 29 de marzo es un día de combate; un escenario de combate, principalmente, de la juventud popular. Una juventud popular que recuerda a los hermanos Vergara Toledo, pero que es una continuidad en la historia. Luisa Toledo –que es la mamá de los chiquillos, que todavía está viva y es una tremenda mujer– siempre dice: “El 29 ya no son mis hijos, también son Matías Catrileo, asesinado en el año 2008, Alex Lemun, asesinado en 2002, y un montón de gente más”. Hay una memoria de la resistencia, y en eso un poco hay la influencia de lo que es la subversión en aquellos años.
Actualmente ese mundo popular resistente es algo mucho más heterogéneo, con nuevos aprendizajes que vienen del mundo indígena, del mundo feminista, anarquista, marxista. Hay un cúmulo de experiencias muy ricas que tienen que ver con la memoria de la lucha insurgente en Chile. Incluso, si hoy uno mira la primera línea, no solo se ve mucha capacidad de combate, sino también mucha capacidad de organización y mucha inteligencia a la hora de distribuir roles. Es una memoria histórica de las juventudes populares que se activa. Hay una memoria fuerte que trasciende varias generaciones.
Otro ejemplo: cuando asesinaron a Camilo Catrillanca, en noviembre de 2018, Santiago se incendió. Fue un escenario de combate muy fuerte, se quemaron micros. Fue la advertencia que la burguesía no acogió. El movimiento popular le dijo a la burguesía: “Ojo que nosotros sabemos pelear y que estamos dispuestos a todo”. No escucharon y un año más tarde, todo estalló. Hay una memoria muy fuerte de esas luchas, de esos escenarios de resistencia. El 2011 también fue un escenario de confrontación muy fuerte. El 2006, también. Y desde el ’98 en adelante, el pueblo mapuche no ha parado de luchar por la recuperación de sus tierras, de sus fundos; y por el ejercicio de la autonomía. Es una dinámica en la que no se gana con elecciones, sino con la acción directa.
Dicho esto, no creo que la acción directa, incluso la violencia, sea una opción que el pueblo chileno haya tomado; no es que sea un pueblo per se violento. A nadie le gusta eso. Pero acá el Estado neoliberal nunca ha querido ceder una coma de sus privilegios. Ninguna coma estas siete familias que gobiernan a Chile. Entonces por eso han también dado el escenario para que el pueblo entienda que la forma de conquistar derechos es con la insurgencia. Y por eso el movimiento popular hoy día en Chile goza de tan buena salud . Porque tiene claro quiénes son sus enemigos y quiénes son sus amigos.
Y en términos sindicales, ¿hay alguna expresión más combativa, más radical que la CUT, que pueda ser una fuerza con peso?
La CUT responde a los partidos tradicionales de la izquierda en Chile (el Partido Comunista y el Partido Socialista), que tienen un nivel de incidencia bajísimo en este movimiento social y popular muy heterogéneo, que incluye a trabajadores y trabajadoras precarizadas, cesantes, estudiantes. Y la incidencia de la CUT sobre ese mundo es casi nula, más bien ha estado bastante al margen de todo este proceso, no ha tenido ningún protagonismo. Al mismo tiempo, hay otras expresiones sindicales que intentan buscar una nuevas formas. La Central Clasista de Trabajadores y Trabajadoras es un ejemplo, pero todavía es bien tenue. Algo similar pasó con el proceso de rebelión de los años ’80, en el que tampoco tuvo mucho protagonismo el sindicalismo.
Porque las organizaciones sindicales suelen están amarradas a cierta legalidad que en estos procesos insurgentes no siempre te acomoda. O sea, para poder desplegar una política más confrontacional, se necesita no estar amarrado por toda una serie de intereses vinculados al status quo. Y lo mismo sucede con muchos de los partidos políticos de izquierda. Cuando Rosa Luxemburgo oponía “reforma” a “revolución”, suponía que había condiciones para ser reformista, para hacer reformas sociales en el capitalismo. Pero acá, en Chile, el reformismo se acabó con Salvador Allende. Luego del golpe, las fuerzas políticas e institucionales han girado más en sintonía con un Estado neoliberal. El Partido Socialista, por ejemplo, es un partido que tiene acciones en las autopistas. Y tiene un montón de intereses en común con los sectores privilegiados de este país. El Partido Comunista ha tenido una base social más popular, pero su estrategia política es horrible y termina convalidando y legitimando el Chile neoliberal que predomina desde la dictadura. Estos sectores progresistas fueron completamente cooptados por los sectores dominantes. Lo que permite entender por qué el estallido en Chile tuvo estas características un poco insurreccionales o de sublevación: porque se vació el camino reformista.
Y se vació por la potencia de la revolución neoliberal en los años ´80. Pero también se vació porque los sectores de izquierda decidieron optar por buscar puestitos muy chiquititos en el Parlamento para terminar siendo meros títeres del poder económico. Por eso hoy día todos los impugnan. Algo muy parecido pasó con el Frente Amplio. El punto es que no se legitimó, después de Salvador Allende, alguna vía institucional en Chile como para hacer reformas. Y eso es muy característico de lo que pasa hoy día. Y no digo en términos ideológicos, sino bien concretos: legislaciones que mejores la educación o la salud, o que regulen la estafa que son las AFP.
Hay una tradición anarquista en Chile como también hay una tradición marxista revolucionaria que no se ha ido por los caminos institucionales. A mi me interesa especialmente esa la tradición rojinegra, la tradición mirista en Chile. Y el mirismo plantea el tema del poder popular. Y el poder popular se parece mucho al lenguaje anarquista, en el sentido de que ve el protagonismo del pueblo, en sus organizaciones de base, y lo ve como uno de los elementos centrales dentro de su estrategia política revolucionaria. El mirismo, el lautarismo, incluso el anarquismo, confluyen en este momento. No hay una dirección del movimiento popular en Chile, no hay un grupo que pueda adjudicarse jamás este proceso. Son varios grupos que están confluyendo acá que están de acuerdo con una idea central: no es el Estado el que va a solucionar los problemas, el proyecto político hay que abordarlo desde otra forma. Por eso existen asambleas populares tan fuertes. Quines nos inscribimos en una tradición más rojinegra creemos que ese es el camino para el ejercicio del poder popular. O el doble poder, como planteo el Roby Santucho en algún momento para la Argentina. Varios de nosotros somos admiradores de Santucho y lo que fue el experimento del PRT y el ERP. El PRT además era hermano del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile. Miguel Enríquez se escribía mucho con Santucho y eran parte también de la Junta Revolucionaria del Cono Sur -algo así creo que se llamaba- que respondía también a distintas organizaciones. Entonces esa tradición marxista es una tradición que también confió en el protagonismo del pueblo. Y ahí hay dinámicas que existen y que hoy día también confluyen con sectores anarquistas y otros más.
Una tradición, en ese sentido, la encarna hoy el movimiento feminista en Chile, que ha sido fundamental en todo este proceso. No solamente porque ha permitido cuestionar a la misma izquierda, sino porque sus demandas son absolutamente justas y chocan con este modelo. Un modelo que precariza a todo el mundo, pero que en el caso de las mujeres las precariza dos veces. Y de maneras más brutales. ¿Quién puede estar en desacuerdo con esto?
Entonces, la fuerza del movimiento feminista es muy importante. Pienso en Las Tesis, para mencionar a un grupo que apareció e impulsó la revuelta. “El violador eres tú”, impugna la masculinidad, pero remite al himno de Carabineros. He hicieron miles de cosas que no han salido en la prensa, pero que fueron muy significativas. Por ejemplo cuando rodearon la comisaría de Villa Francia. La comisaría de Villa Francia está acostumbrada a pelear en escenarios duros, porque ahí es donde vive una de las poblaciones más combativas de Chile. Ahí se hizo un acto feminista de Las Tesis, hicieron su presentación rodeando la comisaría. Los otros pacos estaban adentro, cobardes, ni salieron. Estaba Luisa Toledo, también, ella vivió en Villa Francia toda su vida. Y lo mismo se repitió en otras partes, en muchas poblaciones.
[1] Entre otros casos, Nicolás Toro fue uno de los abogados de los ocho comuneros mapuches imputados por el delito de «asociación ilícita terrorista», la famosamente montada «Operación Huracán» (causa de que fueron sobreseídos los comuneros e imputados los carabineros por la implantación de pruebas falsas). Es, también, el abogado defensor del último preso político que queda del ciclo de luchas contra la dictadura, Mauricio Hernández Norambuena, el “comandante Ramiro”, del Frente Patriótico Manuel Rodriguez (FPMR). Y también representó a los ex voceros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Ayelén Salgado y Víctor Chanfreau en la querella por las amenazas de muerte recibidas.